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Por Alejandra Dandan  El número de cuenta es 2141. La cifra aparece en cada página de la Tesorería General bonaerense a las que tuvo acceso Página/12. El 2141 es el expediente de la Secretaría de Asistencia y Prevención de las Adicciones, a cargo de Juan Alberto Yaría. Los registros de la Tesorería integran ahora la causa abierta en la Justicia penal por una denuncia de la diputada bonaerense Patricia Panzoni. De acuerdo con esos informes, Yaría destina 45 por ciento de su presupuesto anual a la Universidad de Salvador (USAL): en el �99 esa partida fue de 7.520.979 pesos, una partida mayor a la que recibe anualmente toda la Universidad de Humanidades de La Plata. Pero el giro de dinero tiene una curiosa vuelta. A partir de un decreto del �93, un sector del Salvador trabaja para la secretaría. Esa área es el Instituto de Prevención de la Drogadependencia, también dirigido por Yaría. La USAL, además, es el único auditor habilitado para controlar los institutos que dependen de la secretaría. Entre ellos figura Gradiva, la fundación controlada por una SRL cuya presidencia aún ejerce Yaría.Hay un rompecabezas por partida triple: en cada uno de los tres soportes está Juan Alberto Yaría. Así, la Universidad del Salvador, Gradiva y la Secretaría de Prevención y Asistencia son los órganos del tríptico vinculado con el funcionario. Gradiva fue denunciada en 1998 por supuesta sobremedicación y malos tratos a los menores internados. La causa se originó por una investigación hecha de oficio por la jueza de Menores de La Plata, Irma Lima, a raíz de una denuncia anónima. En aquella época, Página/12 difundió denuncias por malos tratos a menores, indicios de sobremedicación y confinación a celdas de hacinamiento. A estos datos, la jueza incorporó dos informes de la autoría del Consejo del Menor Provincial con idénticos resultados. Este fue el disparador de la causa que ahora tiene el juez penal Emir Caputo Tártara, del Juzgado Nº 13 de La Plata. Lima formalizó una resolución por la cual pidió la investigación penal del funcionario. En ese juzgado confluyeron otras dos denuncias. Una, investigada por Panzoni y presentada por todo el bloque de diputados radicales. Y otra, del senador Eduardo Sigal, presentada a partir de la publicación del informe en este diario. Así, mientras se iniciaba el proceso se operaban ya algunos cambios: distintos jueces de menores bonaerenses, entre ellos Lima, y el Consejo del Menor dejaron de mandar chicos tutelados a Gradiva. Pero esa desvinculación generó un beneficio: Gradiva ya no recibe auditores externos desde el Consejo para los controles. Las auditorías las hace la Universidad del Salvador a través del instituto dirigido por Yaría. Esta es una de las denuncias que hizo la diputada Panzoni y sobre la que trabaja la Justicia. �En una entrevista hecha a Yaría �indica la diputada a Página/12� por la Comisión de Asistencia a las Adicciones, el funcionario precisó el criterio por el que se otorgaban los subsidios a fundaciones como la suya.� Ese criterio, según la diputada, es la �capacidad de retención y no de rehabilitación que tienen las entidades�. En esta lógica, �la posibilidad de sobremedicación extendería la permanencia de chicos �agrega Panzoni� por quienes la secretaría continúa pagando una beca mensual�. Desde el 1/1/99 al 31/12, Gradiva recibió 392.880 pesos de la secretaría. Pero existe una paradoja: aunque Yaría se desvinculó de la Fundación Gradiva, no lo hizo de Gradiva SRL. Fundación y SRL funcionan en el mismo espacio y dirección legal, aseguraron a este diario Panzoni y la jueza Lima. Cuando estalló el escándalo en el �98, Juan Alberto Yaría le había dicho a este diario que no pertenecía más a la fundación. De acuerdo con aquella declaración, se había separado en el �93 cuando un decreto de Eduardo Duhalde creó la secretaría que dirige hoy. Sin embargo, en el directoriode la SRL su nombre continúa presente. Y junto al suyo el de Miguel Angel Bianucci: director general, actual, de la fundación. Bianucci fue el cofundador en 1974 de la SRL, a la cual pertenecían, y siguen haciéndolo, Mirta Guaraglia �la mujer de Yaría� y su hijo, Leandro. Otro de los cuatro cuerpos del expediente, en manos de Caputo Tártara, investiga el supuesto desvío de fondos desde la Secretaría a la Universidad del Salvador. La cuenta Yaría del gobierno de la provincia de Buenos Aires es la número 2141. El funcionario dispone anualmente de una partida que ronda los 23 millones de dólares. En el �99, el 45 por ciento de ese presupuesto fue a la Universidad del Salvador. En esa institución, Yaría fundó �y ahora es uno de los directivos� del Instituto de Prevención de la Drogadependencia. La relación USAL y gobierno bonaerense se formalizó en el �93, a través del Decreto 2618 del 6 julio. El convenio puso en marcha el programa Formación de Formadores: 10 mil líderes para el cambio, que estaría monitoreado por Yaría. Así, Eduardo Duhalde, entonces gobernador, incorporó al plantel provincial �una estructura a la medida de Yaría -explica Panzoni� que ya venía trabajando en El Salvador�. El dato no es arbitrario. De acuerdo con distintas versiones, desde la década del �70 la congregación franciscana que controlaba la universidad dejó su lugar a la fracción justicialista conocida como �puerta de hierro�, la vieja derecha del partido. Así, sostenido primero por Duhalde, Yaría consiguió atravesar el cambio de gobierno manteniendo idéntico puesto, presupuesto y mejores atribuciones con Carlos Ruckauf. Ese convenio significó el compromiso de una transacción económica. De acuerdo con las partidas de Tesorería reproducidas por este diario, el presupuesto destinado a la USAL se mantiene constante desde el �97. La cuenta 2004 de la Universidad del Salvador recibió ese año 9.525.848,43 pesos. El año pasado, a esa cuenta ingresaron 7.520,979,04 pesos. Los nomencladores registran: 5.870.979,04 destinados a servicios técnicos y profesionales; 137.500,00 en premios; 127.500 a ayudas sociales a personas y 1.375.000,00 como trasferencias a otras instituciones. Para este año, las perspectivas parecen mantenerse. La USAL recibió en febrero 688.567 pesos y, en marzo y abril, obtuvo algo más de 500 mil cada mes. El total facturado hasta el 10 de abril fue de 1.776.540,30. La hermana menor del paquete, Gradiva, recibió este año 61.816 pesos. Para medir esos valores existe un referente: la Universidad de Humanidades de La Plata �tomada como muestra por Panzoni� maneja un presupuesto anual de 5.027.000 pesos. Con la partida debe mantener a 15 mil alumnos, 1500 docentes, las carreras y la infraestructura. Con el presupuesto que recibe, la USAL controla periódicamente, entre otros aspectos, también a Gradiva. Esos controles los hacen auditores que, de acuerdo con la diputada, siguen respondiendo a Yaría a través de su relación actual y directa con el Instituto de Prevención de la Drogadependencia del Salvador. Aunque Yaría asegura que cuando asumió como funcionario público dejó su cargo, este diario se comunicó a la universidad y pidió por el director de la carrera de Posgrado del instituto: �El doctor Yaría no está�, respondieron.
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