Página/12

El Ministerio del Interior maneja información de que en San Miguel, el municipio gobernado por Aldo Rico, hay carapintadas de vieja data recorriendo las barriadas más pobres llamando a los saqueos. No está claro a quiénes responden estos �organizadores�, aunque todos coinciden en que son punteros del riquismo de pasado carapintada. En los alrededores de Rico, por supuesto, niegan que sean hombres propios y cuentan que el jefe de la rebelión de Semana Santa se ha quejado en privado por la existencia de estos movimientos levantiscos. El Gobierno cree que se trata de militantes enfrentados al ex carapintada. Los gremios y los concejales aliancistas de San Miguel, en cambio, aseguran que son tropas fieles al ex teniente coronel.
La operación puesta en marcha por estos organizadores �que no pertenecen a los barrios donde realizan su tarea de �convencimiento�� preocupa particularmente al gobierno nacional: en primer lugar, cualquier episodio con alguna semejanza a los ocurridos en el �89 sellaría a fuego el estigma que carga la historia del radicalismo; en segundo término, tributaría a tensionar el ambiente �de por sí cargado� de descontento en vastos sectores sociales, entre ellos los que realizarán la marcha contra el ajuste en ciernes y el FMI el próximo miércoles, y en una de las zonas más carenciadas del país.
�Es cierto, sabemos que hay gente moviéndose para hacer saqueos�, confirmó el viernes una altísima fuente de Interior a Página/12. El funcionario consultado puntualizó que la información de inteligencia que llegó al área señala a los provocadores como �ex carapintadas, gente del palo de Rico pero que en esto no le responden�. Por otro lado, este diario pudo establecer que hace tres días Rico puso al tanto del tema a sus pares de José C. Paz, Mario Ishii, y de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, en una jornada de consulta sobre temas de participación, empleo y medio ambiente. �Hay activistas que andan con ganas de provocar levantamientos�, lo escuchó decir al intendente de San Miguel uno de los asistentes a esa reunión.
La advertencia sobre los movimientos para reproducir los estallidos sociales de la hiperinflación del �89 llegó al Gobierno hace 15 días, pero en las tierras de Rico esa actividad es conocida desde hace por lo menos un mes.
La actividad de los riquistas hace centro en San Miguel Oeste, uno de los focos críticos del partido. Fuentes gremiales de la localidad dijeron a este diario que los primeros rumores sobre el llamado a los levantamientos se filtraron desde el edificio municipal hace casi un mes. �Entonces pedimos a los compañeros que pararan la oreja en los barrios y así confirmamos que en Villa Mitre y Santa Brígida, es decir en la zona lindante con el partido de Moreno, están trabajando con un discurso muy claro. Le dicen a la gente que con los radicales siempre pasa lo mismo y hay que volver a entrar a los negocios.� Uno de los dirigentes sindicales agregó que, según la información reunida, el plan no parece ser asaltar supermercados sino pequeños comercios.
El concejal Ramón Galeano (del Frepaso) vive en la zona en cuestión hace más de 30 años, específicamente frente a la Villa Mitre, que fue el corazón de los saqueos en el �89. �Los vecinos vienen a plantearnos que están con miedo porque se están organizando saqueos hacia los comercios más chicos�, relató a Página/12. �Incluso algunos punteros del PJ mostraron la misma preocupación. Entre los agitadores nos mencionan a conocidos matones del riquismo que tuvieron actuación en la toma del hospital Larcade y en las barras del Concejo Deliberante, pero no podemos denunciarlos con nombre y apellido porque es muy difícil conseguir una prueba contundente. Obviamente, no es gente que se mueva abiertamente y lograr que la gente más desprotegida se anime a señalarlos es muy complicado�, dijo.
Galeano relató además que, hace quince días, entre los punteros de Santa Brígida la inminencia de los saqueos se daba por sentada, �pero parece que después lo postergaron por las inundaciones�. El concejal planteó en esos días su preocupación al partido, �pero lamentablemente �dijo� en algunos niveles no tuvimos ningún eco�.
A nadie escapa que en la zona existe una realidad durísima sobre la que se monta el trabajo de los organizadores de los saqueos. San Miguel Oeste es tierra ganada por la pobreza y la desatención del Estado, con índices de desocupación que trepan casi al 20 por ciento y 4 de cada diez personas tienen serios problemas de empleo (ver aparte). �En Villa Mitre y Santa Brígida hay zonas donde ser NBI es un lujo�, definen los que caminan ambos barrios. NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es el término reservado en las estadísticas a aquellos hogares con condiciones de hacinamiento, sin baño o con chicos menores expulsados del sistema escolar. Para colmo de males, toda la zona acaba de ser castigada por las últimas inundaciones. En Villa Mitre, por ejemplo, la sudestada voló los techos de las casas y las dejó bajo medio metro de agua.
En el Ministerio del Interior subrayaron que los activistas que están llamando a los saqueos no tienen nada que ver con los vecinos que cortaron la ruta la semana pasada para pedir alimentos y auxilio para que alguien le sacara el agua de sus barrios. �La información concreta es que se trata de ex Modín que rompieron con Rico�, remarcan allí. Pero no todos piensan lo mismo.
Galeano puso en palabras lo que otros de sus compañeros de bancada cuentan en riguroso off de record: �Acá las sospechas están centradas en matones que responden a Rico y quienes suponen que el riquismo tiene fracturas internas se equivoca. Acá no hay sectores opuestos a Rico, todo el PJ en San Miguel está subordinado a él�.
En la misma línea se enmarca la información que manejan los sindicalistas locales. �Es obvio que Rico no va a impulsar ningún corte de ruta porque no los puede dominar�, razonó un importante dirigente gremial con años de trabajo en las barriadas de San Miguel. �En los cortes de ruta la gente discute y se organiza. Pero los saqueos son otra cosa: todo se dispara y se vuelve inmanejable y los servicios pueden actuar fácilmente. Y en este contexto, que el intendente aparezca en primera plana repartiendo alimentos es el mejor de los golpes de efecto posibles.�
El intendente no pudo ser ubicado por este diario. Pero quienes lo escucharon en su reunión con los jefes comunales de Malvinas y José C. Paz aseguran que hay sectores que se le están escapando de las manos al carapintada. �¿Quiénes?�, preguntó este diario. �Por lo que sabemos, gente del palo. Tal vez los mismos que hicieron experiencia en mayo del �89�.

San Miguel es tierra fértil; no para el trabajo y la prosperidad, sino para operadores que incitan a los saqueos, como los que el Ministerio del Interior asegura haber detectado en la zona. Se trata de uno de los distritos más castigados del conurbano bonaerense, en el cual cuatro de cada diez personas viven por debajo de la línea de pobreza. Igual proporción de los habitantes económicamente activos tiene problemas serios de empleo y, de los que trabajan, casi la mitad no gana más de 400 pesos al mes y no tiene ningún tipo de cobertura social porque lo hacen en negro.
Las características socioeconómicas de San Miguel son similares a las de varios distritos del Gran Buenos Aires. De hecho integra el lote de las comunas del conurbano más postergadas y con más carencias sociales. Comparte ese grupo con Florencio Varela, Esteban Echeverría, Merlo, Moreno, San Fernando, Tigre, Ezeiza, José C. Paz, Malvinas Argentinas y La Matanza interior (nombre que se le da a la zona de ese partido no limítrofe con la Capital Federal).
La consultora Equis fue una de las últimas que se detuvo en el estudio de San Miguel. Según un estudio sobre la situación social a octubre del �99 �que realizó sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC�, el distrito tenía entonces 260.149 habitantes. El 40,2 por ciento de la población de San Miguel vive por debajo de la línea de pobreza, esto es, 104.580 habitantes conviven en hogares cuyos ingresos sumados, para el caso de un hogar tipo de 4 personas, no superan los 490 pesos mensuales; entre ellos se cuentan 36.000 menores de 14 años, que representan el 57,7 por ciento de los menores residentes en el distrito.
El 10,8 por ciento de las personas que viven en San Miguel son directamente indigentes, es decir que no logran siquiera acceder a una canasta familiar básica que garantice el aporte calórico mínimo necesario para realizar movimientos moderados, valuada en 240 pesos mensuales para un hogar tipo. En esa situación hay 10.500 niños.
El estudio realizado por la consultora que dirige el sociólogo Artemio López refleja el paralelo entre la desocupación y la pobreza. El 44,4 por ciento de la población de San Miguel (115.506 personas) está en condiciones de trabajar, aunque son muchos los que no consiguen dónde hacerlo: la desocupación es del 19,4 por ciento (22.408 desempleados, de los cuales 7000 son jefes de familia) y supera el 16,1 por ciento de promedio del conurbano; el subempleo llega al 19,9 por ciento (22.985 residentes realizan changas y trabajan menos de 35 horas semanales). O sea, el 39,3 por ciento de la población económicamente activa tiene serios problemas de empleo.
Entre los empleados, el trabajo en negro es moneda corriente. El 47,3 por ciento son asalariados informales que en promedio ganan 40 por ciento menos que sus pares formales y no poseen cobertura de salud ni previsional. La mitad de los que trabajan gana menos de 400 pesos al mes y el 20 por ciento que menos gana recibe salarios promedio de 175 pesos mensuales.

El gabinete se reunió ayer en Olivos durante diez horas. Definieron que el anuncio del ajuste será mañana, pero aún el paquete final no está cerrado. De la Rúa y sus ministros evaluaban el cobro de los cánones vencidos que adeudan varias empresas de servicios privatizados. Algunas rispideces.
Fernando de la Rúa reunió ayer en Olivos a todo su gabinete y los puso a trabajar hasta las 22. Un grupo reducido se quedó con él luego de la partida de varios ministros. Hoy sigue la reunión.

No fue el viernes. Tampoco ayer a las 15, ni siquiera unas horas más tarde. Para hoy ya quedó descartado y, ahora, la demorada cita se fijó para mañana a las 12. El ajuste que el Gobierno viene cocinando con la hornalla a mínimo tiene nueva fecha de anuncio y un contenido diversificado, con algunas medidas de corte más social que nivelen las de recorte. Tras una maratónica reunión de gabinete en Olivos que se extendió durante diez horas, y que un grupo reducido continuó hasta pasadas la diez de la noche, el paquete tomó su forma casi definitiva, según contó uno de los participantes del cónclave. Entre los ministros hubo rispideces por la reasignación de partidas que seguirá a la poda. Y uno de los temas que ingresó en la agenda sería la forma de obligar a las empresas de servicios privatizados a que paguen los cánones que adeudan, como para demostrar que la poda no tiene sectores privilegiados.
El Gobierno ya había adelantado que por no detallados motivos �técnicos� era muy probable que el anuncio del ajuste debiera ser postergado. Como el recorte está pensado como señal hacia los mercados, en las cercanías de Fernando de la Rúa querían que el lunes abriera la Bolsa con la poda en los diarios, pero los hombres de Economía no harán a tiempo. La solución fue anticipar que mañana al mediodía se difundirán las medidas en formato aún a determinar. Si logran armar un paquete lo suficientemente digerible es probable que del acto de presentación participe el Gobierno a pleno.
Uno de los motivos de las repetidas demoras al anuncio es la proverbial manía de De la Rúa de revisar personalmente los detalles de cada medida en cualquier área, acentuada en este caso por la probabilidad de que una falla legal pueda derivar en una avalancha de juicios contra el Estado. �Quiere la certeza de que se esté realizando un trabajo pormenorizado de todas las medidas�, explicó el vocero Darío Lopérfido.
La reunión arrancó a las 9.30 con el gabinete completo. En la discusión, no todos se pusieron de acuerdo acerca de lo que podía recortarse en su ministerio y qué cosas sus colegas no estaban dispuestos a ceder. �No hubo controversias irreconciliables, aunque sí matices diferenciados�, resumió la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide.
Es que al ajuste seguirá una nueva distribución de los recursos presupuestados (ver páginas 4 y 5) y, en el tironeo por la reasignación, cada ministro tira para su lado. �Buscamos un saneamiento equitativo�, aseguró Graciela, que integró el lote de funcionarios que se retiraron de Olivos poco antes de las 20 junto al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo.
Un grupo restante en el que estaban, entre otros, el vicepresidente Carlos �Chacho� Alvarez, el ministro del Interior, Federico Storani, el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, el secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, y la interventora del PAMI, Cecilia Felgueras, se quedó. Algunos salieron a adelantarles a sus choferes, que los esperaban, que no se irían antes de la medianoche.
Según contó un ministro en uno de los contados momentos de esparcimiento, uno de los puntos que el ala �política� pugna por colar en el anuncio será un proyecto para obligar a las empresas de servicios privatizadas a pagar los cánones que le deben abonar al Estado. El tema viene generando controversias dentro de la Alianza, sobre todo entre los dirigentes que pugnan por que el nuevo ajuste no se remita a una serie de medidas de recorte sino que tenga también su costado �esperanzador� hacia el electorado. De acuerdo a sus cálculos, lo que deben en concepto de canon los concesionarios del aeropuerto, del correo y de los trenes de cargo suma 200 millones de pesos.
Finalmente, el grupo selecto no se quedó a cenar y se fue de la quinta poco después de las 10 de la noche. Hoy las reuniones continuarán, mientras que el equipo de Economía seguirá en contacto permanente. Todo sea por cumplir con la meta el lunes sí o sí y que los inversores no sigan nerviosos, como asegura De Santibañes.

El supuesto recorte de 100 millones de pesos del presupuesto universitario �que estaría contenido dentro del paquete de medidas económicas que el Gobierno dará a conocer mañana a las 12� tiene en vilo a autoridades, docentes y estudiantes. El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Oscar Shuberoff calificó ayer como �disparate� la poda de fondos que afectaría a todas las universidades nacionales, además de advertir que esa medida sería �inconstitucional�. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en tanto, hizo escuchar sus críticas y declaró al gremio en estado de alerta en todo el país. Y la Federación Universitaria Argentina (FUA) adelantó que �la respuesta del movimiento estudiantil argentino� depende de los anuncios que hará mañana el gobierno nacional. Otro corte en el área educativa sería �inaceptable� porque muchas �universidades quedarían al borde del colapso, con la imposibilidad de terminar su ciclo lectivo�, denunció Manuel Terrades, presidente de la FUA.
En mayo de 1999, el gobierno de Carlos Menem anunció un recorte de 280 millones en el presupuesto de todas las universidades nacionales. La respuesta de Shuberoff no se hizo esperar. A través de los medios, informó que la UBA que lidera cerraría sus puertas en octubre de ese año. De esa manera, inició una polémica que terminó impidiendo la iniciativa oficial. A un año de aquel episodio, Shuberoff volvió a salir al ruedo para defender los fondos de las casas de estudios. El rector confía �en la promesa del presidente� Fernando de la Rúa. �Hay una promesa presidencial de no tocar el presupuesto de las universidades y yo creo en ella�, destacó. Además, recordó que el dinero que maneja la UBA �296 millones de pesos� �ya está en el límite� de lo necesario para funcionar. Y, al final, diferenció la gestión actual de la anterior con una afirmación tajante. �Este no es el gobierno de Menem, por lo tanto no es capaz de cometer ilegalidades�, manifestó optimista.
Desde Catamarca, donde sesionó la mesa ejecutiva de la Conadu, José Luis Molina, secretario del gremio, se quejó porque �se siguen recortando los derechos laborales y salariales de los trabajadores�. �Rechazamos todo tipo de iniciativa de profundización de un modelo de exclusión que margina salvajemente a miles de argentinos�, enfatizó. Hace diez días los rectores de las universidades nacionales de San Luis, San Juan, Río Cuarto, Villa María, La Rioja y Cuyo se opusieron a cualquier recorte a los presupuestos de sus casas de estudios.