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EL RACISMO EN EL CASO DE LOS CARDALES
El gusto de odiar

Para el fiscal es claro: "empezaron robando y le sintieron el gusto al odio". Los ataques a los bolivianos como rasgo de xenofobia.


Por Marta Dillon
t.gif (862 bytes) Tal vez lo más llamativo sea la falta de sorpresa. Ni el fiscal Juan José Maraggi, ni los dos suboficiales del destacamento de Los Cardales que realizaron las primeras detenciones, parecen sorprendidos porque un grupo de asaltantes, encapuchados y bien armados, que necesitaron tres autos para desplazarse a campo traviesa, un mínimo de inteligencia para saber encontrar a las víctimas y una buena dosis de sangre fría para tomarse más de dos horas torturando a gente desarmada, se hayan llevado como botín sólo 3 mil pesos y un montón de colchas tejidas. ¿Por qué tanto trabajo para tan magro botín? ¿Por qué llevarse los anillos de sello plateado de los hombres, la ropa de cama de las mujeres, los juguetes de los chicos? ¿Por qué detenerse a pasarles corriente eléctrica por los genitales, a pegarles con cables hasta convertir la piel en un enjambre de cicatrices, a treinta personas indefensas que ya habían entregado todo lo que tenían? El fiscal tiene una hipótesis: "Empezaron robando y le sintieron el gusto al odio a los bolivianos".

  Es un gusto particular pero no privado: son varias las voces que avalan la xenofobia --desde el periodista Daniel Hadad hasta un discurso oficial que no fue desarticulado todavía-- y según el mismo fiscal "amparado por cierta indiferencia, ya que todos sabemos que los intendentes se preocupan mucho por los robos a los estancieros pero nunca dijeron una palabra sobre las vejaciones que sufren los bolivianos".

  El hecho de Los Cardales, por el que hasta el momento siete personas fueron detenidas, es el último de una serie de atentados a familias bolivianas que cultivan quintas en la zona de Escobar y Campana perpetrados en los últimos cuarenta días con características similares (ver página 14). Pero la violencia contra inmigrantes de origen boliviano tienen antecedentes de larga data: el año pasado se registró la primera muerte a causa de "la persistencia de la discriminación", como denominó el último estudio sobre Derechos Humanos publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a uno de los tres problemas que arman el marco de la persecución que sufren los inmigrantes de países limítrofes, los más desprotegidos.

  "No pudimos identificar al culpable, pero sí reconstruir el hecho en base a testimonios de vecinos: el muchacho asesinado, boliviano, era obligado a pagar un peaje de 50 centavos cada vez que pasaba por la única calle que conducía a su domicilio. Un día no pagó, en este grupito alguien terminó de desenterrar un poste de luz y le aplastó el cráneo", cuenta el fiscal Maraggi, que actuó en la causa que todavía no fue cerrada. Todos lo vieron, nadie sabe quién fue. Pasó en Escobar, desde donde muchas familias de origen boliviano han sido expulsadas silenciosamente hacia las zonas más alejadas, esas quintas que se arriendan y donde el asfalto no llega.

Contradicciones

  "Somos policías, todo el mundo al piso y calladito que esto es un asalto." La frase parece incongruente, pero Rómulo Carrizo dice que está seguro, que eso es lo que escuchó, una frase como un primer golpe de una seguidilla que lo dejó en terapia intensiva. Por alguna razón, el grupo que asaltó las tres quintas de Los Cardales se ensañó con Rómulo, un boliviano nativo, argentino por opción, que lleva diez de sus treinta años trabajando la tierra de este país. Rómulo se trasladó desde Escobar hacia Campana porque estaba harto de pagar peaje por pasar sin darse cuenta por la puerta de algún bar, harto de explicar que la plata él la gana trabajando. Desde una cama del hospital de Capilla del Señor, casi sin poder moverse de tanto golpe que le marcó el cuerpo, Carrizo cuenta que vive en la quinta "Alonso" desde hace un año, con sus tres hermanos y sus familias --tres sobrinos-- y que no entiende por qué lo torturaron tanto y por tanto tiempo. Fue él quien se decidió, "porque ya no daba más", a salir de las quintas que quedaron a oscuras cuando se fue el grupo de asaltantes. Salió con una camioneta que curiosamente no le robaron, empapado en sangre, atravesando el country club Cardales Village, para cortar camino y usar el único camino asfaltado de la zona. En el puesto de guardia fue detenido: no lo dejaron salir hasta que no llegó la policía, recién entonces el joven mereció atención médica.

  "Sabés qué pasa, que esta gente ahorra. ¡Si viven como perros! Todo lo que ganan se lo guardan y entonces les podés llegar a encontrar hasta diez mil pesos." El suboficial no quiere identificarse, no tiene autorización para opinar, pero no puede evitarlo. Es igual con Domingo Artusa, dueño de uno de los pocos comercios de Los Cardales, que abona las mismas fantasías. Parece que "los bolivianos" guardan grandes tesoros, que aunque sea a fuerza de trabajo, arrebatan a los locales. "¿Cómo puede ser que estos tipos tengan dólares y los argentinos no tengan trabajo?", dice Artusa. "Son como los gitanos, viven todos juntos y hasta comen perros para no gastar." Lo mismo repetirá el joven que atiende la estación de servicio de Cardales, y el encargado de la remisería de la ruta 6 y calle 23, desde el anonimato pero con ideas afines y copiando alguna de las diarias sentencias de Radio 10, la del empresario Daniel Hadad, uno de los medios ideólogos de la xenofobia. Que en Argentina no existe, pero que la hay la hay.

Portación de cara

  "Tengo 12 años en la Justicia --dice Maraggi-- y nunca tuve un detenido de origen boliviano." Una sentencia que tiende a limpiar una cancha bastante embarrada por la tierra que se ha ido echando sobre las comunidades de inmigrantes de países limítrofes. Tal vez alentada por el discurso que montó el anterior gobierno, culpando sin vueltas a los inmigrantes por la inseguridad y la desocupación, "la policía siempre nos está llevando". Javier Dávila, otra víctima del asalto de Los Cardales, conoce el mecanismo: "te dicen `cabeza` y dejan que te hagan cualquier cosa, sobre todo en Escobar. Ahí no se puede vivir". ¿Será por este temor que los asaltantes se presentaron como policías? "La gente tiene mucho miedo y yo también porque no sabemos qué nos va a pasar, si se van a querer vengar. Yo la plata la gano trabajando, ¿por qué no trabajan ellos también el campo?", dice Carrizo, avergonzado de un pánico que de a ratos lo hace balbucear.

  El fiscal trabaja con un marco que coincide con esta sensación: "Obviamente esto se trata de una organización pero no voy a decir que se arman sólo por cuestiones racistas. Creo que más bien se trata de oportunistas que encontraron víctimas dóciles que le temen tanto a la policía como a los ladrones y que les daban un marco de impunidad". Maraggi consiguió desbaratar la parte más visible de esa banda: seis hombres y una mujer que guardaban en sus casas restos de botines tan pobres como telúricos que incluían mantas típicas bolivianas, relojes de plástico y anillos de sello. Algunos de los detenidos viven en Moreno y en General Rodríguez, donde el miércoles a la noche una joven boliviana de 18 años fue muerta a golpes.

  El silencio de las víctimas no es lo único que amparó a los asaltantes organizados. También colabora con ellos esa desconfianza hacia "el otro" que promovió el gobernador bonaerense. Carlos Ruckauf supo remarcar que los inmigrantes "compiten deslealmente con el obrero argentino". Es lo que de alguna manera le hicieron creer a Carrizo mientras lo arrastraban por el piso con los genitales atados a un palo: "devolvenos la plata, negro de mierda, la plata que tenés ahorrada es de los argentinos".

 

El Inadi y la defensora

Para la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, los atacantes de los quinteros bolivianos son "un grupo de neonazis". La defensora se comunicó con el Inadi, hizo una denuncia y recibió garantías de Eugenio Zaffaroni, titular del instituto que combate la discriminación, de que hoy viajará a Los Cardales un representante del organismo para investigar la situación. Aunque su jurisdicción no llega a la provincia de Buenos Aires, Oliveira envió un comunicado a la defensora del Pueblo de Bolivia, Ana María Campero, explicándole su visión de los ataques. "La agresión podría ocultar un trasfondo de carácter económico," explicó la ombudsman, "porque es una zona rural y se piensa convertirla en el nuevo San Isidro", por lo que habría intereses de "algunos grupos para que ellos vendan las tierras". La defensoría porteña firmó recientemente un acuerdo con la oficina boliviana para ocuparse de los inmigrantes de ese país.

 

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