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El jueves 25 de mayo a las 11
de la mañana, Estela Nelly Cáceres, paraguaya, de 49 años, salió de su
casa en el Barrio Parque Pereyra, de Berazategui, para hacer unas compras,
pero no regresó. Así lo denunció su hijo de 19 años, Juan Ramón Cáceres,
en la comisaría local. El sábado a las cinco de la tarde, el cuerpo sin
vida de su madre fue encontrado a la altura del kilómetro 35,500 de la
Ruta 36, frente al Barrio El Caracolito de Florencio Varela. La asesinada
era viuda y tenía también otro hijo de 15 años.
El cadáver estaba "a unos
90 metros del camino, en una zona densamente poblada de vegetación y árboles,
desnuda, en posición decúbito dorsal", según el parte policial que
consigna su "contextura física robusta, cabellos rojizos y tez
trigueña"; el cuerpo "tenía los brazos entrelazados sobre su
cabeza y sus ropas de vestir sobre su cuerpo" y, "más alejado,
una prenda de ropa interior color azul".
La lengua afuera y mordida,
como ocurre en los ahorcamientos. En efecto, las pericias indicaron que ésa
fue la causa de la muerte. Los médicos forenses estimaron que el deceso
se produjo más de veinticuatro horas antes del hallazgo del cuerpo, y
establecieron que la mujer había sido violada.
Hace poco más de un año, a
cien metros de ese lugar, había aparecido el cadáver de Aurora Bejarano,
de 42 años, boliviana, violada y asesinada a golpes. Ayer, familiares de
Estela Cáceres vincularon ambos homicidios y recordaron que la mujer había
aportado datos a la policía sobre el asesinato de Aurora.
Respecto de la muerte de
Bejarano, hay cuatro imputados detenidos, cuyo juicio oral está próximo
a comenzar. En un primer momento los detenidos eran cinco, pero uno de
ellos, de cuya defensa se hizo cargo la defensora oficial de Quilmes, Sara
Peña Guzmán, quedó en libertad por falta de méritos.
Según dijo a Página/12 una
fuente judicial de Quilmes, ese acusado quedó libre porque "ninguno
de los testigos que había llevado la policía (de la provincia de Buenos
Aires) había declarado nada en realidad, y los otros acusados también
deberían haber quedado en libertad porque no tenían nada que ver".
Las dos asesinadas formaban
parte de los quinteros del Parque Pereyra Iraola: se trata de numerosas
familias de condición muy humilde que, en algunos casos desde hace varias
décadas, ocupan parcelas de tierras fiscales para dedicarlas a la
producción de frutas y hortalizas. Varias veces se intentó echarlos y el
año pasado, durante los últimos meses del gobierno de Eduardo Duhalde,
el entonces ministro de la Producción, Carlos Brown, encabezó una
ofensiva que condujo a una orden judicial de desalojo pero, ante la
resistencia de los quinteros, la medida no llegó a concretarse.
Ayer, Delia Cerdiuk, presidenta
de la Asociación Civil Parque Pereyra Iraola, denunció que a Cáceres la
mataron por su participación en los reclamos por la permanencia en las
tierras y los pedidos de esclarecimiento del crimen de Bejarano. "Yo
voy a ser la próxima", teme.
Vecinos de la asesinada
sostuvieron por su parte que el asesinato no pudo haber sido con motivos
de robo, ya que Estela Cáceres "no tenía dinero y la última
tormenta le había destruido los invernáculos". La ya citada fuente judicial vinculó ambos crímenes con el caso de "otra quintera boliviana que hizo una denuncia y ahora su hijo está preso: ella denunció que se cometían injusticias contra la gente de las quintas, especialmente los extranjeros, después de lo cual la policía detuvo a su hijo por un motivo que no es creíble".
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