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| Producción
de Raúl Dellatorre
1.
--¿A quiénes afecta el recorte de remuneraciones del sector público?
--A todos los que
cobren sueldos superiores a 1000 pesos mensuales a través de partidas del
Presupuesto Nacional, sean de la Administración Nacional o de organismos
autárquicos, en relación de dependencia o contratados, incluido el
personal de los poderes Legislativo y Judicial, las fuerzas de seguridad y
las Fuerzas Armadas. Son, en total, 140 mil agentes afectados, sobre 270
mil. Los restantes 130 mil están excluidos exclusivamente por tener
remuneraciones inferiores a los mil pesos. 2.
--¿Despedirán personal del Estado?
--No en forma
directa en esta etapa. Los organismos que sean sometidos a proceso de
reestructuración --como la agencia Télam o el SENASA-- no sufrirán una
directa disminución de personal, aunque es probable que en todos ellos se
abran listas de retiros voluntarios. Pero por otra parte, cada organismo o
repartición tendrá la facultad de reducir la cantidad de contratados
para compensar una menor reducción de remuneraciones. Desde noviembre a
la fecha, se produjo una reducción neta de 4500 contratados en la
Administración Nacional. En cambio, en organismos que se suprimen, como
la imprenta del Congreso, sus 800 empleados pasan a disponibilidad y si no
son reubicados en otras áreas, al año se los despide con indemnización.
3.
--¿A quién alcanza la reducción de jubilaciones de privilegio?
--En total, son 58
mil los jubilados por regímenes de privilegio que sufrirán recortes del
50 por ciento si son menores de 50 años, y del 33 por ciento si tienen
entre 50 y 60 años. En su gran mayoría (alrededor de 57 mil), son
beneficiarios de las ex cajas provinciales. Además, un millar de ex
funcionarios nacionales que cobran jubilaciones de privilegio serán
alcanzados por el recorte. 4.
--¿Cómo se conformará el fondo social para planes a acordar con los
gobiernos provinciales?
--Sobre las
transferencias automáticas a las provincias por coparticipación de
impuestos nacionales (unos 1350 millones de pesos mensuales), se retendría
el uno por ciento (13,5 millones). La Nación aportaría el equivalente a
la mitad del monto retenido a las provincias (6,25 millones), conformando
un fondo de unos 20 millones mensuales. El Ministerio del Interior comenzó
ayer a invitar a las provincias a iniciar conversaciones para acordar ese
mecanismo. 5.
--¿Cómo afectará a las obras sociales la reforma al sistema de salud?
--Se reducirá el
aporte que reciban de sus afiliados, aumentarán los fondos de
redistribución que administra la Superintendencia de Salud y deberán
competir, a partir del 1º de enero, con las empresas privadas que se
inscriban en el sistema. También cambia el sistema de compensación de
bajos aportes: hasta ahora, se les garantizaba 40 pesos por afiliado, de
modo que si el aporte (del empleado más el patronal) era inferior, la
Superintendencia le pagaba la diferencia. A partir del nuevo régimen, el
aporte garantizado pasa a ser de 20 pesos por beneficiario (titular más
los integrantes del grupo familiar a cargo), de modo tal que para un
afiliado con familia tipo a cargo le representaría a la obra social un
aporte mínimo de 80 pesos, aun cuando su sueldo fuera inferior a 1000
pesos. 6.
--¿Cómo se conformará el Fondo de Redistribución Solidario de la
Superintendencia de Salud?
--En el actual
sistema, se conforma con la retención del 10 por ciento de los aportes
que recibe la obra social. La reforma establece una escala progresiva de
retenciones a la O.S. de acuerdo al nivel salarial del afiliado: hasta 700
pesos, 10 por ciento; de 700 a 1500 pesos, 15 por ciento, y para sueldos
superiores a 1500 pesos, 20 por ciento de retención sobre los aportes. Se
asignará al Fondo de Redistribución lo que se recaude por la aplicación
del IVA a la facturación de empresas de medicina prepaga. Así, se
conformaría una recaudación de 600 millones de pesos, contra 360
millones en la actualidad. 7.
--¿Cómo se controlará la evasión en la comercialización de
combustibles?
--Se estimará el
consumo o venta por cada estación de servicio habilitada en la Patagonia
y se habilitará a las refinerías a vender naftas exentas hasta un
volumen máximo determinado por la suma de las ventas estimadas en dichas
estaciones. Por encima de ese volumen, los expendedores deberán
justificar el aumento de sus ventas para acceder al beneficio, que se le
otorgará a posteriori por vía de reintegro de impuesto. 8.
--¿Se limitará el monto autorizado para transacciones en efectivo,
aunque el Congreso no vote la ley antievasión?
--Sí. Por decreto,
en el transcurso de esta semana se establecerá que toda operación de
pago superior a los 10 mil pesos deberá hacerse con cheque, para
posibilitar una mejor fiscalización del origen de los fondos. La norma
estaría en vigencia antes de los próximos 15 días. 9.
--¿A cuánto asciende el ajuste y cómo se conforma la cifra?
--En términos
anualizados, a 938 millones de pesos. Sobre este ejercicio, el impacto es
de 538 millones. Ello permite cerrar la brecha con respecto al déficit
pautado y deja un margen para políticas sociales, o para atender
eventualmente desequilibrios menores. La reducción por recortes
salariales representa 590 millones anuales o 344 millones en el
presupuesto de este año. La rebaja en las jubilaciones de privilegio
aportan un ahorro de 240 millones anualizados y 140 millones en el
ejercicio. El resto (108 millones anualizados y 54 millones en este
presupuesto) surge de ahorros por reestructuración de organismos y
renuncia a una remuneración de los que cobran salario estatal y jubilación
a la vez. 10.
--¿Cuál es el efecto sobre el nivel de actividad que la conducción económica
espera de las medidas anunciadas?
--Considera que el
efecto retractivo por la disminución de sueldos es poco significativo. En
cambio, estiman que el programa de "movilización de
inversiones" creará estímulos en telecomunicaciones, transporte,
infraestructura eléctrica, obras urbanas, hidrocarburos, minería y
transmisión eléctrica. La consolidación del Mercosur se espera que
atraiga inversiones en los sectores de alimentación, petroquímica,
automotor, autopartista y un mayor intercambio de servicios. La obra pública
se aceleraría con mayor participación del capital privado. Así, se
adelantaría el inicio de la reactivación y, con ello, mejoraría la
recaudación impositiva. 11.
--Si los ingresos tributarios no se recuperan o aumentan las tasas de
interés y, con ello, los servicios de la deuda externa, ¿la conducción
económica aplicaría un nuevo ajuste?
--No. La
alternativa elegida fue hacer el ajuste "de una sola vez, aunque sea
muy doloroso". Y aunque aseguran que la austeridad acompañará la
gestión del actual gobierno durante los cuatro años de mandato, estiman
que no hay posibilidad de volver a aplicar una reducción fuerte en el
gasto público. También están descartadas las alternativas de una
devaluación o ir hacia la dolarización. 12.
--Si el actual plan falla en sus objetivos, ¿qué otra alternativa le
queda al equipo de José Luis Machinea? --Ninguna.
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