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POLEMICA ENTRE EL ALA POLITICA Y EL ALA ECONOMICA DEL GOBIERNO
A los tijeretazos en medio del gabinete

El vicepresidente Chacho Alvarez y el ministro Federico Storani trataron de encontrar variantes menos costosas al ajuste frente al bloque más homogéneo de los economistas. Algunas cosas se salvaron de la tijera.


Por Fernando Cibeira 
y Eduardo Tagliaferro

t.gif (862 bytes) "Nosotros necesitaríamos conversar con algunos miembros del bloque que no están muy convencidos", explicó, tímidamente, el jefe de los diputados radicales, Horacio Pernasetti, el domingo en Olivos. "Qué bloque ni bloque. Hay que entender que estamos al borde del abismo, aquí no hay nada que discutir", lo cortó el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy. La encerrona de casi 48 horas para la discusión del ajuste en la quinta presidencial dividió claramente el ala política y la económica del gabinete, con el presidente Fernando de la Rúa como moderador. El debate no sólo se centró en las medidas concretas --por ejemplo, el piso desde el que se debían rebajar los sueldos estatales o el cierre de la agencia Télam--, sino que se internó en ribetes ideológicos. Al final, mal que mal, llegaron a un consenso.

  La bandera de los políticos la levantaron el vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez y el ministro del Interior, Federico Storani. Los otros miembros naturales del grupo conservaron un perfil más bajo. El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, participó sólo un día en medio de sus preparativos para viajar a Ginebra. Graciela Fernández Meijide llegó un poco golpeada luego del caso Tonietto, mientras que el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, nunca estuvo comprometido a fondo con el recorte.

  En cambio, el bando de los economistas lució más compacto. Con diferencia de matices o de énfasis de acuerdo a los temas, los numerosos especialistas del Gobierno se alinearon detrás de la tijera de José Luis Machinea. El más frontal fue López Murphy, pero los demás no le fueron en saga. Un ejemplo se dio durante la discusión por el ajuste en Télam.

  Los políticos plantearon la inconveniencia de ganarse un enemigo --en este caso la prensa-- además de los que ya contaban, como un sector de la Iglesia, luego de la homilía del arzobispo Bergoglio y la adhesión al paro de la CGT rebelde, los sindicalistas y los estatales. "Llegamos al gobierno por una alianza social. No podemos ponernos a todos los poderes en contra", evaluó Storani. La alternativa era dejar Télam para otra ocasión. "Está lleno de ñoquis, es una muy mala señal dejarla como está", respondió uno de los economistas.

  El objetivo del ala política era levantar el piso de los sueldos que se recortarían --que el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, aconsejaba dejar en 700 pesos-- y conseguir que las empresas concesionarias de servicios pagaran los cánones que adeudan, un punto básico para mostrar un ajuste "equitativo". "¿Cuánto menos se recauda si el piso del recorte de sueldos es 1000?", le preguntaron a Machinea. "Unos 70 millones", dijo. "¿Y no hay una alternativa?", insistió Chacho. "Bueno, hay una posibilidad de dudosa legalidad que sería recortar las jubilaciones de privilegio que nos pasaron las provincias", dijo el ministro. "Hagamos eso, ¿qué juez se va a animar a defender a un privilegiado?", clausuró el tema Chacho, quien debió luchar contra un ataque de asma que lo dejó de cama.

  La cuestión de los cánones generó un cruce entre Machinea y el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo. Al parecer, el ministro de Economía le recriminó a Gallo no haber puesto suficiente empeño en cobrar los millones que debe Macri y los demás concesionarios. Gallo respondió que había privilegiado la negociación para la rebaja de las tarifas, pero mucho no convenció. Igual, el tema no apareció en el ajuste por temor a una consecuencia legal.

  Hubo más. Una invención de Storani le permitió recaudar a la nación 50 millones anuales que a partir de ahora la ciudad de Buenos Aires pagará por los servicios de seguridad que presta la Policía Federal. Luego, Alvarez consiguió detener al ministro de Educación, Juan José Llach, quien insistía en recortarle a la universidad 100 millones. Pequeños logros que al ala política le permitieron redondear la idea de un empate técnico pese a la poda feroz. "Podría haber sido mucho peor", explicaba un ministro.

  La discusión final giró acerca de cómo debía presentarse el ajuste. Mientras comían un pálido lomo a la Strogonoff --"era arroz con unas fetas de carne", se quejó un comensal-- se coincidió en presentar el ajuste como una medida para el crecimiento. Pero había desacuerdos sobre los protagonistas. En el entorno presidencial, comenzando por el publicista Ramiro Agulla, pujaban por que De la Rúa no participara. "Hay que preservar su imagen", dijo Agulla. Chacho zanjó el tema. "No hay nadie mejor para presentar estas medidas que el político de mayor credibilidad", cerró.

 

CON LOS JUICIOS EN PUERTA
La Corte tiene la llave

Por A. M.
 
Ricardo Gil Lavedra y Nicolás Becerra salieron ayer presurosos a declarar que la reducción salarial dispuesta por el Gobierno no es inconstitucional. "Los jueces son los únicos empleados públicos que tienen garantizada la estabilidad de sus salarios a través de la Constitución", afirmó el ministro. Mientras que el procurador general dictaminó que el decreto 290 que firmó Carlos Menem en 1995 para reducir los sueldos de la administración pública no viola el espíritu de la Carta Magna.

  Esa norma quedó virtualmente anulada por la cantidad de fallos adversos que generó. Y a fines de 1997 Menem la derogó. La sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la sentencia de una jueza que había declarado la inconstitucionalidad de la medida, a partir del caso Liliana Guida, empleada de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El tribunal negó al Estado un recurso extraordinario pero la causa llegó igual a la Corte Suprema "en queja". Una fuente cercana a uno de sus integrantes aseguró a Página/12 que esta semana emitirán una acordada sobre el tema. Ya serían cinco los ministros de la Corte que estarían dispuestos a avalar el recorte de salarios que fijó Menem.

  "¿Cómo es posible que el procurador y la Corte se expidan ahora por una necesidad del Gobierno, en causas que tienen cinco años de antigüedad?", se preguntó indignado el jefe de abogados de la CGT rebelde, Héctor Recalde. "La mayoría automática tiene que saber que los derechos del trabajo son derechos humanos", agregó. Por su parte, Becerra consideró que "el Estado tiene la atribución para reducir los salarios de sus agentes", según la "doctrina" establecida, entre otros, por Miguel Marienhoff, Manuel Diez y Rafael Bielsa. "El procurador hizo un dictamen en base a autores de los años 40 anteriores a los principios de justicia social, al artículo 14 bis e ignorando las modificaciones de la reforma de 1994 en materia de derechos sociales. No se pueden aplicar esos conceptos para esta realidad", opinó Recalde.

  Según el procurador el decreto "no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad" --como plantearon los abogados de la empleada de la CNEA--  porque es una medida "con efectos generales" que se adoptó "ante una situación excepcional de emergencia". Recalde fustigó al jefe de los fiscales. "Aducen la excepcionalidad pero reflotan medidas como esta cada tres años". Y concluyó que "esto abre la puerta para convalidar el nuevo ajuste".

 

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