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Buena música para los oídos de las constructoras 

Crearán un fondo para garantizar un programa de  obra pública, que privados lo realizarán recibiendo un  canon como contraprestación.  Es el Plan de la CAC.


Por Cledis Candelaresi
t.gif (862 bytes) Después de que el gobierno de Carlos Menem se deshiciera de las joyas de la abuela, el de la Alianza busca cómo sacarle rédito a la bijouterie remanente. Varias dependencias públicas comenzaron a inventariar los inmuebles en su poder que, según los casos, servirán para cancelar deuda, financiar planes de viviendas o para robustecer un fondo fiduciario que José Luis Machinea anunció ayer y prevé crear por ley. Ese fondo funcionará como garantía para las empresas constructoras de que el Estado honrará todos los compromisos que asuma con ellas a través de una nueva forma de contratación. El detalle de los emprendimientos será ofrecido en los próximos días por el ministro Nicolás Gallo, a quien Fernando de la Rúa reservó la misión de presentar el único capítulo presuntamente alentador del paquete. 
Las novedades no están en las obras a ejecutar sino en el mecanismo utilizado para ejecutarlas, eludiendo restricciones fiscales:
Fondo de garantía. Los valiosos inmuebles de distintas reparticiones están siendo inventariados y valuados con miras a su posible liquidación o para que nutran un fondo fiduciario de garantía. El mismo destino tendrán créditos contingentes de organismos multilaterales y bancos privados y algún incremento impositivo, posiblemente de Combustibles. 
Sistema inglés. Ese fondo es una de las patas del sistema de contratación denominado �inglés�. Se trata de un método que sirve para realizar emprendimientos con escasos fondos públicos: una empresa privada construye una obra, la mantiene y explota, y el Estado se compromete a pagarle una contribución (�canon o alquiler�, según Machinea) durante un período determinado. Una especie de compra en cuotas.
Sólo después de haber cancelado el último pago, el bien en cuestión pasa a integrar el patrimonio público. Hasta este momento, el fondo de garantía funcionaría como un reaseguro de que el Estado pagará las cuotas a las que se comprometerá. Con este aval, imagina el Gobierno, los intereses cargados al costo de la obra serán más moderados.
Durante los anuncios de ayer, Machinea aludió a la cuestionada experiencia de �las cárceles�, contratadas bajo un sistema del estilo, sobre cuyo costo se cargó un interés exorbitante. Aunque el ministro no mencionó contratistas, la crítica cabe al centro penitenciario de Ezeiza, que la sociedad de Techint e Impregilo construyó a un valor que supera cualquier cotización razonable.
�Plan canje� lotes por casas. El Ente Nacional de Bienes Ferroviarios que administra numerosos y valiosos bienes pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos, también hará su aporte. Sus bien cotizados lotes serán vendidos o �canjeados� por otros de menor valor, sobre los que una constructora edificará barrios humildes con recursos del Fonavi. 
Viviendas sociales. Gallo insistirá con su programa para edificar 500 mil viviendas sociales a valor unitario de 6300 más un 3 por ciento de interés anual. Pero esto requiere del acuerdo de las provincias, que administran esos fondos y por ley pueden disponer libremente de la mitad de lo que le corresponde anualmente a cada una. La voluntad de los gobernadores también es decisiva para definir cómo se gastarán los millones acumulados en el Fondo de Infraestructura Regional, integrado a la venta de las acciones del Banco Hipotecario.
Yacyretá. El Gobierno incluirá en el paquete reactivador algunos emprendimientos ya previstos, como las obras necesarias para aumentar la capacidad operativa de la represa. Para esto necesita unos 700 millones de pesos, que planea conseguir con un fideicomiso, contra la garantía de la futura venta de electricidad.
Con éstos y algunos otros mecanismos, Infraestructura podrá anunciar obras públicas sin comprometer fondos no presupuestados. La CámaraArgentina de la Construcción, mientras, aplaude: salvo algunos retoques, el Gobierno asumió como propia su propuesta de plan de obras.

 

Inversiones por más tarifas
El capítulo menos firme del paquete de inversiones es el que involucra a las empresas privatizadas. Hasta ayer, los concesionarios de servicios públicos no habían cerrado con el Gobierno ningún compromiso en este sentido, al menos, ninguno que suponga adelantar obras. Por la tarde los adjudicatarios de trenes urbanos discutían en el despacho del secretario de Transporte, Jorge Kogan, la versión de un nuevo contrato, que les permitiera explotar el negocio más allá de los diez años originales y con una mayor tarifa. A cambio, ejecutarían en primer lugar obras que requieren mano de obra local, postergando el equipamiento. Pero los concesionarios de rutas nacionales por peaje están aún más lejos de un acuerdo. Enrique Sergiotto, vicepresidente de la cámara que los aglutina, no sólo negó ante Página/12 cualquier compromiso de inversión diferente a los asumidos a principios de la década pasada, sino que recriminó al Estado deberle �casi 300 millones� por distintos conceptos. Hasta el 2003, asegura, el conjunto de adjudicatarios invertirá �no más de 400 millones de pesos�, lejos de los 1000 sugeridos por Economía. 

 

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