|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algo bueno para las mujeres es
que las tablas actuariales para las rentas vitalicias serán unisex, con
lo que dejarán de cobrar menos en razón de su mayor esperanza de vida.
Las tablas tampoco podrán discriminar por ningún otro parámetro. Las
rentas vitalicias son contratadas al momento de jubilarse.
La reducción de la PBU se
suaviza, políticamente, con el establecimiento de pensiones no
contributivas de 80 pesos mensuales, a las que tendrán derecho los
mayores de 70 años. Estos deberán cumplir varios requisitos: no tener
otro beneficio previsional ni otros ingresos, ni una vivienda como la
gente ni otras manifestaciones de riqueza. Cuando una pareja reúna las
condiciones, sólo uno de los cónyuges o convivientes podrá percibir la
paga. De todas formas, quedará un hueco de cinco años de total
desamparo, ya que la edad jubilatoria es de 65 años. Hoy ya rige un
beneficio por edad avanzada, pero tan restrictivo que casi nadie lo
percibe. Es preciso aclarar que el ahorro que se logre con la poda de la
PBU no irá directamente a financiar las mencionadas pensiones no
contributivas. Estas se solventarán con recursos generales.
El recorte de la PBU se
acolchona también con otra concesión: esta Prestación recupera la
movilidad perdida, ya que en el futuro se ajustará por un índice
salarial que armará el Indec.
Se desechó la opción de
flexibilizar el requisito de 30 años de aportes para poder jubilarse. De
manera que, tal como rige desde la reforma previsional de 1994, quien no
alcance el mínimo de tres decenios de aportes no cobrará ni un peso de
PBU, teniendo en adelante derecho a pedir la contribución de 80 pesos al
cumplir los 70.
Se establecerá por ley un piso
de 250 pesos para los nuevos jubilados (dados de alta tras la sanción).
En realidad, esta garantía es superflua, ya que cualquier pasivo con 30 años
de aportes, sea por capitalización de su fondo o por la PAP (Prestación
Adicional por Permanencia) en el sistema de reparto percibirá 100 pesos
mensuales que, sumados a los 150 de la PBU, le supondrán los mencionados
250. Este número se dibujó con la idea de suscitar en la gente la
comparación con el actual haber mínimo de 150 pesos para el viejo régimen.
De hecho, quienes están jubilándose hoy reciben en promedio unos 450
pesos. Respecto de esta referencia, el recorte de la PBU equivale a una
quita del 11 por ciento.
La enorme evasión previsional
no mereció ningún anuncio específico. El problema queda subsumido
dentro del de la evasión impositiva en general. Respecto de las
jubilaciones de privilegio, se les rebanará el 50 por ciento a los
menores de 50 años que las perciban. Para quienes naveguen entre los 50 y
los 60, la deducción será del 33 por ciento. La decisión del Poder
Ejecutivo es pelear los juicios que planteen los afectados, confiando en
que la Corte Suprema falle a favor del Gobierno, tomándose de la
emergencia fiscal y de la presunta irrazonabilidad de esos beneficios.
En relación a los regímenes
jubilatorios especiales --que rigen para diplomáticos, docentes,
militares, policías, investigadores y funcionarios--, la idea es ir
suprimiéndolos, mientras se intenta reformar el régimen vigente para la
Justicia. Pero no hay una decisión tajante del Ejecutivo en estas
materias. En realidad, Machinea se equivocó al formular sus anuncios,
confundiendo las jubilaciones especiales con las de privilegio. Economía
no logró avanzar en esto sobre áreas que corresponden a Ricardo López
Murphy, Adalberto Rodríguez Giavarini, Juan José Llach y otros
ministros. Según cálculos de la ANSéS, el tijeretazo descargado sobre
las jubilaciones de privilegio permitirá ahorrar más de 200 millones de
pesos anuales, pero la cifra suscita dudas.
Los monotribustas, que con sus
aportes sólo pueden aspirar a cobrar la PBU, sufrirán la quita de 50 o
75 pesos, según sexo, en esa Prestación. El empleado que trabaja para un
monotributista padecerá el mismo perjuicio.
La idea de reabrir por un lapso
la posibilidad de regresar al reparto para quienes optaron por la
capitalización fue descartada por el propio Fernando de la Rúa. Eligió
esa manera de castigar el desliz de Melchor Posse, cuando anunció un
aumento jubilatorio, y de paso aventar la inquietud de los grupos
financieros que controlan a las principales AFJP.
La noticia desagradable para éstas
es que los indecisos serán asignados a la Administradora que cobre la
menor comisión para el correspondiente tramo de ingresos. Hoy un 70 por
ciento (unos 30.000 por mes) de los nuevos trabajadores no hace ninguna
opción, y son por tanto distribuidos a prorrata entre todas las AFJP. Se
espera incentivar así la reducción de comisiones, lo que beneficiará al
universo de afiliados, pero ese efecto no es seguro. A una Administradora
grande --caso de Consolidar, que pronto tendrá un millón de asociados--
quizá no le interese bajar la comisión para captar a unos pocos miles.
|
