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En Mendoza, la inédita decisión
fue tomada a través de una resolución del Ministerio de Salud firmada en
agosto. Pero la entrega de la píldora comenzó a partir de marzo.
"Toda mujer que accede a la anticoncepción debe conocer la
existencia de la píldora del día después, para saber qué hacer en
casos de violación, cuando la relación sexual se mantuvo sin protección
o la protección falló. Es una cuestión de igualdad. En situaciones de
emergencia como las mencionadas, las mujeres que se atienden en el sector
privado consultan a su ginecólogo de cabecera en busca de una salida.
Pero las que van al hospital no tienen la misma facilidad de llamar al médico
a cualquier hora. Por eso consideramos que tienen el derecho a tener toda
la información al respecto", explicó a Página/12 Ana María Andía,
titular del Programa de Salud Reproductiva del gobierno de Mendoza.
En la provincia cuyana, la ley
que permite el acceso a la anticoncepción gratuita a toda la población
se sancionó en 1996. En la ciudad de Buenos Aires, los legisladores todavía
no lograron ponerse de acuerdo. El miércoles 17 de mayo estaba previsto
que la comisión de Salud, presidida por la socialista Clori Yelicic,
aprobara un dictamen de mayoría con la firma de diputados de la Alianza,
para tratar cuanto antes el tema en el recinto. Pero la reunión tuvo una
sorpresa: irrumpió en la sala medio centenar de mujeres y jóvenes,
liderados por Lita de Lazzari.
Habían sido convocados por la
legisladora de Nueva Dirigencia, Pimpi Colombo, y la justicialista Karina
Engel. A los gritos, los visitantes insultaron a los diputados de la
Alianza y los acusaron de "hacer negocios con los laboratorios"
por incluir en el proyecto de ley que los hospitales públicos informen y
prescriban todos los métodos anticonceptivos, incluidos los "no
naturales". Además, los tildaron de "abortistas", a pesar
de que no está en debate la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo. Junto a Lazzari, de la Liga de Amas de Casa,
concurrieron miembros de la Liga de Madres de Familia y de entidades Pro
Vida, entre ellos un joven que se identificó como "Hijo Nº 17"
de un matrimonio.
La firma del dictamen de comisión
se postergó para este miércoles. La Alianza acordó con la oposición
escuchar previamente a expertos que apoyen cada una de las posturas. La
reunión será mañana a las 11. La idea del oficialismo es aprobar la ley
antes de que se renueven las bancas, en agosto, cuando perderá la mayoría
propia en la Legislatura.
El punto central de discusión
es el acceso a la anticoncepción de parte de los adolescentes. Nueva
Dirigencia y un sector del PJ se oponen a que los menores (todavía no
acordaron si de 18 o 21 años) reciban libremente información y el método
que elijan para evitar un embarazo. "Pretenden que los adolescentes
sean atendidos con la autorización expresa de sus padres. Es lógico
pensar que si se impusiera esa obligación, y los jóvenes tienen una mala
relación con sus padres, evitarían ir al hospital y se orientarían para
cuidarse por consejo de algún amigo. Quieren hacer de policías. Es la
hipocresía de negar la realidad", opinó Yelicic, en diálogo con Página/12.
La edad promedio de iniciación sexual ronda los 15 años en la ciudad de
Buenos Aires.
"El menor debe ser
atendido en el contexto familiar y social, respetando el derecho de los
padres a cuidar su salud y su educación. Si el método que elige entraña
alguna contraindicación, se los debe consultar", respondió Colombo,
de Nueva Dirigencia. Se sabe que, con excepción de los métodos naturales
y el preservativo, el resto de los contraconceptivos tiene alguna
advertencia en su prospecto. El otro punto que cuestiona la oposición es
la enumeración en la ley de todos los métodos. No quieren que aparezca
el DIU, por considerarlo abortivo, como evalúa la Iglesia y rechazan
muchos expertos. Al sancionar la ley, Buenos Aires se sumará a las 9 jurisdicciones del país que tienen una norma similar. "Será un paso muy importante", destacó Yelicic. "En el ámbito porteño existe un programa de salud reproductiva, pero el tipo de anticonceptivos que se ofrece queda supeditado a la ideología del jefe de servicio de cada hospital", observó la diputada.
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