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"Estas cosas pasan porque
parecería ser que una vez que un ciudadano está imputado por drogas su
seguridad jurídica ya no es algo que se le pueda garantizar", le
dijo ayer a Página/12 el abogado de Beatriz Díaz, Marcelo Buigo, quien
la defendió junto a Jacobo Grossman. En rigor, existe un acordada de la
Corte del año 1994 por la cual se le permite al organismo utilizar los
automóviles secuestrados en procedimientos por narcotráfico. "El
auto estuvo secuestrado porque era de una procesada de la causa --explicó
Buigo--. Pero de ahí a la trasferencia de la propiedad de un particular
sobre el que hay presunción de inocencia, a manos del Estado, hay una
distancia enorme, porque justamente el proceso penal es la garantía de
que todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo
contrario. Si dentro del proceso penal se transfiere un bien de propiedad
de un particular sin que haya una sentencia que lo disponga, esto afecta
gravemente la seguridad jurídica."
La causa por narcotráfico por
la cual fue detenida la mujer comenzó a fines de 1995 y se conoció como
"Mundo Blanco" o "Alas Blancas". Una investigación
realizada por el inefable comisario Mario "Chorizo" Rodríguez,
como titular de la Brigada de Investigaciones de Lanús, desbarató una
banda que, según el policía, "había traficado en dos años unos
2100 kilos de cocaína". En los procedimientos dirigidos por Rodríguez
se detuvo a nueve empleados de Aerolíneas Argentinas y por eso el caso se
conoció también como el de "la banda de las azafatas". Beatriz
Díaz no estaba entre ellas, como la mayoría de los imputados; fue
detenida lejos de Ezeiza, a raíz de una supuesta red de escuchas telefónicas.
De aquella supuesta banda
fueron procesadas 19 personas. El 28 de diciembre pasado, el Tribunal Oral
Federal de San Martín, por pedido expreso del fiscal, absolvió a diez de
ellas: uno de los inocentes resultó ser Beatriz Díaz. En la sentencia,
los jueces también indicaron que le debía ser devuelto el auto
secuestrado. "En febrero empezamos a gestionar la entrega del vehículo
y nos enteramos de que estaba afectado al uso de la Corte Suprema",
cuenta Buigo. En la Corte, un funcionario les pidió que esperaran a que
el máximo tribunal dictara una resolución para desafectar el uso del
coche. Mientras, Díaz averiguó en el registro del automotor y descubrió
que el legajo de su auto fue remitido a la Capital. Los documentos
aparecieron en el registro porteño y del análisis del legajo "surgió
claramente que se había transmitido la titularidad del dominio a la Corte
con un formulario 08 en el que queda claro que hubo algo irregular, ya que
lo único que figura es el nombre y apellido de la dueña".
El 08 del auto de Díaz tiene
en el rubro "C", comprador o adquirente, a la Corte Suprema de
la Nación, con domicilio en Talcahuano 250, el Palacio de Justicia, y
como comprador figura el secretario de la Corte, Luis María Freire. De
todos modos, Beatriz Díaz, libre, sin culpa ni cargo, hoy maneja su automóvil.
Tenía diez mil kilómetros cuando se lo secuestraron, lo encontró con 80
mil. Había pagado sus impuestos, lo encontró con una deuda por patentes
de 4500 pesos. Su abogado le contó a este diario que, para que pudiera
circular, en la propia Corte "le dieron un número de teléfono
celular, para que si la policía la paraba en la calle les dijera que se
comunicaran con los funcionarios judiciales que explicarían que era legal
la posesión del auto a pesar de que la tarjeta verde está a nombre de la
corte".
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