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Contabilizando el total de votos al 88,94 por ciento, según
los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
Fujimori obtuvo el 50,82 por ciento, mientras que Toledo --a pesar de que
pidió a los electores que no votaran por él, sino que se abstuvieran de
concurrir a las urnas o que votaran viciado-- alcanzó un 17,15 por
ciento. Los votos viciados y en blanco sumaron un 32 por ciento. Esto
significa un virtual empate entre Fujimori y Toledo, sin contar siquiera a
los abstencionistas, que sumaron cerca del 20 por ciento. El apoyo a
Fujimori podría ser aún menor, si se toma en cuenta que el conteo de
votos ha carecido de supervisión imparcial y que la independencia de la
ONPE está seriamente cuestionada, luego de que en la primera vuelta
manipuló las cifras para favorecer la candidatura oficialista.
Y mientras los fujimoristas
tratan de ocultar el papelón mundial que han hecho, el opositor Alejandro
Toledo ha anunciado que seguirá con sus marchas y mítines a lo largo de
todo el país "mientras sea necesario". Toledo ha amenazado a
Fujimori con impedir su asunción oficial de mando para su tercer mandato
el próximo 28 de julio. "Si Fujimori subsiste hasta el 28 de julio,
tenemos planificado marchas desde los cuatro suyos (puntos cardinales) que
converjan en Lima. Traeremos a cuatro millones de personas que van a
impedir la proclamación de Fujimori", anunció Toledo.
En lo que significa un paso más
hacia el aislamiento internacional del régimen fujimorista, un vocero del
Departamento de Estado norteamericano calificó la victoria de Fujimori
como "ilegítima" y señaló que el gobierno peruano representa
"una amenaza a la democracia regional". El Consejo Permanente de
la OEA analizará mañana el informe del ex canciller de Guatemala,
Eduardo Stein, quien presidió la misión de observadores de la OEA para
los comicios peruanos. Stein abandonó el Perú dos días antes de las
elecciones y descalificó el proceso electoral. El siguiente paso sería
que el caso peruano fuera tratado en la Asamblea General de la OEA que
comenzará el 4 de junio en Canadá. Sin embargo, el canciller peruano,
Fernando de Trazegnies, confía en que esto no ocurra. Ayer declaró que
el caso peruano no figuraba en la agenda de la OEA, pero tuvo que
reconocer que puede ser revisada. Por su parte, Toledo aseguró que
"ha llegado el momento de aplicar la resolución 1080".
Las protestas que marcaron la
jornada electoral del domingo han sido las más importantes en el país en
los últimos 20 años, y ayer se repitieron aunque con menguada intensidad
en el interior del país. La violenta represión policial dejó un saldo
de varias decenas de heridos, uno de ellos de gravedad, un joven que
recibió una bomba lacrimógena en la cara, y más de cuatrocientos
detenidos. En la andina ciudad de Huancayo, a unos 300 kilómetros al este
de Lima, se registraron los hechos más violentos. Sólo en esa ciudad se
registraron más de 20 heridos.
En ese ambiente, el presidente
no tenía nada que celebrar. Por eso ha permanecido en silencio y lejos de
las cámaras desde que el domingo salió a votar. Ayer el presidente
peruano se reunió por más de una hora con su gabinete ministerial. Pero
no asomó ni un pelo fuera de Palacio de Gobierno. La paradoja de un
candidato oficialmente ganador que se esconde y se refugia en el silencio
absoluto, y de un supuesto perdedor que sale a las calles y convoca a
cerca de 70 mil personas que lo vitorearon durante un enfervorizado mítin
refleja claramente la situación en el Perú. Cuando se retiraban de la
plaza pacíficamente, los partidarios de Toledo fueron atacados con gases
y agua por la policía. Muchos de ellos fueron violentamente apaleados y
después detenidos. Los uniformados les quitaron las banderolas y carteles
que llamaban a defender la democracia.
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de la crisis de legitimidad que afecta a su gobierno?