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Por Javier Lorca Mientras algunos
festejaban porque las universidades se habían salvado del tijeretazo,
otros
lamentaban el recorte. Si bien no se anunció oficialmente ningún ajuste
a los 1800 millones de pesos del presupuesto de las 36 universidades
nacionales, altas fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Página/12
que el sector deberá perder 40 millones (la mitad en cada semestre). El cálculo
que hizo José Luis Machinea es que ese monto representa el equivalente a
lo que se recaudaría si se incluyera los sueldos de los docentes y
empleados universitarios en la poda general de los salarios de la
administración pública. Como no puede hacerlo porque las casas de
estudio son autárquicas, la cifra se le restará al total de los recursos
y cada universidad hará su aporte como le convenga.
Mientras, las universidades se
consideran excluidas de la poda. "Hay una interpretación de que no
están incluidas en el ajuste. Pero esto lo va a decidir cada
universidad", dijo a este diario el secretario de Educación
Superior, Juan Carlos Gottifredi. Lo cierto es que, de todos modos, las
casas de educación superior ofrendarán su sacrificio a la gran tijera:
hoy, los rectores se reunirán con el ministro de Educación, Juan Llach,
para acordar cómo y cuánto aportar para crear un fondo de emergencia
social. "Esa plata no va a salir de los presupuestos. Cada miembro de
la comunidad universitaria va a contribuir como pueda. Pero todavía no
está definido cómo y tampoco hay ni un piso ni un techo", explicó
Gottifredi.
Una posibilidad cierta es que
cada casa resuelva hacia su interior aplicar una reducción en los
salarios jerárquicos. Aunque otra alternativa, impulsada por algunas
autoridades académicas, es que aporten trabajos solidarios: "Una
posibilidad --confió un funcionario de la UBA-- es que, por ejemplo,
desde la Facultad de Medicina se instrumente un plan de prevención
sanitaria. Eso le permitiría al Ministerio de Salud ahorrarse esa tarea y
reasignar fondos hacia otro sector". Pero la idea oficial es
conseguir recursos y se habla de, al menos, unos 15 millones.
Además, a lo que perderán las
universidades hay que sumarle el recorte de 58 millones que sufrirá la
propia cartera educativa, como parte de la reasignación de recursos
dentro del Estado para fortalecer los planes sociales. Del total, fuentes
de Educación aseguraron que 40 millones le tocarían en gracia a la
Secretaría de Educación Superior. Así, también caerían algunos de los
programas que la secretaría destina a las universidades.
Y, como si fuera poco, la
cuenta del debe se engrosa con la pérdida de otros 13 millones,
aproximadamente, que corresponden al Fondo para el Mejoramiento de la
Calidad Universitaria (los planes Fomec financian proyectos de investigación
y se basan en un aporte parejo del Banco Mundial y las universidades). Por
resolución del Ministerio de Educación, las partidas del BM destinadas a
los proyectos que todavía no se pusieron en marcha fueron diferidas
indefinidamente.
Ayer, sin conocer (o hacer caso de) las intenciones de Economía de
incluir a las universidades en el ajuste, el rector de la UBA, Oscar
Shuberoff, festejaba que "el gobierno haya cumplido su palabra de no
tocar el presupuesto universitario". "Esto nos obliga a
mostrarle a la sociedad que podemos ayudarla. Habiendo gente que no puede
darle de comer a sus hijos, las universidades no podemos quedarnos
cruzadas de brazos", agregó, en referencia a la creación de un
fondo de emergencia social. Los rumores sobre un recorte al presupuesto de
la educación superior venían creciendo desde hace un mes, tal como
publicó este diario, a pesar de que, tanto en privado (en una reunión
con el rector de la UBA) como en público (en la Universidad de La
Matanza), Fernando de la Rúa había prometido que no se tocarían las
arcas universitarias. Por su lado, el ministro Llach había abierto el
paraguas: "El presupuesto es sólo una expresión de deseos del
Congreso", decía hace veinte días a Página/12.
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