Por Cledis Candelaresi
 Después de anunciar el ajustazo, el Gobierno amaga ir contra las empresas privatizadas. Ayer, los ministros Nicolás Gallo y José Luis Machinea admitieron que, si los grupos concesionarios del Correo y Aeropuertos -que comandan Macri y Eurnekian, respectivamente� no pagan el canon que adeudan, las concesiones �podrían caer� (ver nota aparte). Pero más contundente que esa afirmación es la determinación oficial de impedir que el conjunto de las privatizadas sigan indexando sus tarifas. Para esto, el jefe del Palacio de Hacienda está articulando una estrategia con el Congreso, donde proliferan proyectos contrarios a los intereses de esas poderosas empresas.
En la Argentina de la deflación, los métodos de ajuste tarifario de las privatizadas resultan exagerados. Gran parte de los precios de los servicios públicos se ajustan en base al Consumer Price Index de los Estados Unidos, que desde setiembre de 1993 hasta ahora se incrementó un 11,5 por ciento más que el índice de precios al consumidor local. Mayor es la ventaja que ofrecen las concesiones de rutas nacionales por peaje que, según contrato, se actualizan por el 80 por ciento de la tasa Libo: si el Gobierno no hubiese frenado algunos aumentos con subsidios, los tickets ruteros se hubiesen encarecido un 45 por ciento por encima del IPC.
Ir contra estos ajustes no sólo responde al afán de preservar el interés de los usuarios. Para Economía es, fundamentalmente, un recurso para mejorar la competitividad de la economía, ya que esos servicios son parte de los costos que afrontan la industria y el agro. Con ese aliento, en las febriles y extensas jornadas de trabajo en Olivos del último fin de semana, Machinea hizo un guiño a los diputados oficialistas que asistieron a la Quinta para que avancen en una iniciativa que plantea prohibir la indexación de tarifas.
El ministro, por su parte, abrirá la negociación con cada grupo adjudicatario, para convencerlo de que suspenda la aplicación de fórmulas de ajuste previstas en los contratos de concesión. Con este cometido, una iniciativa parlamentaria que prevea disponer compulsivamente ese congelamiento, podría resultar un eficaz instrumento de presión.
Los diputados de la Alianza Ricargo Vago, Alejandro Peyrú, José Recio y Rubén Giustiniani trabajan en la redacción de un proyecto que prevé eliminar, lisa y llanamente, todos los índices automáticos de ajuste. La idea cobró fuerza con el reciente dictamen de la Procuración del Tesoro que desautorizó un incremento en las tarifas de los accesos capitalinos, cuyos contratos contemplan un ajuste en base a la inflación estadounidense. El pronunciamiento del procurador Ernesto Marcer sostiene que, después de la convertibilidad, las normas indexatorias se consideran como �no escritas�. Sobre esta base, no hay indexación posible.
Los legisladores analizan no sólo cómo sancionar una ley que contradiga los contratos de concesión sino que también supere lo dispuesto por otras leyes, como los marcos regulatorios del gas y la electricidad, donde se contemplaron ajustes por los métodos objetados. Algunos diputados amenazan ir un poco más allá y sumaron al debate qué hacer con los aumentos que ya se cobraron desde el inicio de la convertibilidad hasta la fecha.
Con este afán, aquellos legisladores ya presentaron un proyecto de resolución para que se rebajen compulsivamente las tarifas. El titular del bloque oficialista, Darío Alessandro, apoya la idea, aunque sugiere que es preferible forzar mayores inversiones.
La presión desde el Parlamento es grande. Otro proyecto de resolución pide que se cumpla con la cláusula de neutralidad tributaria, que obliga a las empresas a abaratar las tarifas cada vez que las empresas tienen una ventaja impositiva como, por ejemplo, la rebaja de aportes patronales. Algo semejante a lo que predica desde el Senado el radical Leopoldo Moreau.
| �Sería mejor rescindir�
�Hay casos en los que sería mejor rescindir los contratos vigentes, en caso que no fuere demasiado gravoso para el Estado�, comentó ayer el secretario de Obras Públicas, Máximo Fioravanti, en alusión a las concesiones de rutas nacionales por peaje. El funcionario de Infraestructura también señaló que los contratos actuales seguirán vigentes hasta el año 2003 pero que, posiblemente este mismo año, se relicitarán el conjunto de los corredores, mucho de los cuales acumulan serios incumplimientos contractuales. Fioravanti también aseguró que el Estado aún analiza el paquete de deudas que le reclaman las concesionarias por aumentos no autorizados y subsidios impago. |
Presión a Correo y Aeropuertos
Apuran para que paguen
La amenaza de dar por caída las concesiones del Correo y Aeropuertos que expresaron ayer los ministros de Infraestructura y Economía tuvieron como propósito de presionar a esos dos grupos. El Correo Argentino adeuda cerca de 150 millones de pesos por canon, mientras que Aeropuertos Argentina 2000 debe cerca de 54 millones, amén de inversiones incumplidas. Ambas pueden ser causa de rescisión del contrato.
La advertencia involucró a esos dos concesionarios. Sin embargo, la disposición oficial sobre el tema es más dura hacia el consorcio liderado por Macri que hacia el grupo que dirige Eduardo Eurnekian. No sólo porque el monto de la deuda es mayor, sino porque Macri descontó unilateralmente del canon a pagar presuntas deudas estatales a su favor. Como añadido, reclama al Estado montos millonarios por servicios impagos y como compensación porque su régimen de empleo es supuestamente más oneroso que el de sus competidores.
El paquete de reclamos cruzados y, en alguna medida, el destino de esta concesión �que según Gallo �se podría relicitar�� depende de lo que resuelva una comisión mixta formada para resolverlos. A más tardar a fin de junio, los técnicos oficiales y privados deben cerrar trato.
En el caso de la concesión de aeropuertos, la deuda por canon es menor y, a los ojos oficiales, las inversiones incumplidas no serían de demasiada envergadura. En rigor, el gobierno debe definir primero si mantener el aeroparque metropolitano en su emplazamiento actual o no, determinación que condiciona el plan de inversiones que debe a ejecutar por Eurnekian. Esto da otro plafond al concesionario, que, sin embargo no está libre de faltas. Entre ellas, los acuerdos que le permiten modificar su composición accionaria antes de los cinco años.
El gobierno también considera que AA2000 tiene mejor disposición para honrar sus compromisos y buenas perspectivas de ingresos. Según los datos que maneja Infraestructura, la recaudación de tasas que cobra Eurnekian seguirá en ascenso y esto la posiciona bien para afrontar sus obligaciones pendientes.
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Cara y ceca del ajustazo |
Jorge Avila presidente del CEMA
�Es muy justo�
�El ajuste es definitivamente favorable. Encuentro muy justa la reducción de gastos. Está medida casi milimétricamente. Si se suma la actual propuesta con el empeño de completar lo anunciado en diciembre, entonces podría esperarse para el resto del año una baja efectiva del gasto del orden de los 1600 millones de pesos. Si además la economía se reactivase en el resto del año, o en la segunda mitad, podría producirse un aumento de la recaudación del orden del 3 o el 4 por ciento. Con reducción del gasto con aumento de la recaudación se podría cumplir con los 4700 millones de déficit pactados con el Fondo. En otro orden, la rebaja salarial no afectará el consumo, porque prevalecerá el impacto favorable del equilibrio fiscal en la baja del riesgo argentino.�
Héctor Recalde abogado de la CGT disidente
�Huella del FMI�
�La política económica del menemismo está intacta. Las víctimas de entonces son las mismas de hoy: los trabajadores y la pequeña y mediana empresa. El tema de las obras sociales tiene la huella digital del FMI, es una confesión del acatamiento del Gobierno. ¿Qué tiene que ver la libre elección de la obra social con un ajuste económico? Una cosa es la rebaja de salarios, que teóricamente contribuye a disminuir el déficit, y otra la libre elección de obras sociales. La rebaja salarial es la misma que este gobierno criticó a Menem por violar la Constitución. Viola derechos adquiridos, es discriminatoria. Al igual que con la reforma laboral, se promovió la rebaja de salarios privados, hoy es el turno del empleo público.� |
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