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 Al cumplirse ayer el primer día de la huelga de hambre iniciada en la cárcel de Caseros por los detenidos por el asalto al cuartel de La Tablada, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó al Estado argentino que �debe cumplir con las recomendaciones realizadas en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aún no han tenido respuesta oficial�.En el informe de la CIDH se había determinado �la responsabilidad del Estado argentino �recuerda el CELS� por la violación del debido proceso judicial, por las torturas perpetradas contra quienes hoy están presos y por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en los sucesos de La Tablada�. Recomendaba, por lo tanto, reparar estas violaciones e investigar los delitos cometidos. Sin embargo, el Estado �nunca adoptó medida alguna para hacer efectiva la resolución internacional�. Los detenidos han reclamado que se revise el juicio al que fueron sometidos, sin que se les diera el derecho de apelar ante un tribunal superior. La investigación de la CIDH encontró otras circunstancias graves, como que nueve de los atacantes fueron ejecutados luego de su rendición; que todos los sobrevivientes fueron torturados y que hubo deficiencias notorias en la investigación de los hechos. En función de este informe, los abogados de los detenidos plantearon el derecho a un nuevo juicio, que es lo que reclaman los 12 presos en huelga de hambre. Once de ellos fueron condenados en el proceso cuestionado por la CIDH, en tanto que los defensores de Enrique Gorriarán Merlo, jefe del Movimiento Todos por la Patria (MTP), consideran que fue irregular su arresto en México y su posterior traslado a la Argentina sin que mediara un trámite de deportación. Por otra parte, cuando el cuartel fuera recapturado por fuerzas del Ejército, se encontraron restos que nunca fueron identificados. Los familiares de Juan Manuel Murúa, Iván Ruiz Sánchez, Carlos José Samojedny, Roberto Sánchez Nadal, Carlos Alberto Burgos, José Mendoza Silva y José Alejandro Días han solicitado durante estos once años que se identifiquen esos restos. A fines de marzo pasado, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, solicitó al titular del juzgado número uno de Morón, el juez Criscuolo Rodríguez, �tenga a bien llevar adelante con especial celeridad y empeño las medidas necesarias para la identificación de los restos humanos encontrados en el cuartel RIM 3�. Una nota similar le fue enviada la doctora Ana María Di Lonardo, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se debe realizar el análisis de ADN. Según la respuesta del juzgado, el tribunal solicitó la identificación de los cuerpos en 1997, ocho años después de los hechos, en 1998 otro tribunal autorizó el monto para realizar el trámite, luego de lo cual las muestras para realizar el análisis fueron llevadas al Banco Nacional de Datos, �no habiéndose recibido hasta la fecha las conclusiones del referido estudio�.
Alderete es la víctima Por A.M.
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