Por Pedro Vega
Desde Santiago de Chile
 El escepticismo de la comunidad jurídica internacional en relación con la posibilidad de que los tribunales chilenos logren enjuiciar al ex dictador Augusto Pinochet por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el
régimen militar no ha desaparecido. En realidad, no hace más que acrecentarse. Desde el 2 de marzo, cuando el desaforado senador vitalicio retornó a Chile, liberado en Londres por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Jack Straw, aduciendo razones humanitarias, diversos países europeos iniciaron un sigiloso y acuciante camino jurídico basado en el derecho internacional. El propósito: reclamar la jurisdicción para enjuiciar a Pinochet por la responsabilidad que le compete en los crímenes de víctimas chilenas reconocidas por esos países como ciudadanos propios, debido a su doble nacionalidad.
El jueves pasado, mientras continuaban polarizándose las posturas de los sectores políticos después de que se filtrara a los medios el desafuero dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Pinochet, ingresó de forma reservada un exhorto enviado por la Justicia francesa a la Corte Suprema, en el cual solicita antecedentes de relevancia en el proceso por el asesinato del sacerdote francés André Jarlan, ocurrido en la población La Victoria en Santiago en 1983, en una de las principales protestas realizada en todo el país contra la dictadura. El religioso André Jarlan fue baleado el 4 de setiembre de 1983 mientras leía la Biblia en su habitación de la parroquia. Esta vez la Justicia francesa ha sido más cautelosa, debido a que la Corte Suprema ya había rechazado un exhorto en el cual se pedía directamente interrogar a Pinochet por el secuestro, tortura, detención y desaparición de cinco víctimas franco-chilenas. Mientras tanto, la Justicia gala nombró al abogado de derechos humanos Roberto Garretón para hacerse cargo de los cinco casos y representarlo en Chile.
En tanto, la Justicia alemana se encuentra próxima a resolver una orden de arresto internacional y petición de extradición a la Justicia chilena en contra del ex jefe de la junta militar, según confidenciaron a Página/12 fuentes ligadas a dicho proceso internacional. Alemania investiga desde hace más de un año las detenciones y desapariciones de víctimas de las dictaduras argentina y chilena que poseen doble nacionalidad. En el caso de Chile, por el cual se investigan 30 casos, la máxima Corte Constitucional resolvió que el tribunal penal alemán debe pronunciarse respecto de la petición de enjuiciar a Pinochet y su junta militar. Mientras que en el caso de Argentina, donde se investigan más de 90 casos, resolvió enviar la petición de enjuiciar a los máximos militares de la ex dictadura argentina al tribunal de Nuremberg.
En el caso chileno, el tribunal alemán ya aceptó un informe en derecho elaborado por abogados alemanes y chilenos expertos en derecho humanos y derecho internacional para acoger la petición de arresto y extradición de Pinochet, resolución que podría dictarse en los próximos meses, según informaron a Página/12 las fuentes ligadas a este proceso. Por su parte la Justicia de Italia mantiene abierta una investigación ampliada por detenidos desaparecidos en Argentina, Chile y Uruguay, la que recientemente fue recaratulada en su parte principal en contra de Augusto Pinochet y otros, entre los cuales se encontrarían los argentinos Emilio Massera y Jorge Rafael Videla.
Según revelaron a Página/12 fuentes ligadas a este proceso, el cambio de carátula en el que se apunta a establecer como principales inculpados a los máximos militares de las ex dictaduras de Argentina y Chile, sedebería a los sustantivos avances que ha hecho en el último tiempo el fiscal italiano Giancarlo Capaldo en torno de la Operación Cóndor. Según las mismas fuentes la Justicia de Roma llevaría a cabo en junio una audiencia en la que se dictarían las primeras órdenes internacionales de arresto, dirigidas a los ex integrantes de la junta militar argentina.
Por ahora, la Justicia italiana logró abrir un juicio de extradición ante la Corte Suprema Chilena en contra del ex director de la Dina, general (R) Manuel Contreras, y del ex jefe exterior de la Dina, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. Ambos tienen pendientes una condena de 18 y 16 años respectivamente, dictada por la Justicia italiana por el atentado en contra del ex vicepresidente Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, ocurrido en Roma en octubre de 1975.
Bélgica, por su parte, se encuentra considerando la posibilidad de respaldar la investigación que realizan familiares de las víctimas y la designación de un observador en Chile. Y esta última iniciativa también estaría siendo estudiada por el mismísimo Jack Straw.
PARAGUAY LEVANTARIA HOY EL ESTADO DE EXCEPCION
Pero las aguas bajan turbias
A 12 días de la (última) intentona golpista en Paraguay, el gobierno aún no está seguro de que el peligro haya pasado. Por eso, el estado de excepción decretado el 19 de mayo por el presidente argañista y antioviedista Luis González Macchi sigue en pie, a pesar de que ya no hay (si hubo) evidencias de que los militares muestren ninguna efervescencia. Ante esa tranquilidad �al menos superficial, aunque siempre inestable�, los senadores y diputados de la oposición liberal pidieron una sesión extraordinaria del Congreso para dar de alta el estado de emergencia nacional. El pedido fue aceptado y la Asamblea General podría ponerle fin hoy. Si es que Macchi no se adelanta.
El Comité Político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) �que pasó de las filas oficiales a las de la oposición por desacuerdos sobre el reparto de cargos en el gobierno� hizo pública su preocupación �por los excesos que se pudieran cometer en este período excepcional�, durante el cual el Ejecutivo ordenó la detención de más de 100 personas (la mayoría oviedistas o acusadas de serlo) sospechosas de haber participado, directa o indirectamente, en el golpe frustrado. Cuatro de ellos, seguidores del ex general Lino Oviedo abandonaron ayer el país amparándose en una cláusula constitucional.
Mientras la Cámara de Diputados sesionaba para votar la convocatoria a una Asamblea General extraordinaria que levantara la medida de emergencia, el presidente del Senado, Juan Carlos Galaverna, aceptó un pedido paralelo de las bancadas del PLRA en ambas cámaras para convocar a la Asamblea. Galaverna señaló que el pedido de la oposición es �pertinente�, y convocó �a sesión al Congreso Nacional� para hoy. Por su parte, González Macchi admitió que en las �próximas horas� levantará la medida que decretó �por motivos de seguridad interna del país y la defensa de las instituciones nacionales�. �Creo que sí, vamos a ver. Tengo que analizar el tema con nuestros asesores y después tomaremos la medida que mejor convenga al país�, reconoció al diario asunceño Noticias. Pero el senador liberal Armando Espíndola aclaró que la oposición no está dispuesta a esperar esa decisión porque no tiene �confianza� en la palabra del presidente.
En otro frente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados brasileña, Marcos Rolim, regresó de Asunción, donde investigó los �Archivos del Terror� que documentan la existencia del Operativo Cóndor. El parlamentario reconoció tener pruebas sobre la cooperación entre el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner y militares brasileños en la represión, y adelantó que solicitará a las autoridades de su país la derogación del estatuto de asilado político de Stroessner como paso previo para su extradición a Paraguay.
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