Por Cledis Candelaresi
 El escenario no podría haber sido más apropiado. Nicolás Gallo eligió un almuerzo en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción para anunciar ayer una versión remozada y sin detalles del Plan de Infraestrucura 2000. Salvo por algunos mecanismos de financiamiento, el programa resultó conocido y muy ambicioso. Según prometió el ministro del área, en el próximo lustro el sector privado y el Estado invertirían unos 28.500 millones de pesos, incluyendo en este paquete hasta los planes de obras de las empresas privatizadas cuya ejecución, en muchos casos, es materia de controversia. Pero para el Gobierno era imprescindible mostrar que quiere impulsar la economía. �El país que sueño yo es el mismo que sueña Eduardo Baglietto (Techint) o Gerardo Martínez (Uocra)�, aseguró el ministro. Poco después, el sindicalista, de prolijo traje y peinado al gel, abandonaba el lugar de los comensales para sumarse a la movilización contra el ajuste y el FMI.
Baglietto, vice del grupo Techint y titular de la CAC, puede soñar. El varias veces anunciado plan de infraestructura retoca apenas el que esa cámara elevó al gobierno anterior el año pasado. Sólo que ese programa incluía la emisión de dos series de bonos, una para infraestructura y otra para vivienda, alternativa que José Luis Machinea vetó. �Significaría aumentar la deuda�, había explicado en su momento a los empresarios en un encuentro a puertas cerradas.
Con el fin de eludir esa restricción, Gallo propuso un mecanismo que, en rigor, constituye el punto más novedoso del plan presentado ayer. Para financiar obras de infraestructura (puentes, hospitales públicos, refacción de caminos estatales, etc.) por un monto cercano a los 7000 mil millones de pesos, el Gobierno utilizará el denominado sistema inglés o leasing. �Ya le encontraremos un nombre criollo�, prometió Gallo.
El mecanismo �anticipado por Página/12� prevé que las empresas privadas construyan y mantengan con su propio financiamiento obras que el Estado pagará en cuotas. Para asegurarles a las empresas que cobrarán, se constituirá un fondo de garantía con inmuebles del Estado y créditos del BID, el Banco Mundial y de entidades privadas. Si el Tesoro no tuviera recursos para pagar, la constructora ejecutará esos avales.
Gallo también detalló otro de los mecanismos a utilizar, en este caso, para ampliar la capacidad operativa de Yacyretá mediante dos obras que insumirán un total de 850 millones de pesos. Para que el Estado no tenga que desembolsar fondos, constituirá un fideicomiso bancario poniendo como garantía la electricidad que produce la usina. Si el Tesoro no paga, las contratistas pueden quedarse con la recaudación de la energía.
Según prometió ayer el Gobierno, en un resumen entregado a la prensa, en los próximos cinco años la Nación y las provincias aportarían para obra pública efectivo por 4000 y 2000 millones de pesos, respectivamente, meta muy ambiciosa considerando la escasez de fondos públicos. El Fondo de Infraestructura Regional �que se alimenta con la venta de acciones del Banco Hipotecario� llegará a tener otros 2000 millones más.
Todo ese dinero volcado a obra pública permitiría ocupar a los 60 mil empleados de la construcción que quedaron sin empleo en los últimos años, prometió el titular de Infraestructura. Quizás por esto, el Plan 2000 sedujo a la Uocra tanto como al Sindicato de Empleados Viales.
El resto corresponde casi íntegramente a los programas comprometidos por las empresas privatizadas. En algunos casos estos contratos están en revisión, como los peajes nacionales y las concesiones de trenes urbanos. En otros, no hay siquiera certeza de cuánto cumplieron hasta ahora. Por eso es prematuro afirmar cuánto habrán ejecutado dentro de cinco años. Es, tal vez, el caso de los aeropuertos en los que deberían invertirse 600 millones de pesos de aquí al 2005.
El capítulo de miles de viviendas sociales fue postergado para más adelante. El Gobierno aún tiene que pulir otro fondo de garantía, esta veza integrar en parte con recursos del Fonavi, que las provincias usan en gran medida para cubrir sus gastos corrientes, incluidos sueldos. Pero esta postergación no aflige a los empresarios de la CAC. Lo que los preocupa es que no haya mecanismos que den preferencia a la construcción nacional por sobre la extranjera. Aunque ayer ningún empresario lo mencionó, el plan oficial tampoco tiene reaseguros de que este sustancioso paquete de obras no quedará reservado sólo para las grandes empresas.
| Liquidación de inmuebles
La otra cara del último ajuste dispuesto por el gobierno será liquidar los inmuebles que aún quedan en manos del Estado, algunos de ellos de gran valor. Un caso es el de los emprendimientos ferrourbanísticos, como el de Retiro y Rosario, en los que Gallo sueña se invertiría un total de 2000 millones de pesos. Otro es el de la Dirección Nacional de Vialidad, que planea desprenderse de bienes en su poder para saldar una deuda a favor de las empresas contratistas. Tal como informó Página/12 en su edición del viernes pasado, la DVN heredó obligaciones por 370 millones de dólares por obras ejecutadas o en ejecución, que nunca habrían sido presupuestadas. Sin embargo, las empresas se avalanzaron sobre la actual administración para cobrar las certificaciones en su poder. Como los magros recursos presupuestarios de la DVN no le permiten afrontar semejante compromiso, el Gobierno decidió apelar al drástico recurso de liquidar activos por un singular mecanismo. Primer paso. La DVN otorgará al Banco de la Nación Argentina un derecho irrevocable de venta sobre los valiosos terrenos que esa dependencia dispone en distintos lugares del país. También reservará 50 millones de su próximo presupuesto. Segundo paso. Contra la garantía de esos bienes, el banco emitiría bonos por un valor total cercano a los 350 millones de pesos. Tercer paso. Con los fondos que permita recaudar esa colocación, se cancelarían las deudas a favor de los contratistas de Vialidad. Cuarto paso. El Nación ejercería su derecho irrevocable y vendería los bienes que integrarán el fondo de garantía. Vialidad no se desvela. Asegura que tiene inmuebles de sobra para cubrirla. |
| �Yo no estoy peleado con Machinea�
�Algunos diarios señalaron que hay desavenencias entre (José Luis) Machinea y yo. Esto no es así. Sólo que cada uno tiene su rol. El ministro de Infraestructura tiene que planificar las obras. Y el de Economía, diseñar los mecanismos financieros para costearlas. Pero ambos tenemos el mismo diagnóstico sobre la Argentina, que atraviesa una situación muy dura.� Con esta sentencia, Nicolás Gallo intentó disipar dudas acerca de las diferencias de criterio que mantiene con el ministro de Economía. Sin embargo, ni los roles son tan nítidos ni la comunión de ideas entre los ministros es tan sólida. Valga de ejemplo que Gallo tenía prácticamente listo un nuevo esquema de contrato con los adjudicatarios de trenes urbanos, sobre la base de un aumento tarifario no superior al 5 por ciento anual y una prórroga de quince años, adicionales a los diez de esta concesión. Pero acuciado por la necesidad de inversiones que motoricen la economía, Machinea rompió el esquema proponiendo a los concesionarios prorrogar sus contratos por más tiempo y sin un límite tan nítido a la posibilidad de aumentar tarifas. Todo con tal de que anticipen obras. |
Bateria de reclamos de los constructores
�Queremos un fuerte compre nacional�
Por C.C.
�La cuestión es que se garantice la participación nacional en el plan�, sentenció ante este diario Aldo Roggio, vicepresidente de la CAC. La preocupación del empresario cordobés está a tono con la que manifestaron sus colegas en la ronda de preguntas a Nicolás Gallo. Las exigencias se dispararon en un doble sentido: que el Estado priorice a las firmas locales en sus contrataciones y que el gobierno intente forzar a las empresas privatizadas para que hagan lo propio.
Para defender sus intereses, los constructores cuentan con el sólido asesoramiento técnico de varios ex funcionarios. Al ex titular de la Sigen, y vicepresidente del grupo Bapro, Alberto Abad, se sumaron el del ex secretario de Legal y Técnica de Domingo Cavallo, Horacio Liendo, y el de quien fuera hasta 1996 procurador del Tesoro, Alberto García Lema.
Pero ayer los empresarios no necesitaron apoyo alguno para exigirle al Gobierno que les garantice un lugar en el prometedor negocio de la construcción. �Nuestra industria sufrió mucho. Capataces y obreros pierden permanentemente puestos de trabajo�, se conmovió Eduardo Baglieto, en la apertura del almuerzo. Poco después, sus colegas acribillaron a Gallo con espontáneos reclamos para frenar la competencia de firmas extranjeras.
�¿Están pensando en instrumentar alguna forma de compre nacional?� �Los concesionarios de servicios públicos ejecutan sus planes de obras contratando a empresas extranjeras.� �¿Se puede hacer algo para evitarlo?� Esas fueron las principales cuestiones planteadas por los constructores. Gallo admitió que el tema es materia de preocupación y estudio en el Gobierno, aunque no asumió expresamente ningún compromiso en este sentido, salvo en el caso de Yacyretá. Al licitar las obras que faltan para ampliar la represa, el Gobierno dará una preferencia a las empresas locales: si éstas perdieran una licitación, tendrán la posibilidad de igualar a la mejor oferta y transformarse en ganadoras. Una muy buena noticia para el mediodía.
Ignacio de Mendiguren, secretario de la Unión Industrial Argentina, también tuvo oportunidad de decir lo suyo. �Las compras nacionales tienen un rol fundamental en la economía argentina. Cuando se lanzó el negocio de las telecomunicaciones, pensábamos que íbamos a participar. Pero no fue así�, se quejó el directivo de la UIA. Gallo salió airoso del paso. �Les vamos a enviar el borrador del decreto que desregula las telecomunicaciones, y ustedes podrán sugerir lo que quieran para mejorar la participación de las empresas nacionales en ese proceso de inversión de 4 mil millones de dólares.� Segunda gran promesa de la jornada.
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