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Se negaba a declarar y quedó preso
sin límite, para que reflexione

Los camaristas que atienden el Juicio por la Verdad en Bahía Blanca dispusieron el arresto �sin límite de tiempo� del represor Santiago Cruciani porque no quiso testimoniar en un caso de torturas.

De izquierda a derecha, los camaristas bahienses Vivot, Cotter y Argañaraz. 
La abogada Mántaras dijo que �Cruciani conocía a todos los secuestrados�.
 


t.gif (862 bytes) La Cámara Federal de Bahía Blanca tomó ayer una decisión sin precedentes en los juicios por la Verdad para conocer el destino de los detenidosdesaparecidos: dispuso la prisión �sin límite de tiempo� de Santiago Cruciani, el ex suboficial del Ejército que se negó a declarar. Conocido por su alias de �Mayor Mario Mancini�, fue denunciado como torturador del centro clandestino de detención llamado �La Escuelita� de Bahía Blanca. El verdugo, que también se hacía apodar �Tío�, fue insultado por los familiares y víctimas antes de ser trasladado a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario de Mendoza.
La decisión de los camaristas Luis Alberto Cotter, Angel Argañaraz y Augusto Fernández Vivot, quienes se trasladaron a Mendoza para tomarle declaración a Cruciani, avanza sobre el criterio aplicado por la jueza de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, quien hace poco más de un mes encarceló durante 48 horas �para que reflexionen� a los militares que se negaron a prestar testimonio en el Juicio por la Verdad que se instruye en esa provincia. Esas detenciones provocaron una andanada del Ejército contra esos juicios que provocan �inquietud� en la fuerza.
La abogada Mirta Mántaras recordó a Página/12 que �Cruciani conocía a todos y cada uno de los secuestrados, con nombres y apellidos, sus fotos estaban en un álbum y sus datos íntegros volcados en �declaraciones� que hacía firmar�. En �la Escuelita� de Bahía Blanca, el �Tío� torturó con sadismo a los secuestrados y aprovechó �la experiencia� acumulada al lado del general Adel Vilas al comienzo de la represión en Tucumán. Mántaras explicó que �hay una nutrida correspondencia mantenida con secuestrados liberados o familiares de desaparecidos, firmada como Mario Mancini, y curiosamente hasta hoy mantiene doble identidad: se ignora si su verdadero DNI es aquel con el que vota o con el que le pagan la pensión como suboficial retirado del Ejército�. 
Cruciani se había excusado de declarar porque tiene un enfisema pulmonar que le impedía viajar a Bahía Blanca. Los médicos forenses confirmaron el diagnóstico pero dada la trascendencia del testimonio, los camaristas decidieron trasladarse a Mendoza. Los jueces consideraron que Cruciani cometió el delito de falso testimonio entendido como la persona reticente a decir la verdad, no sólo aquella que oculta o miente. 
Mántaras reivindicó la actitud de los camaristas que �aplican la ley vigente y marcan un camino que demuestra que cuando se trata de la verdad se puede avanzar y no hay que permitir vericuetos como los que pretende la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, para entorpecer las investigaciones�. La abogada remarcó que �el derecho a la verdad no sólo morigera el sufrimiento de las víctimas porque el Estado tiene la obligación de dar la información sino que apunta a que la sociedad elabore los anticuerpos necesarios para desterrar posibles genocidios�.
La larga lista de preguntas que habían preparado los camaristas para Cruciani quedaron ayer sin respuesta. El �Tío� podrá disponer de todo el tiempo que considere necesario para romper el silencio: eso sí, entre rejas. 

 


 

La Legislatura votaria hoy el traspaso del predio
Cómo devolver la ESMA a los porteños

Por Martín Granovsky

Si ningún diablo se interpone en el camino, la Legislatura podría convertir hoy en ley un proyecto para recuperar el control porteño del terreno donde se edifica la Escuela de Mecánica de la Armada y convertirlo en Museo de la Memoria. La intención choca contra la del Ministerio de Defensa, que quiere instalar allí un centro educativo de las Fuerzas Armadas. 
El proyecto de ley es simple, corto y sólo tiene dos artículos. El primero revoca la cesión por la que la Capital Federal entregó el predio de Avenida Libertador, entre el 8100 y el 8400, al entonces Ministerio de Marina. La resolución es de 1904 y se publicó en el Boletín Oficial 20 años después. El segundo artículo simplemente dice que el lugar será utilizado para que funcione el Museo de la Memoria, tal como lo estableció una resolución del Concejo Deliberante de 1996. 
Allegados a los distintos bloques dijeron ayer que hay acuerdo para que el proyecto se trate sobre tablas, para lo cual estaría asegurado el mínimo de los dos tercios de los votos de la Legislatura. En favor de este pronóstico aseguraban que el texto tenía la firma de legisladores de todos los bloques, entre ellos los aliancistas Daniel Bravo y Dora Barrancos, las justicialistas Raquel Kismer y Alicia Pierini y la belizista Patricia Pierángeli.
El Gobierno de la Ciudad, cuando ejercía su jefatura Fernando de la Rúa, inició una causa judicial para apoyar el reclamo de que el terreno de la ESMA volviera a ser propiedad de los vecinos. 
Hace dos semanas el Ministerio de Defensa a cargo de Ricardo López Murphy, un ministro de aquel jefe de Gobierno que se convirtió en Presidente, invalidó de hecho la iniciativa al proyectar el uso de la ESMA para objetivos militares. 
Si hoy la ley queda aprobada, las idas y vueltas en la Justicia, dicen los legisladores, podrían quedar convertidas en una cuestión abstracta. Si la Marina, por el contrario, insistiera en retener el terreno, el Poder Ejecutivo tendría que elegir entre dos alternativas: o legitimar al De la Rúa de ayer, y pasar el predio para museo; o desautorizar al antiguo De la Rúa, y con él a la Legislatura, y dejar el terreno para Defensa. 
El proyecto invoca el artículo quinto de la vieja resolución municipal. �Dispuso que si se le diera otro destino, el predio regresaría al poder de la Municipalidad con todas las construcciones que se hubieran efectuado sin derecho a indemnización alguna�, recuerda. 
La forma amistosa de resolver el tema, algo lógico por la sintonía entre el gobierno nacional y el porteño, podría ser un convenio entre ambos.
Daniel Bravo aclaró que la Legislatura no está pidiendo todo el predio. La Escuela de Guerra podría funcionar en otra parte del terreno. �Creo que ambas cosas podrían convivir, y así los que vayan a la Escuela de Guerra sabrán lo que no hay que hacer�, dijo el legislador a Página/12 durante un debate publicado por este diario la semana pasada. 

 

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