Por Mariana Carbajal
 Un comité de veintidós expertos, convocados por la Defensoría del Pueblo y el Gobierno porteño, concluyó que no es necesaria una autorización judicial para llevar adelante una ligadura de trompas de Falopio, siempre que exista una prescripción médica para la operación. Pero advirtió que la indicación terapéutica debe tomarse con un criterio amplio de salud, es decir, contemplando aspectos psicosociales y emocionales de la mujer y no sólo si su vida corre riesgos con futuros embarazos. Además, acordaron que no es necesario el consentimiento del esposo o pareja de la paciente, como exige la Red Perinatal, una entidad integrada por jefes de servicio de obstetricia de los hospitales porteños (ver aparte). �Es un paso muy importante para facilitar el acceso a las mujeres más pobres de la ligadura de trompas�, destacó Alicia Oliveira, ombudsman de la ciudad. Tras escuchar las conclusiones de los especialistas, el secretario de Salud, Pablo Bonazzola, se comprometió a tomarlas en cuenta para dictar una resolución que reglamente la intervención en los hospitales públicos.
El objetivo de la convocatoria fue debatir la recomendación que la Defensoría del Pueblo envió en marzo a la Secretaría de Salud para evitar que se exija una autorización judicial a las mujeres que solicitan una ligadura de trompas en el sector público. Se sabe que en los consultorios privados la misma operación se realiza sin restricciones. �Las conclusiones serán elevadas al secretario Bonazzola�, precisó Oliveira.
Del encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Savoy, participaron especialistas de primer nivel en bioética y salud reproductiva del campo jurídico, médico y académico. Entre otros, estuvieron el juez marplatense Pedro Hooft, titular de la Asociación Argentina de Bioética; el médico Roberto Nicholson, ex presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Esterilidad y Fertilidad; Graciela Vidiella, doctora en Filosofía y docente de Etica de la UBA; Diana Galimberti, titular de la Asociación Argentina de Salud Reproductiva y Sexual; y Oscar Contreras Ortiz, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires.
Los expertos discutieron el tema desde la mañana y por la tarde, en presencia del secretario de Salud, leyeron sus conclusiones. Los principales puntos de acuerdo fueron los siguientes:
uNo debe haber una intervención judicial, es decir, no es necesario que se le exija a la mujer que presente una orden de un magistrado para llevar adelante la operación, como ocurre actualmente en los hospitales públicos.
 Debe existir una indicación terapéutica clara.
La prescripción médica debe contemplar no sólo el hecho de que futuros embarazos impliquen peligros biológicos sino también riesgos psicosociales y emocionales en la mujer.
Debe requerirse sólo el consentimiento informado de la paciente, es decir, se descarta la necesidad del permiso del esposo o pareja para realizar la ligadura.
La intervención se debe practicar sólo en casos excepcionales.
Es necesario modificar la ley de Ejercicio de la Medicina en relación con la definición de salud, para incluir un concepto más amplio al tradicional, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
El tema de la ligadura de trompas despierta polémica porque en el sector público los médicos se niegan a practicarla si la mujer no consigue una orden judicial, por temor a futuras demandas. Alegan que el Código Penal considera como �gravísima� una lesión que afecte �la capacidad de engendrar o concebir�. Pero los jueces se resisten a firmar un permiso porque consideran que no es necesaria cuando �como dice la ley de Ejercicio de la Medicina� existe una indicación terapéutica para la operación de infertilidad. La postura más restrictiva en relación con la ligadura fue sustentada ayer por Contreras Ortiz, director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la UBA. Contreras Ortiz alegó que es indispensable la autorización de un magistrado, e incluso, la del marido. Sin embargo, como quedó reflejado en las conclusiones, su posición fue minoritaria.
| Los médicos y el �amigo�
Médicos de hospitales porteños �agrupados en la Red Perinatal� se resisten a que sea sólo la mujer que solicita una ligadura de trompas quien firme el consentimiento para la operación. En una recomendación elevada al Gobierno porteño días atrás �a la que tuvo acceso Página/12�, opinan que su decisión debe ser avalada por la de �su esposo, pareja o amigo�.
Esta posición fue criticada es duros términos por la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, durante el debate de expertos. �Nos parece inaceptable�, cuestionó Oliveira. Y continuó: �Afecta gravemente normas éticas que no son otras que la relación de confidencialidad entre médico y paciente, degrada la condición de la mujer a un ente sin capacidad y afecta el derecho de intimidad de la misma�.
El dictamen de la Red Perinatal lleva la firma del abogado Albamonte, de la Asociación de Médicos Municipales y de una veintena de jefes de servicios de Obstetricia y Materno Infantil de hospitales porteños, entre otros, Elsa Nigro, del Argerich; Angel Moggia, del Piñero; y Horacio Giménez, del Ramos Mejía. |
LA LEY DE SALUD REPRODUCTIVA
�A poblar la Patagonia�
�No destruyan más a la familia�, gritó un estudiante que llevaba en su carpeta una calcomanía de Cavallo + Beliz. �Vayan a poblar la Patagonia�, completó una adolescente irritada. El escándalo en la Legislatura fue tan grande que el análisis del proyecto de ley de Salud Reproductiva no pudo completarse ayer.
El liderazgo de la oposición al debate corrió por cuenta de Lita de Lazzari, quien era seguida por un grupo de estudiantes, muchos de ellos identificados con distintivos de la Universidad Católica Argentina.
En el encuentro se habían reunido integrantes de las Comisiones de Salud y Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad para tratar el proyecto. La sesión �presidida por las legisladoras Clori Yelicic, María Elena Naddeo y Juliana Marino� incluyó la exposición de un panel de expertos entre los que se contaban la Defensora Adjunta Diana Maffía, los médicos Roberto Nicholson, Armando Arroyo, Diana Galimberti y Guillermo Romero y el abogado Cristian Conen, director del Instituto de Familia de la Universidad Austral.
Pero a poco de comenzadas las exposiciones, integrantes de la Liga de Amas de Casa, el Centro Cultural Reconquista �un grupo que hace poco más de un mes comenzó una �campaña pro-vida� por correo electrónico� y una cantidad de adolescentes irritados comenzaron a interrumpir (y, por momentos, a insultar) a los oradores. Terminada la participación de los expertos, la decisión fue pasar a un cuarto intermedio y tratar la iniciativa a sala cerrada.
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