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 Senadores y diputados justicialistas, por un lado, y el representante legal de la CGT disidente que conduce Hugo Moyano, por el otro, lanzaron ayer una ofensiva contra el decreto de necesidad y urgencia firmado por Fernando de la Rúa que establece un recorte en los salarios de los trabajadores estatales. Mientras los legisladores buscarán la derogación del decreto, la central obrera intentará demostrar ante la Justicia la �inconstitucionalidad� de la norma, y amenaza con llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos�. Legisladores aliancistas también objetaron el sistema elegido para poner en marcha las medidas de ajuste, y le reclamaron a Carlos �Chacho� Alvarez mayor participación parlamentaria en las decisiones del Ejecutivo.El representante legal de la CGT disidente, Héctor Recalde, anunció ayer que iniciará �acciones legales en la Justicia nacional e internacional� para reclamar la inconstitucionalidad de un decreto firmado por el ex presidente Carlos Menem que �autorizó rebajas salariales� en su momento, y que le otorgaría legitimidad al decreto en ese mismo sentido que firmó hace unos días el presidente De la Rúa. Recalde dijo a Página/12 que analizará �la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que convalidaría la rebaja salarial dispuesta por el decreto 290-95, que firmó el ex presidente Carlos Menem�, ya que el texto de la medida dispuesta ahora por el gobierno aliancista �es prácticamente un calco� de la anterior. Ese decreto �según afirma el abogado� fue considerado inconstitucional en diversos fallos de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. El letrado agregó que, �si la sentencia de la Corte convalidara una norma inconstitucional�, como entiende que es el decreto 430-2000 que firmó De la Rúa, �se iniciarían acciones judiciales en contra de esa disposición�. Y explicó que tratándose de �salarios de naturaleza alimentaria, en consecuencia, son de derechos humanos�. Después de recordar que la Alianza había presentado varios pedidos de juicio político que alcanzaban a los miembros que hoy integran el tribunal supremo, Recalde dejó en claro la intención de la CGT disidente de recurrir no sólo a la Justicia nacional sino también a los organismos internacionales al advertir que �en su momento se recurrirá también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)�. En el Congreso, senadores y diputados justicialistas propusieron ayer -mediante dos presentaciones� la derogación del decreto 430/2000 del Poder Ejecutivo que redujo entre un 12 y un 15 por ciento los salarios de la administración pública nacional y los del Poder Legislativo que fue publicado el 31 de mayo en el Boletín Oficial. Una de las propuestas fue impulsada por el senador Jorge Yoma y sus pares de banca Ricardo Branda, Eduardo Arnold y Horacio Zalazar. Según ellos el decreto �se encuentra en pugna con los principios laborales básicos, deja de lado la estabilidad y el principio de la remuneración justa�. En la Cámara baja el proyecto por el que se pide �derogar� el decreto corrió por cuenta del puntano Oraldo Britos con la firma de María Rita Drisaldi, Omar Becerra, Saúl Ubaldini y Javier Mouriño. En sus fundamentos reconocen que la Alianza �recurrió a una práctica que equivocadamente también utilizó nuestro gobierno (el de Carlos Menem), dictando normas de carácter legislativo y cuyo contenido es propio, no de decretos de necesidad y urgencia, sino competencia exclusiva del Poder Legislativo�. El malestar por el decreto también alcanzó al oficialismo. El vicepresidente Carlos Alvarez tuvo que calmar ayer a los senadores de la Alianza, con quienes estuvo reunido durante cuatro horas en la Casa de Gobierno. Los cuestionamientos giraron en torno de la falta de consulta a los legisladores a la hora de disponer la medidas que alcanzaron los recursos del propio Parlamento.
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