SALIO EL DECRETO DEL NUEVO SISTEMA DE COMPRAS DEL ESTADO
Para limpiar de polvo y paja

Por Cledis Candelaresi 
Fernando de la Rúa ya firmó el decreto que dispone reformular el sistema de contrataciones y compras del Estado, con miras a darle más transparencia. Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es el que baja de un millón a 300 mil pesos el monto mínimo de las operaciones a partir del cual las reparticiones públicas tienen que convocar a una licitación. Estas y otras medidas para limitar la discrecionalidad de los funcionarios y la cartelización de proveedores están plasmadas en la nueva norma, anunciada el lunes pasado como parte del ajustazo. 
El Gobierno intenta con ese decreto erradicar los sobrecostos que generan las ineficiencias administrativas y la corrupción. El ministro de Economía, José Luis Machinea, prometió que la disciplina fiscal también incluiría la depuración de los procedimientos que utiliza el Estado para hacer sus compras. En rigor, el decreto ya debía haberse promulgado hace un par de meses, pero el análisis fino de los departamentos jurídicos oficiales y la presión de las empresas afectadas produjeron la primera demora. Después, el Gobierno juzgó que era políticamente más conveniente integrarlo al último paquete de medidas para demostrar que no sólo ahorra recortando salarios sino también eliminando sobreprecios. 
Según estiman en Economía, con el nuevo régimen de contrataciones el Estado podría ahorrarse alrededor de 200 millones de pesos anuales. En gran medida, el decreto aliancista está fundado en una norma de Carlos Menem que nunca llegó a promulgarse por el fuerte lobby de los contratistas públicos, nucleados en la Unión de Proveedores del Estado. Muchas de las restricciones que provocaron resistencias de las empresas entonces reaparecen en el nuevo decreto:
Todas las contrataciones superiores a los 300 mil pesos deberán resolverse mediante una licitación pública. Hoy este límite es de 1 millón de pesos. Algunos funcionarios involucrados en la tarea admiten que es una baja demasiado drástica, que hasta podría complicar la ejecución de decisiones sencillas. 
Se tendrán que publicar todos los proyectos de pliego antes que sean oficializados como bases de los concursos. El propósito es evitar las licitaciones �a medida�. 
Se abrirá un registro único de proveedores del Estado con el fin de hacer un seguimiento de las propuestas de cada uno. El objetivo es detectar proveedores que ofrezcan el mismo producto a precios muy diferentes según la repartición pública que los contrate. La idea es evitar la cartelización: que un puñado de proveedores del mismo producto se repartan los concursos ofreciendo �individual y rotativamente� el precio mayor y el menor. 
Se podrán hacer compras consolidadas, de manera tal que varias reparticiones públicas podrán unirse para comprar el mismo bien. De ese modo se daría mayor poder negociador al Estado y, al mismo tiempo, se armaría una trama de controles cruzados entre todas las dependencias que participen. 
Compras abiertas. En lugar de comprar todo de una vez, el Estado podrá licitar según el precio unitario de un bien (por ejemplo, una computadora) y recibir las partidas gradualmente. Esto le permite más control sobre la calidad de los productos que contrata y ahorrar dinero en depósitos.
El nuevo régimen de contrataciones es parte del proyecto que concibió el Gobierno antes de asumir, para dotarlo de más transparencia. Uno de los promotores políticos de esta iniciativa fue el vicepresidente, Carlos Alvarez, de los más preocupados por dar señales al electorado aliancista de que la promesa de erradicar la corrupción se traduce en hechos concretos.