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Por Cledis Candelaresi  En
medio de un ajuste cruento, el ministerio de Infraestructura tiene que hacer
obra pública sin demandar un peso del Tesoro, suspender subsidios
sin generar juicios contra el Estado y renegociar contratos de servicios
privatizados sin incluir tarifazos. Nicolás Gallo, uno de los ministros
política y afectivamente más cercanos a Fernando de la Rúa,
asegura que es posible todo eso y un poco más. En diálogo
con Página12, reveló además que tiene in mente promover
una especie de “compre argentino” para que las empresas nacionales
tengan preferencia en las futuras licitaciones y sean proveedoras prioritarias
de las privatizadas. También confió su receta para reformular
contratos sin caer en el objetable procedimiento de la adjudicación
directa.–Parece que usted anda a contramano del resto del gabinete, en particular de Economía: todos se dedican a recortar, mientras usted inventa formas para que el Estado pueda seguir gastando en obras públicas. –Yo tengo la misma sensación de ir a contramano... Pero no conozco ninguna empresa que haya salido al frente bajando gastos. –Pero eso es precisamente lo que está haciendo la Argentina. –Por eso necesita hacer algo más: invertir. En el presupuesto 2000 sólo tengo disponibles 200 millones para inversión directa, menos de lo que tenía en la ciudad de Buenos Aires (cuando fue secretario de la Producción, durante la gestión De la Rúa). Por eso tuve que buscar mecanismos inteligentes de financiamiento. –¿Tuvo diferencias de criterio con Economía en esa búsqueda? –Lo que tenemos son roles diferentes. Yo planifico y Economía tiene que contener el gasto y la deuda. Pero el fondo de garantía que anunciamos es una solución conjunta. Lo que yo les propuse fue el sistema inglés (la empresa privada hace y mantiene una obra que el Estado paga en cuotas y con la garantía del fondo), y les gustó. Este es simplemente un sistema contable diferente, que le da a los empresarios mayor seguridad de que el Estado cancelará su deuda. –¿No cree que el Estado tenía otros mecanismos para mejorar sus cuentas, que hubiesen evitado la rebaja salarial? –Yo, simplemente, me alineo con lo que propuso Economía, que, seguro, es la fórmula viable hoy. A nadie le gusta bajar los salarios. Pero hay que ver con realismo qué pasa con el gasto público corriente. Otra cosa es la inversión, que involucra el futuro. –Algunos legisladores de la Alianza proponen reimplantar los aportes patronales a las empresas privatizadas. ¿Qué le parece la idea? –No sé qué efectos puede tener eso en la práctica. Pero es muy factible que provoque un incremento de tarifas. Si esto ocurriese, perjudicaría a toda la sociedad, mientras que en el caso de la rebaja salarial, el problema lo sufre un sector, en el que yo me encuentro. –¿Y cree viable una ley que impida la indexación tarifaria? –Uno no puede congelar todo en un contrato de quince o veinte años porque la economía se mueve. El problema es cuando se atan las tarifas a conductas exógenas como los precios de los Estados Unidos. En el informe de Ocraba–órgano regulador de los accesos capitalinos– nosotros observamos que la evolución de esos precios resultó muy superior a la de los argentinos. Esto produjo para los concesionarios un enriquecimiento sin causa. Si la situación hubiese sido inversa, ellos se habrían acercado al Estado para pedir que los compensaran. Más razonable es atar el precio de los servicios, por ejemplo, al costo de sus insumos. En el caso del peaje, al precio del cemento, y así por el estilo. –¿Puede decirse que usted es el keynesiano del gabinete nacional? –... Keynes era un lord y yo de lord tengo poco (risas)... Pero si ser keynesiano es promover la inversión pública como motor de desarrollo, soy keynesiano. Creo que el Estado debe tener un rol activo y que puede hacer mucho mejor las cosas. Creo que no está controlando como debe, que delegó poderes que no debía haber delegado...–¿Por ejemplo? –Por ejemplo, no debería haber delegado la administración de las inversiones públicas que quedaron en manos de las empresas concesionarias. Ellas invierten un dinero cautivo cuasifiscal, ya que se trata de la recaudación de tarifas públicas. El Estado puede no sólo controlar sino invertir. Con el intendente de Rosario estamos previendo que entre Vialidad y el municipio se ocupe de completar y mantener las redes de accesos a la ciudad, tal vez cobrando peaje. Yo mismo tuve una buena experiencia cuando recuperé para AUSA–dueña de las autopistas elevadas que cruzan la ciudad de oeste a este– para Buenos Aires. Esa empresa trabaja con niveles de eficiencia superiores a los de la actividad privada. –Una parte importante del Plan de Infraestructura descansa sobre los proyectos de las empresas privatizadas, que están en revisión. ¿Eso no le quita solidez? –Nosotros ya tenemos una idea de cuánto se va a invertir. –¿Eso significa que ya están cerradas las renegociaciones? –Al menos desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, en el caso de las renegociaciones de trenes urbanos, tenemos previsto prorrogar los contratos 14 años: 10 según prevé el contrato original, con lo que se llega a 20 años, con un añadido del 20 por ciento del tiempo, posibilidad que contempla la actual ley de Obras Públicas. Y nuestra idea es que las tarifas no aumenten más del 5 por ciento anual. Es una proyección razonable porque, además, los precios de los distintos medios deben ser comparables y el tren está por debajo del resto. –Según las empresas, Economía desbarató ese esquema con la propuesta de extender aún más los plazos y sin un límite tan cerrado para el aumento de tarifa. –Economía verá luego los borradores. Pero por ahora no está interviniendo para nada. Nuestro esquema para renegociar consiste en perfeccionar el contrato básico con las normas vigentes. Si hiciéramos otra cosa correríamos el riesgo de caer en una adjudicación directa, algo que sólo se justificaría si hubiese un dictamen de la Procuración del Tesoro avalándolo por un estado de necesidad. –En el almuerzo de la Cámara Argentina de la Construcción muchos empresarios le reclamaron alguna preferencia para las empresas nacionales en las obras públicas. ¿Se está estudiando alguna norma en este sentido? –A mí me encanta la idea. No se está estudiando todavía una norma, pero vamos a ir incorporando alguna cláusula en los futuros pliegos. Yo ya le pedí a la Entidad Binacional Yacyretá que para ampliar la cota dé preferencia a las empresas argentinas. A veces se busca el mejor precio. Pero si éste lo trae una empresa del exterior, gran cantidad de profesionales y técnicos argentinos se quedan sin el trabajo. ¿Quién se baneficia? La obra resultará más barata, pero a costa de generar más desocupación. –¿Se puede hacer algo para garantizar una preferencia similar en las compras de las privatizadas? –En los pliegos telefónicos existía esa preferencia. Pero no se cumplió (la mayor parte de los equipos fueron importados) y se permitió incumplir. Bien se podría impulsar en la Argentina una ley similar al buy american que tiene Estados Unidos y que obliga a sus estados a dar prioridad a las empresas norteamericanas. ¿Acaso no aprendemos de ellos? –Pero ¿no podrían argumentar las privatizadas que se vulnera la seguridad jurídica, en caso que sus contratos no hubieran previsto esto? –Primero deberían demostrar que la nueva ley les produce un perjuicio.
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Se
impulsará una especie de compre nacional.