Por
L.V.
Carlos “Chacho” Alvarez admitió que bajar el sueldo
a los estatales le genera “una suerte de crisis personal”. De
cara a una semana que estará cruzada por las protestas sociales,
y al término de otra en la que debió enfrentar duros cuestionamientos
al ajuste desde sus propias filas, el vicepresidente volvió ayer
a defender el paquete económico, pero reconoció que “las
medidas de coyuntura muchas veces entran en contradicción con las
convicciones de uno, con lo que uno venía planteando”.
Su nuevo respaldo al ajuste tuvo un argumento central: “El país
debe recuperar la confianza de quienes están dispuestos a invertir
para generar puestos de trabajo”, argumentó poco después
de acompañar a De la Rúa en la conferencia de prensa en la
que el Gobierno reafirmó el rumbo de la política económica,
y mostró su optimismo en cuanto al futuro de las cuentas públicas.
La “cierta ambigüedad” o “suerte de crisis personal”
que según Alvarez le producen algunas de esas medidas –”por
ejemplo, cuando hay que bajar sueldos a los empleados estatales”, especificó–
también mereció una puesta en contexto. “Tal como funciona
el mundo hoy –dijo el vicepresidente–, la búsqueda del
equilibrio supone un camino bastante angosto entre devolverle la confianza
a la Argentina frente a aquellos que tienen capacidad de invertir y lo que
votó la gente, las expectativas de la sociedad.”
Las declaraciones radiales del vicepresidente se escucharon luego de que
Fernando de Santibañes, el principal impulsor del recorte de los
gastos del Estado, considerara públicamente que el ajuste no había
calado lo suficientemente hondo. Entre otras cosas, el titular de la SIDE
–y hombre de máxima confianza de De la Rúa– se quejó
de la marcha atrás en el cierre de la imprenta del Congreso y de
la reestructuración de la agencia Télam. Y reclamó
al Ministerio de Economía que la continuidad de esos gastos se compense
con recortes en otros sectores del Estado. Su pedido fue condenado por la
Asociación de Trabajadores del Estado, integrante de la CTA, una
de las centrales que convocaron al paro de este viernes, que anunció
que multiplicará las medidas de fuerza con cada medida que profundice
el ajuste. “Si reduplican el ajuste –dijo la ATE–, reduplicaremos
la protesta.”
El domingo, en un reportaje publicado por Página/12, Alvarez justificó
su respaldo a las medidas económicas, y reconoció que serían
insuficientes si no son acompañadas por políticas activas
en lo social. En la misma línea, ayer agregó que su convicción
sigue siendo que “una economía fuerte se construye con salarios
fuertes, con poder de consumo y con un mercado interno dinámico,
pero la coyuntura exige determinadas medidas que son duras y difíciles
de tomar”. Medidas que “muchas veces”, abundó, “entran
en contradicción con las propias convicciones y con lo que uno venía
planteando”.
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OPINION
Por
Gerardo Martínez *
El
peligro de demonizar a los trabajadores
El
rebrote de la protesta social ha hecho caer al Gobierno en la tentación
de demonizar al movimiento obrero. El reflejo del oficialismo de
la Alianza ha sido el habitual en gobiernos involucrados en las
políticas del ajuste perpetuo: identificar al movimiento
de los trabajadores como el supuesto agresor de la sociedad civil
por el solo hecho de cometer el “delito” ser el canal
legítimo de expresión de la bronca del pueblo. Para
lograr ese objetivo, el aparato de propaganda del Gobierno eligió
el recurso de intentar ocultar la realidad detrás de la retórica
más previsible. Se buscó privilegiar como resultado
de la concentración de la Plaza de Mayo las opiniones individuales
de algunos dirigentes sobre cuestiones fiscales, para esconder que
la demanda central del pueblo autoconvocado es que los gobernantes
tomen medidas eficaces para que en la Argentina el trabajo vuelva
a ser sinónimo de dignidad. Se buscó deslegitimar
la convocatoria por la gran cantidad de sectores que convergieron
en el acto, para no asumir que la inmensa mayoría de las
expresiones políticas del pueblo argentino comparte el repudio
a las políticas del ajuste perpetuo. Se intentaron también
comparaciones mentirosas con respecto a lo ocurrido en la última
década, buscando asentar la impresión de que los trabajadores
organizados aceptamos sin resistencias las políticas de precarización
del empleo, como si fuera posible borrar de la historia los paros,
las concentraciones y las marchas que protagonizamos desde la CGT,
el MTA, el CTA y nuestras propias organizaciones, cuando la avaricia
patronal pretendió usar el aporte que hicieron los trabajadores
en la lucha contra la inflación para aumentar sus tasas de
ganancias a través de la baja coercitiva de los salarios
y el deterioro infame de las condiciones de trabajo, de modo tal
de asegurar sus ingresos sin ningún riesgo y sin ningún
tipo de competencia global. La raíz de la presente crisis
fiscal que ha llevado al Gobierno a bajar los salarios de centenares
de miles de trabajadores tampoco puede escudarse en las excusas
de la “herencia recibida”.
Antes de las elecciones presidenciales, algunos de los más
importantes economistas anunciaron –a pesar de las desmentidas
de los candidatos– que era necesario bajar salarios para poder
mantener la ecuación de la Convertibilidad. Para colmo de
males, según la confesión que el propio presidente
De la Rúa hizo en los medios de comunicación, el primer
ajuste anunciado al comienzo del Gobierno fracasó porque
el propio Gobierno tomó decisiones políticas –como
la de incorporar el Fondo de Incentivo Docente al Presupuesto nacional–
que abultaron el gasto más allá de las previsiones
de la ley de Responsabilidad Fiscal y de los acuerdos con el FMI.
Para sostener el gasto no alcanzó la suba de impuestos decretada
en el Congreso en enero, cuyo único resultado visible fue
matar la reactivación que se verificaba a fines de 1999 y
hacer crecer hasta el infinito el angustiante horizonte de la recesión.
La ley laboral que el Gobierno quiso transformar en su primera batalla
política creó las condiciones para que la reducción
de salarios se concrete en el sector privado. Las medidas de ajuste
anunciadas el 29 de mayo las consagraron en el sector público.
La “herencia” que mortifica al pueblo es la recesión
que no declina, la desocupación que crece y esta angustiosa
sensación de que siempre se busca ajustar la economía
por los que menos tienen. Es inaceptable banalizar esa tragedia
nacional, para permitirle al Gobierno eludir responsabilidades con
constantes apelaciones a un pasado que en el discurso oficial aparece
como demasiado pesado y difícil para ser derrotado desde
nuestro presente. No hay campaña capaz de tapar las dolorosas
heridas que hoy padece el cuerpo de la sociedad, comenzando por
los trabajadores y sus familias. La experiencia histórica
muestra que el movimiento obrero siempre supo derrotar con la fuerza
de la verdad las artimañas de la propaganda y de la retórica.
Que nadie se extrañe si el movimiento obrero juega en los
próximos meses todo su poder y su influencia en la batalla
por asegurar que la inmensa mayoría de losargentinos participe
en igualdad de condiciones del mundo de la producción y del
trabajo.
* Secretario general de la Uocra.
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