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A cuatro días de un nuevo paro general, el Gobierno salió
a profundizar la embestida contra al sindicalismo. Fernando de la Rúa
asumió en persona la tarea al asegurar que una huelga “no
ayuda a construir nada” y, de paso, tildar de “reaccionaria”
la desobediencia fiscal propuesta por líder de la CGT rebelde,
Hugo Moyano. Desde la vereda gremial, no tardaron en responderle al Presidente.
“El paro, cuyo objetivo es no permitir ni la rebaja de sueldos ni
los despidos, va a ser un cimbronazo para el Gobierno”, señaló
Víctor De Gennaro, titular de la Central de Trabajadores Argentinos.
De la Rúa habló en la Residencia Olivos, horas después
de retornar de su gira por Berlín. Y puso en marcha un esquema
argumental del que el Gobierno no se apartará a lo largo de la
semana: que los sindicalistas defienden intereses personales, que no están
en sintonía con la gente, y que predican posturas “rimbombantes”
para superar la crisis, a diferencia de la “sensatez” esgrimida
por el Ejecutivo en sus iniciativas.
La idea de no pagar los impuestos realizada por Moyano fue rechazado el
miércoles mismo de la protesta por todo el arco político
y social. De la Rúa habló del tema en Berlín, pero
igualmente ayer volvió sobre el tema, que terminó eclipsando
el éxito de la convocatoria a Plaza de Mayo.
“Frente a aquellos que dicen que no hay que pagar los impuestos yo
les digo que esto es una posición absolutamente reaccionaria: no
sólo significa atentar contra el Estado sino dejar en el desamparo
a los que menos tienen”, dijo el Presidente.
En un reportaje a Página/12 Moyano había subido la apuesta
el fin de semana con un desafío: “O pagamos todos o no pagamos
nadie”, dijo, señalando que hay “poderosos como Macri,
Eurnekian y muchos más que deben mucho dinero”.
De la Rúa también atacó la decisión conjunta
de la CGT rebelde, la CGT oficial y la CTA de convocar a un paro general
para este viernes, el segundo en poco más de un mes. “Frente
al paro yo digo que no es la manera de construir, porque se está
convocando al paro a quienes no han sido afectados por las medidas”,
señaló. En otras palabras, no entendía por qué
todo el país debía hacer una huelga por un recorte salarial
que afectará únicamente al sector estatal.
“Cuando la gente votó `chau Menem`, votó también
el cambio, pero ya nadie se come el verso de que hay que seguir echando
gente para resolver la desocupación”, salió al cruce
De Gennaro, quien desde la CTA sí representa, entre otros, a los
trabajadores del Estado.
Pero la medida de fuerza tiene otros aditivos, como el repudio a la desregulación
de las obras sociales y a un proyecto de modificación de la ley
de asociaciones profesionales, con la que el Gobierno buscaría
“democratizar” los gremios, según anticipó el
ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, a este diario.
Mientras el Gobierno aseguró que la competencia entre obras sociales
sindicales con las empresas de medicina prepaga “le va a asegurar
a todos la plena y mejor atención”, el secretario de prensa
de la CGT oficial, Carlos West Ocampo, consideró que “es la
peor de las privatizaciones”.
“Yo quisiera ver a Chacho Alvarez dentro de tres años cuando
haya cientos de miles de personas sin atención médica, a
quién le van a reclamar por la firma de ese decreto. Las prepagas
tienen fines de lucro y la gente no va a tener a dónde ir a quejarse.
Los que tengan enfermedades crónicas y bajos recursos van a ser
discriminados”, dijo.
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