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Raúl Kollmann La causa AMIA está literalmente entre rejas. Desde que la recibió el Tribunal Oral número 3, hace dos meses, los magistrados ordenaron poner todos los cuerpos del expediente en una especie de celda, para evitar que se pierda o que se produzcan robos de las partes fundamentales. Es que los jueces no tienen personal idóneo para manejar la causa y no cuentan siquiera con un espacio físico en el que puedan desplegar lo que contiene el expediente. Tampoco tiene el Tribunal el más mínimo soporte informático. Por esa razón, el caso está absolutamente paralizado. Los jueces del Tribunal Oral le pidieron personal a la Corte, ésta designó diez personas a su antojo y ahora los magistrados presentaron un recurso de reconsideración señalando que quieren que el personal sea elegido en base a criterios de idoneidad y confianza, porque de otra manera es imposible avanzar hacia el juicio oral. La Corte quedó en contestar y tal vez acepte el criterio del Tribunal en algunos casos. Paralelamente, la llamada Task Force, o sea el equipo especial designado por el Poder Ejecutivo para investigar el caso AMIA, presentado en forma pomposa hace dos meses, todavía no acometió tarea alguna y recién ahora se designará algún responsable (ver aparte). La investigación del atentado contra la AMIA va a cumplir seis años y los episodios de este tipo han sido la norma. Hubo pericias que se hicieron con cuatro años de atraso; al comisario Juan José Ribelli, sindicado como cómplice, le detectaron un blanqueo de dos millones y medio de pesos y todavía no se averiguó nada sobre la cuestión; hubo un testigo falso, preparado en sede policial en el año '96 y aún no hay ningún detenido por ese intento de desviar la causa. Este camino de atrasos, maniobras y falta de voluntad política para investigar parece que continúa ahora cuando la parte fundamental de la causa fue elevada a juicio oral. Los jueces Gerardo Larambebere, Miguel Pons y Carlos María Andina Allende tienen, además del caso AMIA, otros expedientes en los que deben resolver, por ejemplo, la situación de unos 60 detenidos. Con la llegada de la monumental causa del atentado, unas 40.000 páginas, el atasco se convirtió en absoluto. Tal como adelantó Página/12, los letrados de los familiares agrupados en Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, presentaron un escrito para solicitar algo elemental: fotocopias de algunos cuerpos de la causa. Fue entonces que el Tribunal tuvo que pedir oficialmente una fotocopiadora. A raíz de ello se abrió un expediente que tiene algunos ribetes casi tragicómicos: se pide la provisión de seguridad para la causa y de personal idóneo, pero además, seis tazas de café, seis cucharitas, un cenicero, papel para escribir. Es decir que la estructura que prepara el juicio carece de casi todo. Igualmente, los puntos fundamentales eran el personal que trabajará en las pruebas que deben hacerse antes de iniciar las audiencias orales, la cuestión de la seguridad y el espacio físico para leer el expediente. La idea de los magistrados era empezar el juicio antes de fin de año, pero todo parece demorado. Ante los pedidos de los magistrados, la Corte asignó diez personas al tribunal, lo que los magistrados no vieron con buenos ojos. Razonablemente, pretenden seleccionar el personal que los acompañará en lo que será, sin dudas, uno de los juicios orales más importantes de la historia del país. Por ello, los jueces quieren hacer ellos mismos la selección, en base a experiencia en materia penal y criterios de confianza. Por esa razón, el Tribunal presentó --lo que es inusual-- un recurso de reconsideración solicitando que se reviera la medida adoptada con el envío de las diez personas iniciales. Respecto del espacio físico, el máximo tribunal asignó una sala adicional del séptimo piso de Tribunales, claro que recién esta semana envió un arquitecto ya que por ahora la nueva oficina no se puede utilizar. De la fotocopiadora, ni noticias. La DAIA, a través de la letrada Marta Nercellas, hizo conocer su preocupación por las increíbles demoras y carencias del Tribunal, en tanto que Memoria Activa realizó una presentación ante el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. A primera vista, los hechos indican que a la falta de voluntad expuesta por el gobierno de Carlos Menem le sigue una actitud lenta y poco interesada de la actual administración. La causa fue elevada a juicio oral en febrero. Dos meses se perdieron porque ningún tribunal quería tomar el caso y todos se declaraban incompetentes. Ahora se perdieron otros dos meses: el expediente está tras las rejas, sin que nadie haga nada.
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