Por
Raúl Kollmann
La causa AMIA está literalmente entre rejas. Desde que la recibió
el Tribunal Oral número 3, hace dos meses, los magistrados ordenaron
poner todos los cuerpos del expediente en una especie de celda, para evitar
que se pierda o que se produzcan robos de las partes fundamentales. Es que
los jueces no tienen personal idóneo para manejar la causa y no cuentan
siquiera con un espacio físico en el que puedan desplegar lo que
contiene el expediente. Tampoco tiene el Tribunal el más mínimo
soporte informático. Por esa razón, el caso está absolutamente
paralizado. Los jueces del Tribunal Oral le pidieron personal a la Corte,
ésta designó diez personas a su antojo y ahora los magistrados
presentaron un recurso de reconsideración señalando que quieren
que el personal sea elegido en base a criterios de idoneidad y confianza,
porque de otra manera es imposible avanzar hacia el juicio oral. La Corte
quedó en contestar y tal vez acepte el criterio del Tribunal en algunos
casos. Paralelamente, la llamada Task Force, o sea el equipo especial designado
por el Poder Ejecutivo para investigar el caso AMIA, presentado en forma
pomposa hace dos meses, todavía no acometió tarea alguna y
recién ahora se designará algún responsable (ver aparte).
La investigación del atentado contra la AMIA va a cumplir seis años
y los episodios de este tipo han sido la norma. Hubo pericias que se hicieron
con cuatro años de atraso; al comisario Juan José Ribelli,
sindicado como cómplice, le detectaron un blanqueo de dos millones
y medio de pesos y todavía no se averiguó nada sobre la cuestión;
hubo un testigo falso, preparado en sede policial en el año '96 y
aún no hay ningún detenido por ese intento de desviar la causa.
Este camino de atrasos, maniobras y falta de voluntad política para
investigar parece que continúa ahora cuando la parte fundamental
de la causa fue elevada a juicio oral.
Los jueces Gerardo Larambebere, Miguel Pons y Carlos María Andina
Allende tienen, además del caso AMIA, otros expedientes en los que
deben resolver, por ejemplo, la situación de unos 60 detenidos. Con
la llegada de la monumental causa del atentado, unas 40.000 páginas,
el atasco se convirtió en absoluto.
Tal como adelantó Página/12, los letrados de los familiares
agrupados en Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, presentaron un
escrito para solicitar algo elemental: fotocopias de algunos cuerpos de
la causa. Fue entonces que el Tribunal tuvo que pedir oficialmente una fotocopiadora.
A raíz de ello se abrió un expediente que tiene algunos ribetes
casi tragicómicos: se pide la provisión de seguridad para
la causa y de personal idóneo, pero además, seis tazas de
café, seis cucharitas, un cenicero, papel para escribir. Es decir
que la estructura que prepara el juicio carece de casi todo.
Igualmente, los puntos fundamentales eran el personal que trabajará
en las pruebas que deben hacerse antes de iniciar las audiencias orales,
la cuestión de la seguridad y el espacio físico para leer
el expediente. La idea de los magistrados era empezar el juicio antes de
fin de año, pero todo parece demorado.
Ante los pedidos de los magistrados, la Corte asignó diez personas
al tribunal, lo que los magistrados no vieron con buenos ojos. Razonablemente,
pretenden seleccionar el personal que los acompañará en lo
que será, sin dudas, uno de los juicios orales más importantes
de la historia del país. Por ello, los jueces quieren hacer ellos
mismos la selección, en base a experiencia en materia penal y criterios
de confianza. Por esa razón, el Tribunal presentó --lo que
es inusual-- un recurso de reconsideración solicitando que se reviera
la medida adoptada con el envío de las diez personas iniciales.
Respecto del espacio físico, el máximo tribunal asignó
una sala adicional del séptimo piso de Tribunales, claro que recién
esta semana envió un arquitecto ya que por ahora la nueva oficina
no se puede utilizar. De la fotocopiadora, ni noticias.
La DAIA, a través de la letrada Marta Nercellas, hizo conocer su
preocupación por las increíbles demoras y carencias del Tribunal,
en tanto que Memoria Activa realizó una presentación ante
el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.
A primera vista, los hechos indican que a la falta de voluntad expuesta
por el gobierno de Carlos Menem le sigue una actitud lenta y poco interesada
de la actual administración. La causa fue elevada a juicio oral en
febrero. Dos meses se perdieron porque ningún tribunal quería
tomar el caso y todos se declaraban incompetentes. Ahora se perdieron otros
dos meses: el expediente está tras las rejas, sin que nadie haga
nada.
Task Force: en el
banco
Por
R.K.
La llamada Task Force, un inmenso equipo especial destinado a
profundizar las investigaciones del caso AMIA, fue presentado
a principios de abril en un acto realizado en la Casa Rosada.
En los dos meses transcurridos todavía ni siquiera se designó
quién va a estar a cargo y por lo tanto no se ha hecho
absolutamente nada. Ni una mínima gestión.
Recién ayer el fiscal José Barbaccia mantuvo una
reunión para ver cómo se va a organizar el equipo
especial, en tanto que la Policía Federal --que debería
tener un papel protagónico en las investigaciones-- no
recibió ninguna instrucción en estos 60 días.
En el acto de presentación, estuvieron los ministros de
Justicia e Interior, el titular de la SIDE, dos representantes
de la comisión bicameral del Congreso, el procurador nacional,
el procurador bonaerense y el jefe de la Policía Federal.
La idea era tomar 52 causas colaterales y avanzar rápidamente
en la investigación, porque de esas pesquisas podrían
salir elementos importantes para tratar de mejorar las pruebas
que hoy hay en la causa.
Por ejemplo, se iba a profundizar la investigación de algunos
de los siguientes temas: las mafias que doblaban autos y que proveyeron
la camioneta para el atentado, la empresa que depositó
un volquete en la puerta de la AMIA, la conexión islámica
local, el accionar de un grupo de carapintadas que estuvo en la
escena del atentado, el origen de los fondos que recibieron algunos
policías, la naturaleza de varias operaciones realizadas
para desviar la causa.
Hace dos meses se dio el puntapié inicial, pero la realidad
es que el equipo especial ni siquiera salió a la cancha.
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Un CD que cuida la
memoria
Parte homenaje, parte base de datos, "AMIA, 18 de
julio y después" es un CD ROM dedicado
a mantener la memoria, preservar los testimonios y educar en lo
que pasó realmente en el peor atentado terrorista de la historia
argentina. El CD fue una idea de la investigadora Ana Wainstein,
del escritor Eliahu Toker, de Lucas Lanza y Analía Sivak Oyhanarte,
que trabajaron junto a un equipo de jóvenes especialistas en computación
y comunicaciones. La iniciativa surgió "cuando vimos que había
una respuesta de la sociedad y de los medios que había que ordenar
para que no se perdiera, y a la que había que darle sentido,"
explicó Wainstein. El CD, definido como una herramienta educativa
multimedia, es muy fácil de usar, francamente bien concebido en
lo gráfico y contiene varias entrevistas en video y con audio.
Resultan particularmente interesantes las secciones dedicadas
a la producción artística y testimonial que produjo el atentado.
El CD se complementa con un site de internet --www.atentado-amia.com.ar--
que actualiza sus contenidos y donde se puede adquirirlo.
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