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Por Adriana Meyer 
El ex secretario de Desarrollo Social, José Figueroa, fue denunciado
por la Oficina Anticorrupción (OA) como presunto responsable de una
“maniobra tendiente a defraudar al fisco a través de la adquisición
de ropa de abrigo mediante el pago de importantes sobreprecios y el presunto
desvío de la mercadería adquirida”. En febrero Página/12
publicó en exclusiva que pocos días antes de abandonar el
poder el gobierno de Carlos Menem –a través de la secretaría
 de Figueroa–
otorgó un subsidio de casi dos millones y medio de pesos a la Fundación
Nuestra Familia que preside el padre Antonio Maggi, un sacerdote vinculado
a los sindicalistas Saúl Ubaldini y Jorge Triaca. El dinero estaba
destinado a la adquisición de frazadas y prendas de vestir para distribuir
entre los integrantes de poblaciones indígenas de diversas regiones
del país. Este diario había comprobado que algunos de los
destinatarios del llamado “Plan Abrigo” nunca oyeron hablar de
esa fundación. El diputado socialista Jorge Rivas había llevado
el caso a la OA.“Esto confirma nuestra sospecha de que ese dinero tenía otro destino, posiblemente para financiar campañas políticas. Y demuestra que no siempre tercerizar a través de las ONG garantiza eficiencia”, opinó el legislador. El 1 de octubre de 1999, la secretaría de Desarrollo Social que ocupaba José Figueroa –ex senador santiagueño y menemista histórico– otorgó el subsidio a esa institución para la adquisición de “frazadas, conjuntos unisex frizados, camperas, remeras, camisetas y medias”. La denuncia penal, que investiga el juzgado federal 10, fue presentada el 23 de mayo por el director de Investigaciones Administrativas de la OA, Manuel Garrido, quien detalló “la existencia de serias irregularidades en la adjudicación y en la rendición de cuentas efectuada por los beneficiarios del subsidio”. Los investigadores a su cargo señalaron que la solicitud de fondos efectuada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) marcaba la existencia de otras necesidades básicas a cubrir como las de remedios, chapas, leñas y alimentos no perecederos. Además les llamó la atención que el reparto de la ropa y las frazadas se haya efectuado entre los meses de noviembre y diciembre, cuando las temperaturas son altas. Por su parte, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social afirmó que “no se realizaron por parte del INAI las evaluaciones técnicas económicas y sociales del proyecto, como así tampoco de la ONG receptora de los fondos, que informen la razonabilidad del otorgamiento del subsidio a la Fundación”. La OA detectó que la fundación del Padre Maggi carece de antecedentes en asuntos indígenas y tampoco se hallaba entre sus actividades habituales la asistencia a esas poblaciones. El sacerdote organizó una licitación privada antes de adquirir los elementos a distribuir. La Auditoría de Desarrollo Social estableció que habría existido “un sobreprecio del orden del 55 por ciento en la compra de pulóveres y del 9 por ciento en la adquisición de medias”. Los auditores razonaron que “la existencia de sobreprecio es una consecuencia de la utilización de la figura del subsidio” y que en este caso no había razón para otorgarlo. Según Garrido, esa modalidad permite eludir la aplicación de la Ley de Contabilidad porque la regla general para las contrataciones estatales es la de efectuar una licitación pública. La Oficina de Rendición de Cuentas de Desarrollo Social también encontró una discordancia existente entre la cantidad de mercadería licitada y la que figura en los remitos confeccionados por la empresa al entregar la mercadería al transportista. “Esto permite suponer –afirma el informe– que las empresas textiles jamás entregaron al transportista la indumentaria descripta en dichos remitos o que las empresas textiles efectivamente entregaron toda la mercadería detallada en los remitos al transportista, quien desvió la mercadería”. En definitiva, según lasnuevas autoridades es posible que “las mercaderías detalladas no hayan sido entregadas en los lugares estipulados”. El INAI recibió quejas de las comunidades que habían sido señaladas como beneficiarias en relación a la distribución de la ropa. En las conclusiones de la denuncia, la OA indicó que “el secretario de Desarrollo otorgó en forma irregular un subsidio a una fundación que carece de antecedentes en materia indígena por un monto excesivo en relación a los otorgados durante 1999”. Pero además de apuntar a Figueroa, los investigadores involucraron también al padre Maggi porque “se habría prestado a la tercerización de la compra y habría abonado los sobreprecios señalados, lo que podría implicar una connivencia fraudulenta”. Consultado en febrero por este diario, Maggi se defendió de las acusaciones. “La Fundación Nuestra Familia trabaja desde hace 15 años con comedores que alimentan a 2500 chicos. Además sostiene ocho comedores de mayores, un hogar para discapacitados y otro para madres solteras. Estábamos colaborando con la secretaría de Desarrollo Social en la distribución de ropa para comunidades indígenas, pero quienes dispusieron la cantidad y el destino de los envíos fueron ellos”, había declarado. La relación del padre Maggi con el sindicalismo se remonta a principios de la década pasada, cuando era el colaborador más estrecho del obispo de San Justo, el fallecido Rodolfo Bufano, quien integraba la Pastoral Social y era el responsable de las relaciones con el movimiento obrero. Había desaparecido de la escena pública, pero volvió al ruedo a mediados de enero, cuando recibió al presidente Fernando de la Rúa en un encuentro con niños organizado por su fundación en la una colonia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) situada en Ituzaingó. “He colaborado con los distintos gobiernos”, se había sincerado Maggi ante este diario y admitió así su cercanía con el poder.
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