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Por Pablo Rodríguez 
Una cosa es la OEA y otra muy distinta, sus países integrantes.
Al menos eso se desprende del inicio ayer en Windsor (Canadá) de
la reunión anual del organismo interamericano. Los cancilleres de
34 países recibieron el informe del guatemalteco Eduardo Stein, ex
jefe de la misión de observadores de la OEA en Perú, donde
se destacan las "anomalías" del proceso electoral que "ganó"
el presidente Alberto Fujimori hace una semana. Luego llegó un informe
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "un
informe muy duro, uno de los más críticos de los que ha elaborado
la comisión", según la expresión a Página/12
del representante especial en derechos humanos de la Cancillería
argentina, Leandro Despouy. La CIDH pide que se convoque a nuevas elecciones.
Pero la canciller chilena, Soledad Alvear, dijo que la reelección
de Fujimori "es un hecho". La posición chilena expresa
la de todos los países americanos excepto Estados Unidos y Canadá,
que propuso enviar una comisión de notables a Perú para enseñarle
a Fujimori cómo corregir sus errores. El ex candidato opositor Alejandro
Toledo viajó a España."Mi vida ya no me pertenece", declaró heroicamente Toledo en Madrid antes de prometer que llegará "hasta el final" en su lucha por "rescatar la democracia para los peruanos". El ex candidato opositor peruano se reunirá hoy con el jefe del gobierno español, José María Aznar, "que puede ser una pieza clave en el proceso para lograr nuevas elecciones limpias en el Perú". Respecto de lo que pasa en Canadá, Toledo sólo dijo que "yo no pongo todos los huevos en la canasta de la OEA". En todo caso, a la OEA le llegó un huevo difícil de manejar. El informe de la CIDH provocó un doble impacto: por lo inesperado de su presentación y por la dureza de sus calificaciones hacia las elecciones peruanas. "La falta de independencia del Poder Judicial, las graves limitaciones a la libertad de expresión, los actos de hostigamiento e intimidación a la oposición y las serias irregularidades en las elecciones representan una clara violación de los pilares fundamentales para la existencia del estado de derecho en un sistema democrático", dice el informe. "El proceso eleccionario que ha tenido lugar en Perú constituye claramente una interrupción irregular del proceso democrático", por lo que la CIDH "urge al restablecimiento del estado de derecho en Perú y a la convocatoria de elecciones libres y soberanas". La alusión a la "interrupción irregular del proceso democrático" está puesta como anillo al dedo de la Resolución 1080 de la OEA, que sanciona a los países donde no rige la democracia. Esta resolución fue invocada por el propio Alejandro Toledo en los días previos a la "elección". También el Departamento de Estado norteamericano está a favor de aplicar la medida. Pero los países latinoamericanos opinan que la resolución fue creada para circunstancias como golpes de Estado (claro que Fujimori ya dirigió un autogolpe de Estado, también difícil de clasificar, en 1992). La solución que votarán los cancilleres americanos será el envío a Perú de una comisión de notables, encabezada por el secretario general de la OEA, César Gaviria, que enfatice a Fujimori la necesidad de "perfeccionar" una democracia "imperfecta". "Los cancilleres se equivocarían si piensan que es posible llegar a una solución haciendo un arreglo con Fujimori para que él mismo restituya la independencia del Poder Judicial y los demás órganos que tiene intervenidos", respondió en Windsor Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. "Si de esta reunión no sale una postura clara de nuevas elecciones, la ciudadanía peruana estaría siendo traicionada en sus derechos políticos, y estoy segurísima de que en julio (cuando asuma Fujimori) la OEA va a estar reuniéndose de urgencia por causa de los muertos en las calles peruanas", dijo Macher. Mientras tanto, en las calles de Windsor, el primer día de una nueva protesta antiglobalización (convocada por sindicatos y grupos estudiantiles canadienses, en la línea de lo ocurrido en Seattle el año pasado) transcurrió sólo con incidentes menores. Los manifestantes se oponen a la OEA en tanto "instrumento para imponer el ALCA (Tratado de Libre Comercio de las Américas) en todo el continente". |
