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Por Diego Schurman El sindicalismo iniciará una batalla legal contra los decretos que dispusieron la rebaja salarial y la desregulación de las obras sociales. Así lo anticipó a Página/12 el jefe de prensa de la CGT oficial, Carlos West Ocampo, al iniciarse una semana que contemplará desde hoy paros parciales en la banca estatal, continuará el jueves con un cese de actividades de los gremios del sector público (ver recuadros) y culminará el viernes con una huelga general de todas las expresiones del gremialismo. El decreto que rebaja los sueldos es ilegal e inconstitucional. Es lo más antidemocrático que vi, señaló el sindicalista a este diario. Para West Ocampo, ni siquiera el reciente fallo de la Corte Suprema, justificando una poda realizada durante el gobierno menemista, le sirve como argumento legal a Fernando de la Rúa, que dispuso una reducción del 12 por ciento para los estatales que ganan entre 1000 y 6500 pesos y del 15 para los que cobran por encima de 6500. La Corte, en un dictamen conocido el viernes, avaló la rebaja salarial de entre el 5 y el 15 por ciento dispuesta por Menem. Acontecimientos extraordinarios justifican medidas extraordinarias, dice un fragmento del texto. A De la Rúa le vino como anillo al dedo ya que, según el Gobierno, cierra toda posibilidad de reclamo judicial por parte de los trabajadores afectados. Sin embargo, para la CGT oficial no es así. No tiene los mismos fundamentos, ni el mismo respaldo que tuvo Menem, sorprendió West Ocampo. Y recordó que el ex presidente contó con el guiño del Parlamento, algo que no sucedió en esta oportunidad. En 1995, Menem redujo los salarios en la administración pública amparándose en la Ley de Emergencia Económica, que aprobó el Congreso, y justificó el achique en una ley posterior, como fue la de Presupuesto nacional. Al referirse a las obras sociales, el dirigente de sanidad aseguró que no conforman parte de ninguna emergencia. Se trata de una privatización encubierta, que ni siquiera pasa por el Congreso, atacó, quejándose porque la redacción del proyecto que habilita la participación de las empresas de medicina prepaga la realizó el Ministerio de Economía. Eso indica que no se está pensando en transformar un sistema de salud sino en enviar una señal de negocios a los grandes bancos para decirles que van a tener rentabilidad. Los abogados de la CGT oficial, que conduce Rodolfo Daer, estudian por estas horas la manera de emprender la pelea judicial. Y ya hubo contactos en ese sentido con algunos legisladores del justicialismo. Ayer se analizaba si la medida sería anunciada hoy en el Comité Central Confederal que se desarrollará en la sede cegetista de Azopardo e Independencia. En las huestes de la CGT rebelde, que conduce Hugo Moyano, también se evaluaba la posibilidad de avanzar, tras el paro, con una disputa legal ya se anunció que se concurrirá a estrados internacionales, aunque en el confederal que este sector realizará por separado en el gremio de los taxistas se le pedirá al Gobierno un cambio del rumbo económico. Lo que ya es un hecho es la profundización de la pelea verbal entre el camionero y De la Rúa. Luego de haber acusado a Moyano de reaccionario, el Presidente aseguró que el país no merece que le hagan tantos paros. Cuando se ve la luz y empezamos a crecer hay que poner el acento en la construcción y no en el parate. No fue la única voz oficial. El jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, también se manifestó contrario a la huelga, a la que calificó de inconducente. El sindicalista no tardó en responderles. La gente está cansada y ya no soporta más. Y, paso seguido, volvió sobre la propuesta de desobediencia fiscal que tanto revuelo generó en la clase política. Ya ni hace falta que la proponga porque está ocurriendo de hecho, aseguró. Como botón de muestra, recordó la resistencia de los empresarios del transporte a pagar el llamado impuesto docente, una actitud que se defendió a capa y espada, promoviendo paros y cortes de rutas que amenazaron con el desabastecimiento del país.
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