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Por Pablo Rodríguez 
La Asamblea General de la OEA entró ayer en Windsor (Canadá)
en el terreno de las discusiones más ásperas en torno del
proceso electoral en Perú. Aunque ya es un hecho que la “re-reelección”
de Alberto Fujimori no será discutida (como pedía el informe
presentado el domingo por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos), los cancilleres de 34 de los 35 países americanos (con
la excepción de Cuba, suspendida de la OEA desde 1962) trataron durante
todo un día, sin ponerse de acuerdo, la propuesta de Canadá
de enviar una misión a Perú encargada de recomendar formas
de “fortalecer la democracia” luego del fraude de Fujimori. “Para
mañana (por hoy) habrá una resolución, aun cuando no
haya consenso”, confió a Página/12 Leandro Despouy, representante
especial de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, quien acompaña
al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini en Canadá. Esta
resolución establecería que el secretario general de la OEA,
César Gaviria, y el canciller canadiense Lloyd Axworthy viajarán
de inmediato a Lima para seguir “supervisando” un régimen
que se dirige a un tercer período consecutivo de gobierno.De un lado estaban los más críticos de la situación peruana: Estados Unidos y Canadá, que ya sufrieron una primera derrota la semana pasada cuando no pudieron forzar a la OEA a aplicar su Resolución 1080 (referente a los países que se apartan del sistema democrático) contra Perú. Junto a Estados Unidos y Canadá, se ubicaban la Argentina, Chile, Costa Rica y República Dominicana. Del otro lado se alineaban los que en definitiva pasaban por defensores de la fujimocracia: Brasil, México y Venezuela. Según el proyecto original de Canadá, Gaviria y Axworthy deben “explorar con el gobierno del Perú y otros sectores de la comunidad política, opciones y recomendaciones dirigidas a un mayor fortalecimiento de la democracia en ese país, en particular medidas para reformar el proceso electoral, incluidos la reforma de los tribunales judiciales y constitucionales y el fortalecimiento de la libertad de prensa”. Ambos deberán entregar un informe “en una reunión de cancilleres que se convocará en la sede de la OEA inmediatamente después del regreso de la misión, a fin de permitir la plena consideración de sus conclusiones y recomendaciones e iniciar las acciones de seguimiento que se estimen apropiadas”. El canciller peruano, Fernando de Trazegnies, salió con los tapones de punta contra el proyecto. El bloque conformado por Perú, México y Venezuela presentó una batería de contrapropuestas sobre la misión: 1) que esté integrada por funcionarios de segundo nivel, no por cancilleres o personalidades eminentes; 2) que viaje después, y no antes, de la asunción de Fujimori para su tercer mandato (que será el 28 de julio); 3) que llegue a Lima “a invitación del gobierno peruano” y no con un mandato explícito de la OEA; 4) que el informe de la misión sea presentado ante el Consejo Permanente de la OEA, para que éste decida si realmente el asunto merece ser considerado por los cancilleres; 5) que quede suficientemente aclarado que esta misión es distinta a la de observadores, que denunció las irregularidades del proceso electoral. Como si todo esto fuera poco, la diplomacia peruana está tratando de suavizar todo lo posible los términos finales de la resolución, ya que pretende que la misión se limite a “hablar de los problemas de institucionalidad democrática”. En la vereda de enfrente, Estados Unidos decidió mandar más tropas. Dado el rechazo a adoptar posiciones duras contra Perú, el número tres del Departamento de Estado, Thomas Pickering, llegó ayer a Windsor para neutralizar la contraofensiva peruano-mexicano-venezolana. “En este sentido, la posición argentina es clara: la misión de Gaviria y Axworthy debe tener un mandato de la OEA, no recibir una invitación del gobierno peruano”, dijo Despouy a este diario. El funcionario argentino también se refirió a la marcha general de un proceso que, con sus idas y venidas, termina legitimando el tercer mandato de Fujimori. “Tenemos que tener en cuenta que ejercimos toda la defensa de los valores democráticos que eraposible en un contexto desfavorable”, aclaró Despouy. “Hemos adoptado una posición muy firme y, sobre todo, en apoyo a la OEA como organismo”, resumió.
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“El
envío inmediato de una misión de alto rango de la
OEA a Perú puede ser una contribución importante
para enfrentar la grave crisis política. Es además
un camino adecuado, ya que las sanciones económicas afectarían
principalmente a los más pobres, y contará con la
cooperación decidida de Alejandro Toledo y del conjunto
de la oposición democrática”, dijo el grupo
de legisladores, entre los cuales están Lourdes Flores
Nano, Henry Pease García y Anel Townsend. Esto contrasta
con un Toledo que prefirió Europa a Canadá, sabiendo
el resultado que le esperaba en la OEA, y que tampoco cosechó
mejores frutos en Madrid: Aznar le pidió ante todo “prudencia”
para que Perú no llegue a un desborde social. “No
hay que confundir prudencia con sumisión”, reaccionó
Toledo.