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El fiscal reclamó ocho años para los boqueteros

Cevasco destacó que en el robo al ex Banco de Crédito Argentino no se hubiesen usado armas. También lo hizo el abogado de los clientes damnificados, que pidió las penas más leves.


t.gif (862 bytes)  Después de tres meses y medio, el juicio por el robo al ex Banco de Crédito entró en su tramo final: ayer, el fiscal y los abogados de la entidad pidieron una condena de entre ocho y diez años de prisión a los cuatro acusados de ser los boqueteros que asaltaron las cajas de seguridad del banco. Sorpresivamente, el más benévolo fue el abogado de los clientes damnificados por el robo, que solicitó penas de cinco y tres años de prisión. “Fue un robo ejemplar”, argumentó para justificar su pedido.
El fiscal Luis Cevasco reclamó al tribunal oral Nº 1 que los cuatro acusados fueran condenados a ocho años de prisión cada uno. En cambio, el abogado del banco, el ex juez Martín Anzoátegui, pidió diez años de cárcel para el ex agente de la SIDE Jorge Pomponi y René Riviere, a quienes consideró “organizador y coordinador”, respectivamente, del robo. Durante su alegato, Anzoátegui pidió la pena de siete años y medio de prisión para los otros dos imputados, Norberto García y el italiano Antonio Mandaradoni, como colaboradores del robo.
El robo fue concretado el 4 y 5 de enero de 1997 en la sucursal Recoleta del ex Banco de Crédito Argentino, ubicada en la avenida Callao 1499. Los supuestos boqueteros son juzgados por Ricardo Giúdice Bravo, Martín Vázquez Acuña y Luis Oliden, quienes iniciaron las audiencias el 21 de febrero pasado. La causa tiene sólo cuatro imputados pese a que se sospecha que hay más implicados aún no identificados. Los cargos que se les imputan son los de “robo calificado” y contemplan penas que van de los tres a los diez años de prisión o reclusión.
Al justificar el pedido de pena, Cevasco sostuvo que “aunque no se utilizaron armas y no se puso en peligro la vida de personas”, el robo al banco “no es una pavada” y destacó que el funcionamiento de “una organización de esta naturaleza es algo muy serio”. El fiscal hizo referencia a quienes, por la desaparición de los valores que tenían en las cajas de seguridad, “perdieron el ahorro de toda su vida o no pudieron seguir un tratamiento contra el cáncer”. Para probar la vinculación entre los procesados, Cevasco hizo referencia a decenas de diálogos telefónicos que se registraron los días previos al robo y que “se intensificaron cuando se ejecutaba el túnel” que permitió el acceso a la sucursal.
La “intensidad de las llamadas” demuestra, según el fiscal, una “estrecha vinculación” entre los imputados, a lo que sumó los repetidos contactos entre Pomponi y Riviere, y los elementos secuestrados en el domicilio de Pomponi, tales como joyas, barbijos y luces que habrían servido para iluminar el túnel.
“Todos tuvieron una participación activa”, agregó Cevasco y sostuvo que, de acuerdo con su criterio, García actuó como “capataz”, ocupándose del personal a cargo de la obra. Cevasco dijo que García no pudo justificar el crecimiento de su patrimonio a pocos días de registrado el robo: compró un automóvil y un Rolex, más adelante una casa y pocos meses después el fondo de comercio de un lavadero, además del dinero —8000 dólares— que se incautó en su domicilio.
Por su parte, Enrique Escalante Echagüe, representante de un grupo de ahorristas e inversores del banco, requirió cinco años de prisión para Pomponi y tres años y medio para el resto de los procesados. Como el fiscal, destacó que se trató de un robo en el que no hubo violencia: “Ojalá todos los robos fueran así”, argumentó su pedido luego del alegato.

 

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