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No es nuevo, pero sí oficial. Después de días de
trascendidos, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer que
el ex dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet fue desaforado
por 13 votos contra 9, en base a las pruebas sobre su responsabilidad en
la “Caravana de la Muerte”, una de las 109 querellas en su contra
que están en manos del juez Juan Guzmán Tapia. A partir de
ahora, la defensa tiene cinco días para apelar ante la Corte Suprema,
lo que ya fue confirmado por sus abogados. Sin embargo, varios puntos siguen
oscuros en el caso: las posibilidades de que la Corte Suprema ratifique
el fallo, qué ocurrirá con las demandas restantes, cómo
jugará el estado de salud de Pinochet y qué quedó de
aquella reforma constitucional aprobada en el Congreso para conceder fueros
especiales a los ex presidentes que renuncien a su cargo de senador vitalicio
(ver recuadro aparte).“La calificación de si este fallo es histórico o no corresponde a la gente”, comentó el presidente de la Corte, Rubén Ballesteros, al anunciar que “se declara ha lugar la formación de causa del senador vitalicio por los hechos que han sido materia de investigación”. Aclaró que “puede pedirse otro desafuero” en base a las restantes querellas. Los defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas celebraron el fallo al grito de “A la cárcel, a la cárcel”. “Lo hemos logrado. Pinochet ha sido desaforado y confiamos que así será cuando la Corte Suprema tenga que ratificar esta decisión. Los antecedentes son demasiado contundentes”, respaldó Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. El desafuero logrado en primera instancia se basó en el fusilamiento de 74 detenidos políticos en octubre de 1973, durante el operativo militar conocido como “Caravana de la Muerte”. El 28 de abril pasado, en una de las audiencias previas a la decisión de la Corte, el abogado Hugo Gutiérrez presentó un documento firmado por el ex auditor del ejército Gonzalo Urrejola Arrau, donde éste asegura que una de las ejecuciones “se efectuó por orden telefónica de Augusto Pinochet Ugarte”. De acuerdo al fallo, existe “la sospecha fundada sobre la participación culpable del senador vitalicio, la que se apoya en aquella delegación de sus funciones jurisdiccionales como jefe máximo de los tribunales militares”. Al anunciar la decisión, Ballesteros aclaró que “un grupo de ministros fueron del parecer de que, previa a la declaración de si había o no lugar a la formación de una causa, se decretaran medidas para establecer cuál era el real estado de salud del senador vitalicio. Esa posición fue desechada”. En cambio, el tribunal “sugirió” esa posibilidad al juez Guzmán “debido a que el senador vitalicio tiene más de 70 años de edad”. Esto significa que si, como asegura su defensa, Pinochet está incapacitado mentalmente para afrontar un juicio, los exámenes serían su salvación. Si antes no lo es la Corte Suprema. El juez español Baltasar Garzón (que ordenó la detención de Pinochet en Londres) expresó su “respeto” por la decisión, y Amnistía Internacional aseguró que es una “señal para todos aquellos tiranos que piensan poder cometer violaciones a los derechos humanos y quedar impunes”. Esta vez, los pinochetistas no se hicieron presentes en las calles. Pero no evitaron dejar en claro que “la Corte Suprema debe restablecer la verdad y la justicia, y poner las cosas en su lugar”, como reclamó el presidente de Renovación Nacional Alberto Cardemil. El presidente Ricardo Lagos reiteró que “respeta y no comenta los fallos del Poder Judicial”. Adelantándose al capítulo que se abre en la Corte Suprema, el ministro del Interior José Miguel Insulza manifestó que “los que estén contentos y los que estén tristes lo deben hacer dentro del marco del estado de derecho”.
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detención
del ex dictador en Londres, y ratificada en el Senado y la Cámara
de Diputados el 25 de marzo pasado. La reforma, a la que sólo
falta la promulgación presidencial, crea un fuero especial
para los ex mandatarios que renuncien a sus cargos como senadores
vitalicios (en la foto, Pinochet en el Congreso disfrutando de
su banca). Es decir, ante su desafuero en primera instancia y
una eventual (pero acaso poco probable) ratificación del
fallo en la Corte Suprema, Pinochet podría renunciar a
la banca que asumió en 1998 (cuando dejó su cargo
como jefe del Ejército) y adquirir un nuevo fuero que llevaría
el proceso prácticamente a foja cero. En ese caso, el desafuero
parlamentario logrado por su responsabilidad en la “Caravana
de la Muerte” quedaría sin efecto, y el proceso debería
reiniciarse para lograr su desafuero en calidad de ex presidente.
Sin embargo, ése es justamente el punto de oposición
por parte de los legisladores socialistas, que niegan que Pinochet
pueda entrar en la categoría de ex “Presidente de
la República”, porque nunca fue elegido como tal.
Teniendo en cuenta que el presidente Lagos no envió ningún
veto ni observación al Parlamento tras la ratificación
de la reforma, su promulgación no parece demasiado lejana.