ESTA SEMANA LOS CONSEJOS SUPERIORES EMPIEZAN A DISCUTIR COMO APLICAN EL AUTOAJUSTE
De cómo juntar una vaquita de 20 millones

Los docentes y alumnos avisaron que no aportarán recursos al fondo solidario. El debate interno entre los rectores.

 Los rectores universitarios se comprometieron a crear un fondo solidario de emergencia social, pero no les será sencillo cosechar los aportes voluntarios que pretenden recaudar entre los salarios de los funcionarios jerárquicos (“donarán” el 12 por ciento de ellos), parte de los recursos propios generados por las instituciones, y el óbolo optativo de estudiantes, graduados y docentes. Mientras el Ministerio de Educación pretende que las casas de estudios ahorren de ese modo 20 millones de pesos en lo que resta del año, muchos rectores avisaron que van a supeditar los aportes de sus universidades a la llegada en tiempo y forma de las partidas presupuestarias oficiales y, aun así, no creen que puedan superar los diez millones. “El monto que pretende el Gobierno no se va a alcanzar y va a haber recorte. Si no se hace ahora, nos van a suspender algunas partidas a fin de año”, aseguró a Página/12 un rector miembro del comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Además, los estudiantes y los docentes se oponen a contribuir con recursos al fondo de emergencia.
Tal como había anticipado este diario, los rectores consensuaron en el CIN “sugerir al conjunto de las universidades nacionales la creación de un programa universitario solidario para la emergencia social; sugerir que el programa se conforme con los aportes voluntarios que la realidad de cada universidad permita; y solicitar a los consejos superiores que inviten a sus respectivas comunidades universitarias a sumarse a este programa conforme a las posibilidades de cada claustro”.
La resolución deja deliberadamente abierto al criterio del consejo superior de cada institución la forma de aplicar el autoajuste que acordaron las autoridades universitarias y el Gobierno. El ministro de Educación, Juan Llach, pidió que el recorte alcance a 20 millones este año, en coincidencia con los dichos del titular de Economía, José Luis Machinea, quien explicó que el ajuste para la educación superior será de 40 millones (la mitad en el próximo semestre y el resto en el 2001). “Más allá de las convergencias, los caminos que quieren tomar las universidades son distintos. Por eso se dejó librada la decisión de en cuánto reducir los salarios de las autoridades. En algunas instituciones ya se están haciendo aportes solidarios –explicó el titular del CIN, Jorge Bettaglio-. Todas estas cuestiones deben resolverse en el marco de la autonomía universitaria.” Esta semana se abrirá la discusión en los consejos superiores de las universidades.
Pese a que sufren el mismo problema, hay diferencias entre los rectores. Y se exhibieron el viernes pasado, en una reunión del CIN. El primer indicio de tensión lo dio la decisión de que la sesión se realizara a puertas cerradas (“hacía falta hablar a calzón quitado”, admitió un rector). Luego, durante el plenario, los dos bloques –el radical y el justicialista– se enfrentaron porque los primeros querían resaltar que el recorte no alcanzó al presupuesto universitario, mientras a los segundos les preocupaba repudiar el ajuste y no avalarlo con su contribución solidaria. El texto de la resolución refleja los desacuerdos: por un lado, se considera que el decreto 430/00 “ha respetado la autonomía universitaria manteniendo el presupuesto asignado a ellas por el Congreso”; y más adelante, se lamentan “los permanentes recortes y dificultades presupuestarias”.
Pero las diferencias entre rectores no son sólo partidarias. “Si ponemos un peso, queremos que quede en nuestra región, no que vaya a la administración nacional o a vaya uno a saber dónde”, dijo el rector de una respetada casa de estudios. De hecho, en varias universidades del interior del país creen que los aportes que consigan para el fondo de emergencia social deberían tener un destino geográficamente inmediato.
Las dificultades para recaudar fondos prometen ser muchas. Respecto de las discusiones en torno del descuento de los salarios jerárquicos, basta ver –en esta misma página– “Una contribución estéril”. “Si las partidaspresupuestarias no llegan completas y al día, va a ser muy difícil cumplir con el aporte de los sueldos”, avisó el rector radical de una de las universidades más grandes. No menos complejo va a ser recaudar fondos entre los recursos propios que generan las casas de estudios (a través de servicios, auditorías, pasantías, venta de tecnología) porque, al no depender directamente de la gestión política como en el caso de los descuentos salariales, las decisiones van a pasar por los consejos superiores, donde se multiplican los intereses en juego. Se estima que sólo universidades como las de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y La Plata podrán ceder una mínima parte de esos recursos.
Todavía más difícil será contar con fondos donados por los docentes. “La invitación a colaborar que nos hacen es un recorte disfrazado –dijo Anahí Fernández, dirigente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios –. En nuestras universidades, donde hay miles de docentes trabajando ad honorem o con salarios irrisorios y sin cobertura médica, esto sólo enmascara el ajuste. Es un disparate.” Desde la Universidad de Rosario, donde es profesora en la Facultad de Derecho, Fernández recordó que el Estado les adeuda a los docentes universitarios los fondos correspondientes a dos años del incumplido Plan Plurianual de Recomposición Salarial: “Nosotros ya estamos colaborando con 230 millones”, avisó. Además, la Conadu sostiene que, si hay ajuste interno, los ahorros primero deben destinarse a pagar las deudas que existen dentro de las instituciones.
Tampoco los alumnos adhieren a la contribución con dinero. “En un marco de austeridad del Estado, no tenemos problema con que los funcionarios hagan un aporte, siempre que no se toquen los sueldos de docentes, investigadores ni los programas de extensión. Y estamos de acuerdo e, incluso, impulsamos las actividades solidarias de los alumnos –dijo Manuel Terrádez, presidente de la Federación Universitaria Argentina–. Pero nos oponemos a la propuesta de que los estudiantes aporten recursos. Son iniciativas que atentan contra la gratuidad de la enseñanza. Los alumnos, los docentes y sus familias pagan impuestos y aportan al Estado, a la educación pública. En todo caso, modifiquemos el sistema impositivo.”

 

EL DATO. Los códigos de Sociales El centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) tiene revista propia: Códigos. En su tercer número �que encarnó el relanzamiento de la publicación�, la nota de tapa está destinada a abrir el juego entre los graduados de Ciencias de la Comunicación, cercados por el debate �técnicos o intelectuales�. Además, incluye un recorrido crítico por los 14 años de vida del Ciclo Básico Común y jugosos reportajes a Vicente Zito Lema, director académico de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo; Federico Schuster, director del Instituto Gino Germani; Arturo Fernández, titular de la carrera de Ciencia Política; y un ping-pong con el periodista Juan Castro. Amores y desamores, quejas por faltas de puntualidad y abultadas bibliografías se ventilan �con nombres y apellidos� en la sección �Despacito y por lo bajo�. También debutan las secciones �Ciberama�, dedicada a Internet, y �Cátedra Rock�. Se consigue en las dos sedes de Sociales. E-mail: revistacodigos arroba hotmail.com.

Por Norberto Alayón * Una contribución estéril Las autoridades de las universidades nacionales aportaremos el 12 por ciento de nuestros salarios para atemperar (?), mínimamente, la crisis económica actual. Para algunos, lo expresemos o no, se tratará de una contribución sin convicción, resignada, probablemente estéril. ¿Qué abona esta sensación? ¿La mezquindad del bolsillo propio, la ausencia de solidaridad, o sentirse conscientemente defraudados al comparar el óbolo ínfimo con el incumplimiento de obligaciones y de aportes por parte de personas y grupos que acumulan ganancias inconmensurables? ¿Cuánto se podrá recaudar por esta vía? ¿Cuatro, cinco, siete millones de pesos? Tomada en abstracto, parecería una suma considerable. Más allá de lo que se pueda recolectar, ¿cuánto pierde en calidad una democracia cuando debe apelarse a la beneficencia porque no se decide cobrarles a los grandes evasores, a los expoliadores, a quienes concentran riqueza extrema, impúdica y usualmente dolosa? Comparemos rápidamente algunos montos –entre tantos– pendientes de pago. Solamente si se le cobrara al grupo Macri el canon que adeuda por el negocio del correo, se obtendrían 150 millones de pesos. ¿Por qué no se le cobran los aportes patronales a la empresa Repsol-YPF, que obtiene ganancias de 1200 millones al año? ¿Por qué no se les cobra el IVA a las empresas de televisión por cable? ¿Por qué los aportes patronales de las empresas privatizadas mantienen aún hoy la rebaja que les concedió Domingo Cavallo en 1994? ¿Por qué el Estado subsidia con 23 millones anuales a la empresa privada que compró Yacimientos Carboníferos Fiscales? ¿Por qué no se les cobra los cánones atrasados por 50 millones a los concesionarios del servicio de ferrocarriles? ¿Por qué no se controlan las importantes evasiones aduaneras? ¿Por qué no se cobran los 85 millones que adeuda el consorcio que controla el negocio de los aeropuertos? Nuestro país padece el 14,5 por ciento de desocupación, aproximadamente un tercio de su población se halla debajo de la línea de pobreza y soporta una fraudulenta deuda externa de 145 mil millones de dólares, por la cual paga alrededor de 10 mil millones al año de intereses. Que las autoridades universitarias se avengan voluntariamente a donar parte de sus ingresos, mientras no se pone de manifiesto una decidida vocación política para castigar a los evasores, para sancionar a las grandes empresas o consorcios que mantienen impagas sus deudas, mientras se continúa con las políticas de exenciones y subsidios estatales a poderosos grupos económicos, mientras se perpetúa el drenaje de los recursos nacionales por medio del dócil pago de la deuda externa, más que un acto de solidaridad puede transformarse en una trágica caricatura, minando los principios de la equidad cierta que deben imperar en un régimen democrático. Los 10 años de menemismo y de plena vigencia de crueles políticas neoliberales –impulsadas por los diversos organismos del llamado financiamiento internacional– que nos llevaron a la terrible situación actual deberían servir de experiencia para evitar la adopción de medidas similares, máxime cuando esas recetas están ya absolutamente desprestigiadas a nivel mundial, por su ineficacia para solucionar los problemas de nuestros países. Si se tratara de medidas que acompañan políticas orientadas a avanzar firmemente sobre los intereses de los sectores más poderosos y, desde ahí, se convocara a la solidaridad del conjunto, otro sería el cantar. Pero que algunos sectores de la sociedad deban soportar duramente los rigores de la crisis, mientras otros permanecen en el jolgorio del enriquecimiento sin límites, conduce irremediablemente a la irritación y a la desesperanzaante la evidente inequidad. La gente estará convencida de colaborar con el conjunto, si percibe que el esfuerzo demandado no será dilapidado al subsistir sectores que no sólo quedan exentos de la contribución sino que además fortalecen su poder económico y político a costa del bienestar de la sociedad. * Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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