Por Adriana Meyer
 El juez Adolfo Bagnasco no quiere que la justicia militar le quite la causa sobre la práctica sistemática de apropiación de bebés, hijos de desaparecidos, y por eso rechazó el planteo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA), que había solicitado su apartamiento. El magistrado argumentó que �los hechos delictivos que nos convocan no son actos inherentes al servicio militar sino que, por el contrario, se trata de hechos políticos cuyo juzgamiento por parte de tribunales de índole militar subvertiría el sistema republicano de gobierno y aparejaría el incorrecto desplazamiento de la competencia de los tribunales federales en favor de un organismo administrativo�.
En la resolución que firmó ayer, Bagnasco señaló que �no corresponde considerar al CONSUFA como un tribunal �judicial�, toda vez que depende claramente del Poder Ejecutivo�, y por lo tanto �pretender establecer un conflicto de competencia entre ese Consejo y cualquiera de los tribunales de la Nación no puede ser entendido más que como una intromisión de un órgano dependiente del Ejecutivo�. En una entrevista con Página/12, el magistrado había sido más llano y comparó las atribuciones del CONSUFA con las del tribunal de disciplina de la AFA. Varios de los imputados lo recusaron por esto pero la Cámara Federal rechazó esos pedidos y respaldó al juez por considerar que esas palabras no constituyen �prejuzgamiento� ni �enemistad manifiesta�.
El conflicto de competencia ya está planteado y ahora tienen la palabra las instancias superiores, que pueden demorar el cierre de la investigación. Mientras tanto, el juzgado dicta las últimas medidas antes de la elevación a juicio oral, cuando Emilio Massera, Jorge Videla y otros ocho ex jefes militares que están procesados vuelvan al banquillo.
El CONSUFA deberá presentar una resolución ante la Corte Suprema para mantener su posición. Las disputas de competencia son resueltas normalmente por el Alto Tribunal pero es posible que en este caso lo delegue en la sala IV de la Cámara de Casación Penal. Según las fuentes judiciales consultadas por este diario, no hay antecedentes similares y por lo tanto no hay certezas sobre quién dará el próximo paso.
Sin embargo, la cuestión podría resolverse antes si el CONSUFA desiste de su pretensión y cambia su postura a favor de los argumentos del juez, del fiscal Eduardo Freiler y de los querellantes que se oponen a que esta investigación pase a la justicia castrense. Pero ese escenario no tendrá lugar. Página/12 pudo saber que el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, mantendrá su actitud prescindente y no dará ninguna instrucción al fiscal militar. El CONSUFA es un organismo administrativo que depende del Poder Ejecutivo, no es independiente, y es perfectamente legítimo que su fiscal general reciba directivas del ministro. Esto no ocurrió para evitar el embate inicial de la jueces uniformados y tampoco tendrá lugar ahora. �Acá no hay una conspiración contra el juez Bagnasco a favor de los militares, pero no vamos a intervenir hasta que una instancia superior decida�, comentaron los allegados a López Murphy. Pero aclararon que �el gobierno sigue con expectativa el tema y considera que este caso debe seguir en manos de la Justicia civil�.
A partir de un pedido del represor Santiago Riveros �patrocinado por el abogado y ex funcionario del gobierno de facto Florencio Varela� el CONSUFA declaró su competencia en esta causa alegando que el artículo 10 de la ley 23.049 que reformó el Código de Justicia Militar lo habilita a juzgar los delitos cometidos por los uniformados entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de setiembre de 1983, es decir, durante la dictadura, �con el motivo alegado de reprimir el terrorismo�. Pero esa norma no comprende los delitos permanentes. Los ex jefes militares fueron procesados en este caso por sustracción de menores, privación ilegal de la libertad, sustitución de identidad y reducción a servidumbre, en el marco de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas que los considera delitos permanentes. Bagnasco recordó que esa norma �ratificada por la ley 24.556� excluye �toda jurisdicción especial, en particular la militar� para juzgarlos. Y consideró que los ilícitos que investiga en esta causa �bajo ningún concepto pueden incluirse dentro del contexto de las operaciones llevadas a cabo por las autoridades militares con el alegado propósito de reprimir el terrorismo�.
Comienza el juicio por los desaparecidos
Roma, otro destino de la Justicia
Cinco familiares y amigos de ocho ciudadanos italianos desaparecidos durante la dictadura militar darán testimonio hoy en Roma ante el Tribunal Penal que lleva adelante el juicio contra los siete militares argentinos acusados de privación de la libertad y asesinato. Los testigos serán escuchados por los jueces en el aula bunker de la cárcel de Rebibbia, en la capital italiana. Allí contarán cómo fueron secuestrados Roberto Morresi, Pedro Mazzochi, Daniel Ciuffo, Martino Mastinu, Mario Marras, Luis Fabbri, Laura Carlotto y su bebé, Guido. Todos desaparecidos.
Los represores imputados en Italia son el ex jefe del primer Cuerpo de Ejército, general Guillermo Suárez Mason; el ex titular del Comando de Institutos Militares, general Santiago Riveros; Carlos Gererdi, jefe de Prefectura de la zona de Tigre en esa época, y cuatro de sus subordinados, Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Oscar Maldonado y Roberto Rossin. A todos ellos la justicia de Roma los acusa por el �secuestro, desaparición y muerte� de los ocho ciudadanos italianos.
Santina Mastinu, María Manca, Jorge Velarde, María Rufina Gatori y Angela Boltano testimoniarán hoy ante el presidente del tribunal Renato D�Andria. Con sus declaraciones, comienza la etapa de audición de testigos del juicio. Los primeros en relatar sus vivencias ante los magistrados italianos serán los familiares de Martino �El Tano� Mastinu y Mario Marras, dos delegados sindicales del gremio naval, que trabajaban en los astilleros Astarsa y fueron secuestrados en 1976. La hermana de �El Tano� y esposa de Marras, Santina Mastinu, admitió ayer en Roma que tiene �plena fe� en que gracias al juicio en Italia se hará justicia. �Parece un sueño haber llegado hasta este punto�, dijo al borde la emoción.
El Tribunal seguirá escuchando a testigos hasta el martes 20 de junio, para cuando está prevista la presencia del escritor Ernesto Sabato. El presidente de la sala que juzgará a los represores argentinos enfatizó que Italia tiene �innegable interés ante crímenes políticos cometidos contra sus ciudadanos�. El juicio que comenzó en Roma el 21 de octubre pasado, por el que familiares y amigos de las víctimas batallaron 17 años, puede condenar a quienes torturaron y mataron y, sin embargo, siguen libres.
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