Por Horacio Verbitsky
 El juez Baltasar Garzón intimó al gobierno argentino a que responda a la solicitud de detención del ex dictador Jorge Videla y otro medio centenar de militares argentinos procesados por los delitos de genocidio y terrorismo o diga si se propone aplicar el decreto 111/98 del ex presidente Carlos Menem negando toda colaboración a la Justicia española. El 2 de mayo, el Poder Ejecutivo había devuelto la documentación enviada por Garzón con una respuesta en la que afirmaba que la detención carecía de urgencia y que el juez debía solicitar directamente la extradición de los reos. El 12 de mayo Garzón reiteró la solicitud de detención y ante la falta de respuesta, el viernes 2 de junio intimó al gobierno argentino mencionando el enrarecimiento de las relaciones entre ambas naciones que provocan las idas y vueltas de las autoridades de Buenos Aires. En forma consciente o inconsciente, dice, las instancias oficiales argentinas están sometiendo a los procesados y a las víctimas �a una dosis elevada de inseguridad jurídica�. Para Garzón, el gobierno argentino está desconociendo �la gravísima envergadura de los hechos delictivos que se imputan�. A principios de la década pasada el juez español ya sostuvo un conflicto similar con las autoridades argentinas, cuando solicitó la detención de Amira Yoma, Ibrahim Al Ibrahim y Mario Caserta por lavado de narcodólares. Aquella confrontación cesó cuando la cuñada del entonces presidente Menem y el ex vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense fueron juzgados por el mismo delito en la Argentina e Ibrahim se fugó a Siria.
La resolución del titular del juzgado de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid contiene una comunicación al juez federal Gustavo Literas y otra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra. A Gil Lavedra le notifica que no comparte �ni el fondo ni la forma� de su interpretación y sostiene que podrá decidir el pedido de extradición una vez que el juez argentino acepte o rechace la orden de detención, decretando la prisión o la libertad de los procesados. Según Garzón, las mismas autoridades argentinas que consideran que por el tiempo transcurrido las detenciones no tienen urgencia son las que �han procurado la dilación de la remisión de la documentación�. El 2 de mayo, la Cancillería argentina notificó a Literas que, a pedido de Garzón, había devuelto la documentación a España. Literas respondió entonces que nunca había podido acceder a esa documentación �toda vez que permaneció en el ámbito de ese ministerio� de Relaciones Exteriores. Garzón le informa ahora a Literas que recién reclamó la devolución de los documentos (�para evitar su pérdida�) después de que el gobierno argentino indicara que ya los había devuelto, cosa que en realidad no había ocurrido.
La dura resolución de Garzón sostiene que el gobierno argentino �ha desconocido la gravísima envergadura de los hechos delictivos que se imputan. La serie de comunicaciones y contracomunicaciones que en forma sorprendente se están produciendo carecen de sentido�. A su entender, lo que las autoridades competentes argentinas deben resolver �es si existe voluntad para pronunciarse� o si tienen �la decisión pretomada de no atender, en ningún caso, la demanda de extradición. De esta forma, una vez resuelto este dilema, quedaría clara la voluntad de aquella autoridad y podría pronunciarse el juez competente�, es decir Garzón.
En febrero de 1998 Menem denunció que Garzón era �una verdadera vedette que utiliza su poder para generar el acoso judicial a nuestras Fuerzas Armadas�, firmó el decreto que negaba colaboración a la justicia española y anunció su decisión de �dar instrucciones� a sus ministros de Defensa, Jorge Domínguez; de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, para que enfrenten �con firmeza� las decisiones de Garzón. Pero la dirigente del Frepaso Graciela FernándezMeijide declaró como testigo ante Garzón y el diputado radical tucumano Carlos Alberto Couriel viajó a Madrid para entregarle más de veinte kilos de documentación sobre Domingo Bussi. La Alianza refutó a Menem y dijo que debía permitirse la actuación de la Justicia. El segundo de Alberto Kohan en la Presidencia, Ricardo Romano firmó entonces una declaración titulada �El juez español hace campaña para los aliancistas�. Ese texto decía que �Garzón se ha convertido en el jefe de campaña de la Alianza. Y por eso el aplauso de algunos dirigentes de esa fuerza como señal de agradecimiento a quien desde una tribuna extranjera contribuyó a crear un espacio nacional de idiotas útiles, capaces de servir alegremente a una política de desunión nacional�. Esa referencia incluía al ahora ministro Gil Lavedra y a su colega del Interior, Federico Storani.
Según el juez español, cuyas resoluciones fueron apeladas por los procesados y por la fiscalía y ratificadas por unanimidad de los once camaristas de la Audiencia Nacional de Madrid, aún no ha solicitado la extradición porque �no se le ha facilitado la información sobre la situación de todos y cada uno de aquellos contra los que se ha dictado la orden de detención�. El escrito no le explica, pero esto significa que es posible que alguno de los procesados haya muerto (por ejemplo el Vicealmirante Adolfo Arduino), que otro esté prófugo (como el Capitán de Fragata Francis Whamond) o que alguno haya sido o esté siendo sometido a juicio en la Argentina por alguno de los mismos delitos que les imputa Garzón (esa será la previsible defensa de quienes fueron condenados y luego liberados por la ley de obediencia debida del ex presidente Raúl Alfonsín). En alguno de esos casos no se solicitaría la extradición. También en el caso del ex dictador chileno, Garzón pidió primero su detención a las autoridades británicas y recién cuando esa orden se cumplió solicitó que fuera extraditado. España no admite el juicio en ausencia, a diferencia de Francia, donde fue condenado en rebeldía Alfredo Astiz, o Italia, donde la semana próxima se iniciarán las audiencias en el juicio a Carlos Suárez Mason.
Ante todo, dice el escrito de Garzón, �las normas jurídicas están para proteger a los justiciables y para ser aplicadas si concurren los requisitos sustantivos y adjetivos precisos y ello al margen de criterios formalistas que buscan, por parte de quien los aplica, una clara obstaculización a la acción de la Justicia. En efecto, parece que la razón argumentada para que no se haya producido un pronunciamiento en un sentido u otro sobre la orden de detención es que a ésta le faltaban una serie de requisitos. Al respecto parece que se olvida que todos esos requisitos podrían haber sido suficiente y ampliamente cumplidos en la Argentina, por ser los procesados de esa nacionalidad, perfectamente conocidos y hallarse, todos ellos, localizados y a disposición de las autoridades. Por tanto, todo lo acontecido en estos meses se presenta, aparentemente, como una serie de decisiones concatenadas dirigidas a neutralizar la petición de detención de una serie de personas a las que se imputan delitos muy graves. La interpretación del término �urgencia�, relacionándolo con el tiempo que se ha tardado en remitir el cumplimiento de datos propios de una demanda de extradición y no de una orden de detención, no se compadece bien con la falta de decisión urgente sobre la detención o la libertad,la adopción de medidas mínimas que eviten la potencial sustracción de los reclamados a la acción de la justicia. Su falta de actividad desvela la inexistencia de voluntad real de atender a la solicitud o de rechazarla�.
Luego de reiterar que respeta las decisiones de la Justicia y del gobierno argentinos, Garzón solicita en su parte resolutiva que �se pronuncien clara y llanamente sobre los puntos sometidos a debate�. Entre ellos �si se va a tramitar la demanda de extradición que eventualmente se remita desde España y si se le va a dar traslado de la misma a la autoridad judicial competente; si el concepto de no urgencia se va aseguir aplicando a otras órdenes de detención que eventualmente se puedan cursar; y si se va a cumplimentar, en la forma que sea, positiva o negativa, pero judicialmente, mis órdenes de detención libradas y que hasta la fecha no han sido atendidas�.
La comunicación de Garzón estrecha el margen de maniobra del gobierno argentino, que está aplicando la política del doble discurso inaugurada en casos de violaciones a los derechos humanos por la anterior administración radical. Para colmo, la intimación española llega al mismo tiempo que la Corte de Apelaciones de Santiago comunica que concedió el desafuero del ex dictador chileno Augusto Pinochet, para que pueda ser juzgado en su país. Al igual que el presidente argentino Fernando De la Rúa, el juez Garzón es un experto en derecho procesal, lo cual confiere al caso los ribetes de un sutil ajedrez jurídico, que el juez español desequilibra con una coherencia conceptual y ética que no puede mostrar el gobierno argentino. Como en otros terrenos, también aquí la Alianza cambió de bando después de asumir el poder.
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