Por Adriana Meyer
La Cámara Federal determinó que la gubernamental Oficina Anticorrupción (OA) puede ser querellante en las causas contra ex funcionarios menemistas y que su creación no es anticonstitucional. Los integrantes de la sala II lo establecieron en la causa contra Gerardo Sofovich, Germán Kammerath y otros once directivos de Argentina Televisora Color, a cargo del juez federal Carlos Liporaci. Este magistrado había rechazado �de oficio� la participación de la OA como parte activa del proceso y declaró que la ley que creó ese organismo violó la Carta Magna. Sus superiores lo desautorizaron en forma categórica y al mismo tiempo legitimaron la intervención de la Oficina como protagonista en la batalla judicial contra los acusados de corrupción del anterior gobierno.
La OA funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia para prevenir e investigar aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción �aprobada por ley� y luego recibió por decreto la facultad de ser querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado. A diferencia del mero denunciante, el querellante puede apelar decisiones favorables a los imputados y acusar si el fiscal del caso no lo hace, tiene acceso al expediente, puede pedir informes a organismos oficiales, proponer testigos, ofrecer pruebas o plantear criterios al juez.
Liporaci había argumentado que las facultades que tiene la Oficina conducida por el ex juez José Massoni crea �un panorama de confusión� en cuanto a establecer quién resulta ser el titular de la acción penal pública dado que el artículo 120 de la Constitución puso en manos de los fiscales el impulso de la misma. Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzún consideraron que �no se advierte ni tampoco es invocada por el doctor Liporaci cuál es la disposición legal que pueda llevar a confusión� y que �la alegada �confusión� no aparece en las normas en juego sino en su intérprete, en este caso, el titular del juzgado 3 del fuero (Liporaci)�. Los jueces de la sala II acudieron a jurisprudencia de los años �70 para fundamentar que �no es novedosa la facultad del Estado de constituirse en querellante�. Esa Cámara había resuelto en 1977 que el Estado puede asumir ese rol y que, como persona jurídica, �es indudable que tiene capacidad para estar en juicio y querellar�.
Con respecto a la declaración de inconstitucionalidad de las normas que dieron origen a la Oficina, los camaristas fueron breves y directos. �Resulta otro desacierto que carece de asidero�, escribieron sobre el planteo de Liporaci. Y recordaron que ese tribunal siempre tuvo una concepción amplia para establecer quiénes pueden ser querellantes.
En la justicia federal el primero en alzar la voz contra la OA fue el fiscal Eduardo Freiler en una causa contra Víctor Alderete, con los mismos argumentos que Liporaci. Enseguida las aguas se dividieron entre los funcionarios de Comodoro Py. El juez de esa causa, Gabriel Cavallo, rechazó el planteo del fiscal y ahora será la sala I de la Cámara Federal la que decida ese y otra decena de planteos similares. Sus integrantes podrían avalar también a la OA, influenciados por los colegas de la sala segunda.
En este caso, hace ocho meses el fiscal Carlos Rívolo pidió la indagatoria de todos los directores imputados por administración fraudulenta. Los acusan de generar un déficit de 103 millones de dólares en el canal estatal. Con esta resolución, la causa podría activarse tal como lo pidieron la semana pasada el vocero presidencial Darío Lopérfido y el propio Massoni.
opinion
Por Leonardo Moledo |
Un gobierno de centroizquierda
Es verdaderamente una suerte que la población haya elegido para gobernar durante los próximos años a una alianza de centroizquierda, porque no es difícil imaginar lo que podría haber pasado si hubiera accedido al gobierno la derecha lisa y llana. Obsesionada por rendir pleitesía a los mercados, hubiera llenado el gabinete de economistas ortodoxos para tranquilizarlos. Con la ideología única del cierre de las cuentas fiscales, sin duda hubiera aplicado un impuestazo, bajando el mínimo no imponible, que sacudiría a la población. Por supuesto, con el argumento de que la situación heredada era insostenible y que el país debía jugar un buen papel ante los poderosos de la Tierra, razón que lo llevaría, de paso, a votar contra Cuba en las Naciones Unidas, como lo hizo el anterior gobierno menemista y casi seguramente a alinearse con el Vaticano en la Conferencia Internacional de la Mujer de Nueva York. Ante las protestas, digamos, de la gente de una provincia cualquiera (Corrientes, por poner un ejemplo al azar), no hubieran vacilado en reprimir y podría haber habido muertos. Si alguien hubiera cortado una avenida, la policía reprimiría, también, salvajemente, sea con balas, sea con patadas o cuchillos. No cabe duda de que habría tratado de redondear la flexibilización laboral, consumando la obra menemista y acordando con los sectores más burocratizados y corruptos del sindicalismo.
Si hubieran mandado al Congreso pliegos de ascensos de militares cuestionados por organismos de derechos humanos, no hubiera vacilado en impulsarlos con argumentos leguleyos. Al frente del Ejército hubiera colocado, sin duda, a algún general que, en vez de tratar de purgar al Ejército de los crímenes pasados y restaurar la justicia reconociéndolos, trataría de negarlos con frases al estilo �siempre se busca un culpable�.
Como, naturalmente, el impuesto generalizado no bastaría, seguramente echaría mano a los planes Trabajar primero, y ante la menor señal del FMI y la amenazadora visita de Teresa Ter Minassian, practicaría, sin vacilar un solo momento, un ajuste brutal: recortando presupuestos que no perdonan ni a la universidad ni al sistema científico �lugares a los que son poco afectos los gobiernos de derecha�, bajando jubilaciones, recortando salarios, o lisa y llanamente echando gente a la calle y provocando protestas generalizadas en la población, que no le importarían demasiado, porque la sensibilidad hacia lo que le ocurre a la gente no es una característica de este tipo de gobiernos. O, también, hubiera desregulado las obras sociales de tal manera que el sistema entero, en poco tiempo, caería por completo en manos de las prestadoras privadas. Si no consiguiera apoyo suficiente en el Congreso para medidas resistidas por la oposición, apelaría �como lo hizo Menem tantas veces� a los decretos de necesidad y urgencia, y conservaría el amistoso arreglo con la Corte Suprema que caracterizó la década menemista para asegurarse que medidas altamente cuestionables como bajar salarios no tendrían sobresaltos jurídicos.
Sí, verdaderamente, es saludable un gobierno de centroizquierda después de diez años de menemismo conservador y farandulesco. Si siguiera un gobierno conservador, hasta podría imaginarse un continuismo exhibicionista y uno podría pensar que la parentela gubernamental seguiría dando argumentos para alimentar a las revistas del corazón con sucesos como, yo qué sé, para imaginar un espectáculo menemista, que el hijo del presidente tenga un romance con la cantante de moda Shakira y aparezca en tapas y fotografías al mismo tiempo que el país recibe la lúgubre noticia del ajuste. Afortunadamente, afortunadamente, no tenemos un gobierno conservador. |
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