Por Raúl Dellatorre
 El gobierno de Córdoba dispuso ayer �tal cual había adelantado en días anteriores� una generalización de la rebaja del impuesto a los ingresos brutos, extendiéndolo a todos los comercios que facturen hasta 20 mil pesos por mes. La política seguida por el gobernador justicialista José Manuel de la Sota será imitada por el radical Pablo Verani, gobernador de Río Negro, que ayer anticipó que aplicará rebajas del 20 al 45 por ciento en las alícuotas de ingresos brutos y del 10 por ciento en el impuesto inmobiliario.
La decisión de un gobierno aliancista como el de Río Negro de acompañar la política seguida por De la Sota aparece como un espaldarazo al posicionamiento del cordobés. Pero tanto Verani como su par mediterráneo cuentan a favor con un elemento que el gobierno nacional no posee para tomar la decisión de bajar impuestos. Como los tributos provinciales son de muy escasa incidencia en los respectivos presupuestos �y usualmente con un muy elevado nivel de morosidad�, la baja de las alícuotas es una apuesta de muy alto rédito político pero prácticamente sin ningún riesgo económico.
Córdoba está, en el contexto nacional, entre las provincias de mayor desarrollo relativo, con grandes empresas instaladas en su jurisdicción tanto en el sector industrial como en los servicios y en la producción agropecuaria. De allí deriva la porción principal de sus recursos propios. En tanto, a nivel de pequeños comercios y unidades productivas familiares, el nivel de evasión de ingresos brutos y morosidad en el impuesto inmobiliario es muy elevado. No es casual que la rebaja de alícuotas se aplique sobre los pequeños comerciantes, precisamente la franja en la que la recaudación es más débil, menos significativa y es menos efectiva la fiscalización. Es, además, el sector al que le resulta más fácil evadir, por vía de subfacturación o ventas en negro (¿cuántos clientes piden factura en la verdulería?).
El decreto firmado por De la Sota amplía la rebaja del 30 por ciento de ese tributo para todos los comerciantes que facturan hasta 20 mil pesos por mes, ampliando los alcances de la desgravación anterior. En diciembre pasado habían sido beneficiados sólo los pequeños y medianos empresarios que venden artículos de primera necesidad, mientras que ahora el beneficio también abarca a quienes comercializan objetos suntuarios.
Río Negro, en tanto, está integrada al lote de provincias con menor desarrollo relativo y muy bajo autofinanciamiento, dependiendo fundamentalmente de los recursos coparticipados de origen nacional. La desgravación anunciada alcanza a ingresos brutos, inmobiliario, un régimen especial de desgravaciones para la actividad turística en el corredor atlántico de Viedma y para futuras radicaciones industriales en la capital provincial.
Durante toda la década del 90, la mayoría de las provincias �en particular, las de menor desarrollo� centraron sus esfuerzos en presionar al Estado nacional para obtener una mayor partida de los impuestos coparticipados, antes que generar recursos de origen provincial. Pero el último pacto fiscal estableció una suma mínima a distribuir entre las provincias de 1350 millones de pesos en el 2000 y 1364 millones en el 2001, más una participación adicional si aumenta la recaudación de impuestos nacionales por sobre el piso presupuestado. Por otra parte, ya desde el Pacto Nación-provincias de 1993 estas últimas se obligaron a suprimir Ingresos Brutos, con lo cual las reducciones que ahora se disponen no serían más que un parcial y demorado cumplimiento de lo acordado.
No obstante, la administración De la Sota no se priva de hacer campaña con la rebaja. Humberto Petrei, asesor del gobernador cordobés, se permitió ayer mostrar la rebaja de impuestos como un ejemplo que debería imitar el Estado nacional. �Dará resultado en distintos lugares, inclusoen la Nación, si naturalmente va acompañada de un fortalecimiento del ente recaudador y de agregar mucha transparencia al gasto público�, sostuvo.
PROYECTO DE DIPUTADOS DE LA ALIANZA
Flexibilización fiscal
Un grupo de diputados �críticos� de la Alianza presentó un proyecto para modificar la actual ley de Convertibilidad Fiscal, que impone un techo al déficit fiscal en línea con los 4500 millones pautados en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario. Los legisladores proponen que el déficit �no debe superar el 40 por ciento del promedio de déficit de los primeros 15 países del mundo en materia de ingreso per cápita, según las estadísticas del Banco Mundial, y que el déficit sobre el promedio deberá disminuir un 4 por ciento por año�.
Así, el �ala izquierda� del bloque aliancista buscaría un espacio legal para flexibilizar luego las metas de déficit del FMI, que �aun después del último ajuste� los analistas dudan que se puedan cumplir. Justamente, el ministro José Luis Machinea se entrevistará entre hoy y mañana con la misión del Fondo que se encuentra en Buenos Aires, encabezadas por Teresa Ter Minassian, para auditar las cuentas fiscales del segundo trimestre del año.
El proyecto de ley fue redactado por Enrique Martínez, y avalada por sus pares Marcela Bordenave, Ramón Torres Molina, Gustavo Cardesa, Humberto Volando, Héctor Polino, Jorge Rivas, Alfredo Bravo y Alicia Castro.
�La ley votada el año pasado establece que el déficit fiscal de 1999 no podía superar el 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno, y esa cifra no se cumplió, ya que se ubicó en el 3,09 por ciento del Producto�, dijo Martínez. En ese sentido, Martínez manifestó que �el incumplimiento de la pauta de 1999 no puede ser pasado por alto� y destacó que por eso un conjunto de diputados �está proponiendo el dictado de una nueva norma� a fin de �buscar más precisión y claridad conceptual en la aplicación de una decisión restrictiva�. En realidad, la actual ley de Solvencia Fiscal establece un límite al déficit de este año que estaría por encima de los 4500 millones negociados con el FMI. Pero no hay acuerdo sobre hasta dónde podría estirarse dicho límite, ya que la ley habla en forma difusa de un nivel de déficit en términos del PBI: sea como fuere, la idea es que el techo se ubicaría entre los 5500 y 6000 millones de pesos.
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