Por A.M.
 Víctor Alderete no tiene paz. La Justicia volvió a procesarlo por una de las diecinueve causas que se acumulan en su contra por hechos de corrupción que cometió como titular del PAMI y del Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB). En este caso, el juez Adolfo Bagnasco lo procesó por administración fraudulenta y lo embargó en un millón de pesos por la contratación directa de estudios jurídicos y contables realizada en los últimos meses de su gestión. El magistrado estableció que Alderete hizo pagar al PAMI tres millones de pesos �que debieron haberse destinado a brindar mejores servicios de salud a jubilados y pensionados�. Es el segundo procesamiento que cae sobre su cabeza y eso aumenta las posibilidades de que termine preso.
La denuncia había sido presentada por el delegado del PAMI en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Kasparian, y señalaba que Alderete firmó dos contratos con el estudio Bianchi, Mihura Estrada & Galarza de 30 mil pesos cada uno, para que elabore un dictamen en relación con la aplicabilidad de las normas sobre contrataciones y sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos. Además, el funcionario preferido de Carlos Menem contrató a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para que confeccione un informe sobre la gestión del instituto por 440 mil pesos, y acordó con el estudio Razzeto, López, Rodríguez Córdoba & Asociados la realización de estudios contables por 240 mil pesos.
Según Bagnasco, está �acreditado que Víctor Alderete realizó contrataciones en desmedro de las arcas públicas para la realización de auditorías� sobre su propia gestión, cuando en realidad �podría haberle encomendado� esa tarea �a agentes propios de la institución que presidía�, o sea a los auditores del PAMI. �Al suscribirse cada uno de los contratos, se desviaron fondos de la entidad en perjuicio de sus beneficiarios. Las sumas de dinero entregadas en pago por cada una de las tareas encomendadas aumentaban el déficit que afrontaba el instituto�, escribió el juez en su resolución. Y subrayó que los montos invertidos en esas operaciones �resultaban ser de mayor utilidad para otros servicios que la obra social brindaba� a sus afiliados.
La denuncia original había incluido también la contratación de la Auditoría General de la Nación (AGN) por un millón y medio de pesos, pero Bagnasco sostuvo que con ese organismo se cumplieron las normas legales pertinentes. Sin embargo, destacó que en los otros casos �ninguno de los expedientes de liquidación mencionados respecto de cada una de las consultoras y estudios contratados cuenta con elementos que permitan determinar que se han cumplido los objetivos por los cuales se efectuara el pago�. El magistrado afirmó que Alderete, cuando fue indagado, hizo �una argumentación extensa de naturaleza política�, pero no formuló descargos por los hechos ilícitos por los que fue denunciado. Bagnasco consignó que �fue Alderete quien, en su carácter de presidente, dispuso de bienes propios� del PAMI, �lo cual resulta ser perjudicial para los intereses de la institución�, ya que �al suscribirse los contratos se desviaron fondos de la entidad en perjuicio de sus beneficiarios�.
El juez agregó que �Alderete perturbó, de manera manifiesta, el orden administrativo-financiero del organismo, evidenciándose en su accionar un daño� que repercutió en los demás servicios de la obra social, �dada la arbitraria decisión en contraposición a los intereses a él confiados�. Alderete había justificado la contratación de agentes externos para dar transparencia al PAMI, pero Bagnasco estimó que esa necesidad fue el �embaucamiento� utilizado por el ex funcionario para configurar el delito de defraudación contra la administración pública.
El juez Claudio Bonadío dictó el primer procesamiento del ex compañero de golf de Carlos Menem, también por el delito de administraciónfraudulenta por la firma de una millonaria contratación directa con una empresa fantasma. Bagnasco lo tiene imputado en otras dos causas. En la que investiga el vaciamiento del ISSB �la ex obra social bancaria� le había dictado la falta de mérito, pero en los próximos días podría procesarlo. Además, lo llamará a indagatoria en la causa más compleja contra Alderete en la que se lo acusa de haber liderado una asociación ilícita. Por esa denuncia de la Oficina Anticorrupción, Bagnasco podría poner al ex funcionario tras las rejas.
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El juez federal Adolfo Bagnasco investiga la contratación de un �informe semiológico� que costó 70.543 pesos.