VIDELA, MASSERA Y DEMAS SEGUIRAN PRESOS
La Cámara apoya a Bagnasco

Si confirma las decisiones del juez Adolfo Bagnasco en la causa por el plan sistemático de sustracción de menores, los represores seguirán con prisión preventiva y se abre el camino para el juicio oral. Capitán de navío Jorge �Tigre� Acosta, ex jefe de los grupos de tareas de la ESMA. Permanecerá detenido en una unidad penal castrense mientras se instruye el juicio.

 Ocho ex jefes militares seguirán presos y procesados en la causa sobre la práctica sistemática de apropiación de bebés, hijos de desaparecidos. La Cámara Federal porteña está a punto de confirmar la resolución del juez Adolfo Bagnasco y así quedará despejado el camino para el juicio oral. Emilio Massera, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Rubén Franco y Antonio Vañek continuarán en arresto domiciliario y Jorge �Tigre� Acosta y Héctor Febres permanecerán detenidos en unidades penales castrenses, hasta que todos deban sentarse otra vez en el banquillo del proceso público.
Página/12 pudo saber que la sala I del tribunal ratificará lo esencial de la medida dictada por Bagnasco en setiembre, cuando volvió a procesar a los represores imputados y les dictó la prisión preventiva. Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani firmarían la resolución hoy o el martes y no se apartarán del criterio que establecieron hace nueve meses al rechazar la pretensión de que los delitos fueran declarados prescriptos y ya juzgados en el Juicio a las Juntas. En esa oportunidad, los camaristas ratificaron la competencia de Bagnasco frente al pedido de Videla y Acosta de que interviniera el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa), y de Massera que quería ser juzgado por la jueza Servini de Cubría. 
Los jueces de la sala I demoraron el pronunciamiento porque sus equipos están analizando cada uno de los 38 casos de apropiación de menores que el juez utilizó para fundamentar la existencia de una práctica sistemática. Por eso pidieron legajos de la Conadep y otra documentación y están muy atentos al encuentro entre Juan Gelman y su nieta ya que el poeta es querellante en el caso. Bagnasco había acusado a Nicolaides, Franco, Bignone y Massera por 194 casos de nacimientos ocurridos en centros clandestinos pero la Cámara redujo esa cifra y ahora podría volver a acotarla.
Los represores seguirán detenidos porque los camaristas rechazarán todos los pedidos de excarcelación presentados por sus defensores. Estos letrados �que no actúan en equipo� fueron muy insistentes al reclamar la liberación de sus clientes argumentando que los delitos que se les imputan son excarcelables. Pero Bagnasco se basó en la denominada �objetiva valoración de las características del hecho�, como establece el artículo 319 del Código Procesal Penal. Según el magistrado, �la gravedad de los hechos, sumado a que los mismos se siguen cometiendo hasta el momento, obstaría a todas luces la concesión de la libertad de los nombrados por cuanto dichas conductas ilícitas se siguen perpetrando �prima facie� bajo la responsabilidad de los imputados�. Es decir que la situación de apropiación continúa produciéndose. Riva Aramayo y Vigliani mantendrían una posición similar. Además, la excarcelación puede denegarse para asegurar el éxito de una investigación. En este caso, si bien la mayoría de los imputados tiene más de setenta años y algunos no gozan de buena salud, los investigadores consideran que existe el riesgo de que pudieran interferir en el proceso.
En la anterior resolución los dos integrantes de la sala I evitaron pronunciarse sobre la �garantía de impunidad� que se otorgaron los jefes militares con responsabilidad política durante el último período de la dictadura. El Documento Final de la Junta determinó la muerte de todos los desaparecidos, entre quienes se encuentran los menores nacidos en cautiverio. Y la ley de autoamnistía intentó eximir de responsabilidad penal a los personeros del terrorismo de Estado. Bignone, Nicolaides y Franco integraron la Junta que dictó ambas iniciativas; Bagnasco entendió que fue �el último acto destinado a salvaguardar el plan criminal de sustracción de menores y a garantizar que el mismo llegara a buen término� y los procesó como coautores mediatos. Es probable que los camaristas avalen esta imputación. 
El juzgado está dictando las últimas medidas (ver aparte) y, aunque el conflicto de competencia con el Consufa �que pretende sacarle lainvestigación al juez federal� trabó el avance del caso, el escenario del juicio oral no está muy lejano. 

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