Por Mariana Carbajal
 �Cuando la gente me felicita, no sé si decirle que se ponga a llorar conmigo: sé que la situación que recibo es catastrófica�, dijo ayer a Página/12 Irma Lima, un par de horas después de comunicarle a Carlos Ruckauf, vía telefónica, que había aceptado encabezar la intervención al Consejo Provincial del Menor. �Es la oportunidad de hacer algo por estos niños y jóvenes con los que tenemos tantas deudas�, justificó su decisión de incorporarse a un gobierno que ha impulsado una política de mano dura en materia de seguridad, cuando ella se define en las antípodas, como garantista. Lima descartó que su nombramiento busque silenciarla. �No me voy a callar en ningún lugar donde esté. El gobernador me dijo que tengo las manos totalmente libres para instrumentar los cambios necesarios e investigar lo que tuviere que investigar�, se preocupó por subrayar. �Lo más urgente es retirar a los chicos de las comisarías�, precisó y adelantó las principales medidas que implementará. En sus planes inmediatos está ordenar una auditoría integral sobre cada uno de los hogares que recibe dinero del organismo, como el del obispado de Mercedes-Luján, donde se detectaron abusos a menores; evaluar a todos los guardiacárceles e impulsar programas alternativos para evitar la detención de menores.
Ayer a la tarde, Irma Lima ya tenía redactada su renuncia como jueza de menores y pensaba presentarla hoy a la mañana. Pondrá fin, así, a una carrera judicial de 36 años. Tiene 56. Durante 14 fue defensora de pobres y ausentes, y en los últimos seis ocupó el Tribunal de La Plata, desde donde alzó su voz �grave y potente� para denunciar la connivencia de la policía con la prostitución infantil, y los maltratos y torturas que sufren menores en institutos y hogares, como el Jesús de Nazareth.
�¿Por qué aceptó el cargo?
�Uno no puede estar permanentemente criticando. Es la oportunidad de hacer algo por estos niños y jóvenes con los que tenemos tantas deudas.
�El gobernador Ruckauf defiende la política de tolerancia cero con la delincuencia. En ese contexto, ¿qué margen tendrá para mejorar la situación de los menores hacinados en comisarías?
�El gobernador me dijo que quiere que se apruebe rápido una ley de menores que se adapte a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y que yo solucione el problema tan serio de la minoridad y los institutos, que todos conocemos. Siempre se me ha tildado de garantista. Creo que la forma de reeducar a esos chicos y de reinsertarlos en la sociedad no es la que se estaba impulsando. Para mí, ése es el norte.
�Pero, al sumarse a un Poder Ejecutivo que, precisamente, no ha sido tildado de garantista, ¿no tendrá las manos atadas para actuar?
�El gobernador me ha dicho que tengo las manos totalmente libres para instrumentar los cambios e investigar lo que tuviere que investigar.
�¿Cómo definiría la situación actual de la minoridad?
�Una catástrofe. Lo más urgente es retirar a los chicos de las comisarías.
�¿Cómo piensa hacerlo?
�Voy a analizar el problema con Juan Carlos Domínguez Lostaló, que será uno de mis colaboradores. Es docente de la Universidad Nacional de La Plata, muy respetuoso de la Convención, que viene trabajando hace muchos años con programas alternativos para tratar a los menores y que implementó grandes cambios en Costa Rica y Uruguay.
�¿Tiene definido qué hará? Ahora será suya la responsabilidad de que los menores sigan en las comisarías, violando la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
�Alguna solución vamos a encontrar, eso es seguro. Queremos descentralizar (la detención) en los correspondientes departamentos judiciales, para que los chicos estén cerca de sus familias, un tema que vengo reclamando a la Suprema Corte desde hace rato.
�¿Baraja la posibilidad de crear nuevos institutos?
�En algún momento quizás sean necesarios.
�¿No cree que quedará limitada para denunciar abusos policiales siendo parte del Poder Ejecutivo?
�No. En cuanto me entere de algún hecho denunciable, seguiré denunciando a la policía.
�¿Cerrará el Instituto Almafuerte? Usted misma ha señalado que una vez que ingresan allí, los menores no vuelven a estar al aire libre. Como el patio no tiene muro perimetral, por razones de seguridad no se lo usa.
�No se puede eliminar. Son las únicas 30 vacantes de máxima seguridad que tiene la provincia. Pero la construcción del paredón perimetral es un tema pendiente. La seguridad moderna debe ser externa, para permitir la libre circulación interna. Ojalá lleguemos a un día en el que no necesitemos más cárceles de máxima seguridad. Hay que trabajar para que haya menos chicos internados, es decir, crear programas alternativos, como libertades asistidas. Cuando un menor llega a una situación en la que necesita una cárcel de máxima seguridad significa que no se trabajó bien previamente. La Convención habla de la privación como último recurso.
�¿Hoy no existen programas alternativos?
�Hay uno que otro, pero ninguno funciona adecuadamente.
�¿Es consciente de que su planteo propone un giro de 180 grados en la política de minoridad de Ruckauf?
�Sí, son cambios profundos. Aceptar la Convención implica un cambio de mentalidad y de postura.
�Usted sostiene que muchos motines son impulsados por los mismos guardiacárceles. ¿Qué medida piensa tomar al respecto?
�Vamos a tener que evaluar muy bien a cada guardia. En los casos en que se constaten malos tratos hacia los chicos, no me va a temblar la mano para hacer la denuncia penal correspondiente. Por otro lado, se despedirá o reubicará a quienes no tengan el perfil adecuado para manejar a menores en institutos de máxima seguridad.
�Otro tema son las ONGs que tienen convenios con el Consejo Provincial del Menor, donde �según usted misma denunció� son maltratados. En otros casos, se los sobremedica.
�Hay ONGs que funcionan bien y otras que son un desastre, donde los chicos directamente son una mercancía que generan fondos. Voy a ordenar una auditoría integral y en lo posible externa, en cada hogar. Y, además, mantener controles permanentes. En cuanto uno se descuida, vienen las transgresiones.
RUCKAUF QUIERE A CASTRILLI COMO FUNCIONARIO DE SU GOBIERNO
Un sheriff contra la violencia en el fútbol
�A través de este plan que denominamos �impunidad cero� terminarán de existir no sólo los barrabravas sino que también ocuparán su lugar los dirigentes que colaboran con los barrabravas.� Durante la campaña electoral de Nueva Dirigencia, del brazo de Gustavo Beliz, el ex árbitro de fútbol Javier Castrilli se postuló, como sheriff que es �tal su apodo cuando era el implacable defensor del reglamento deportivo�, para ponerle coto a la violencia en los estadios. Ayer, el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf recogió el guante y anunció que Castrilli podría convertirse en el futuro titular de Seguridad en el Deporte de la provincia. Ruckauf comentó que viene manteniendo reuniones con el ex árbitro, con Beliz y con el ex gobernador Eduardo Duhalde �para analizar un proyecto integral contra la violencia en el fútbol que unifique el accionar de las policías Federal y Bonaerense, y si Castrilli está de acuerdo, él va a ser quien esté al frente de la iniciativa�.
Las palabras de Ruckauf sirvieron para aclarar la situación, ya que el ministro de Seguridad, comisario Ramón Verón, había anunciado como un hecho la designación de Castrilli. Fuentes de Nueva Dirigencia recordaron que Ruckauf ya le había ofrecido el mismo cargo, durante la campaña con vistas a la elección de jefe de Gobierno porteño, antes que Beliz y Domingo Cavallo se convirtieran en dupla. En aquel momento, Beliz tuvo miedo de abrir el juego y aparecer ligado a Ruckauf, pero ya pasó mucha agua bajo el puente y las relaciones están en una fase cordial.
Castrilli ya estaba al corriente de la inminente designación de Ruckauf, quien aceleró el ofrecimiento aprovechando el mal momento del árbitro, que en la actualidad se dedica a dirigir partidos de entrecasa en el Uruguay. Para él, que lo pongan al frente del área con la que siempre soñó, sería tocar el cielo con las manos. De todos modos, para evitar que se caiga su imagen de justiciero, Castrilli quiere garantías para desempeñar su labor y por eso mantiene reuniones semanales con Ruckauf, Duhalde y Beliz.
�Estoy pensando en Castrilli�, confirmó anoche Ruckauf, pero aclaró que el proyecto �no se limita a la provincia de Buenos Aires sino que se pretende un acuerdo con la Nación para garantizar la seguridad en los estadios�. El gobernador tiene que definir si Castrilli se hará cargo de una subsecretaría o de una Dirección de Deportes. Se presume que se sumará al trabajo el comisario y ex árbitro Mario Gallina, que también tiene su proyecto. �Hay que ver si todo se puede coordinar de manera conveniente�, admitió una fuente allegada al gobernador, dando a entender que puede haber diferencias entre los dos ex árbitros.
Desde los tiempos de Aldo Rico como ministro de Seguridad, está en marcha un proyecto de privatización de la seguridad en los partidos de fútbol que significaría una inversión millonaria. Para imponer su plan de �impunidad cero�, el sheriff Castrilli quiere que se modifiquen las leyes en la provincia y en la Nación, que los menores de 18 años puedan ser penalizados, que se termine con la reventa de entradas y dejar al desnudo a los dirigentes del fútbol que se dedican a negociar y proteger a los barrabravas. En un reportaje publicado por Líbero, el suplemento deportivo de Página/12, Castrilli sostuvo que �la comprobación de complicidad con estos delincuentes (se refería a los barrabravas) debe ser sancionada con un arresto efectivo, sean dirigentes, técnicos, jugadores o políticos�.
En ese momento proponía modificar el Código de Convivencia en Buenos Aires y ahora apoyaría el endurecimiento de las leyes en la provincia.
| La crisis de fondo
El nombramiento de Irma Lima como interventora del Consejo del Menor se produce en medio de una crisis que se dispara con las denuncias contra el instituto Jesús de Nazareth, donde una inspección encontró que los menores vivían en condiciones degradantes, a lo que se sumaron relatos de torturas y violaciones. El instituto depende del obispo de Mercedes-Luján, Emilio Ogñenovich, cercano al secretario de Gobierno, Esteban Caselli. En realidad, la crisis es mucho más antigua: en varias oportunidades jueces de menores y la propia Corte Suprema advirtieron sobre el maltrato y las torturas inflingidas a los niños en comisarías e institutos, sin que el gobierno bonaerense tomara determinación alguna.
Cuando el ex subsecretario del Consejo, Roberto Saredi, interrumpió las derivaciones al instituto Jesús de Nazareth por las denuncias, la decisión oficial, asumida por el entonces titular del organismo, Daniel Bolinaga, fue precisamente forzar la renuncia de Saredi.
Los diputados bonaerenses, en tanto, habían dado media sanción a un proyecto de la Alianza donde se declaró el estado de emergencia del sistema de minoridad y se creó una comisión bicameral para investigar el destino de los recursos.
A fines de la semana pasada, cuando el escándalo había crecido demasiado y ocupaba un espacio creciente en los medios, Carlos Ruckauf optó por sacrificar a Bolinaga. La sorpresa que tenía guardada era su reemplazante, un viraje rotundo en la línea mantenida.
�Obviamente la opinión personal que yo tengo de la doctora Lima es inmejorable, ha mostrado en su historia una coherencia total en la defensa de los intereses de los menores �dijo ayer a Página/12 el diputado de la Alianza Mario Espada, uno de los impulsores de la declaración de emergencia�. Lo que creo es que debe haber una voluntad de cambio para instaurar una política de Estado. Desde la gestión Marta Pascual hasta aquí hemos estado a los tumbos y no se ha hecho nada en esta materia. Dos períodos ininterrumpidos de gobierno justicialista no dejan espacio para justificaciones. Creo que el nombramiento de la doctora Lima es un gesto saludable, esperaremos a ver qué pasa�. |
|
