Por Florencia Grieco
 Hablar de las coincidencias entre Uruguay y Argentina es, tal vez, el aspecto que mejor oculta que esta margen del Río de la Plata está más hundida. Ayer hubo un paro de 24 horas en la República Oriental, convocado por la central sindical única del país (PIT-CNT) en reclamo por el presente y el horizonte económico que dibuja el gobierno del presidente colorado Jorge Batlle, respaldado por sus socios blancos. Es decir, una coalición formada por los dos partidos tradicionales de Uruguay y de la que, por lo tanto, no se esperaba ninguna revolución ni mucho menos, sobre todo teniendo en cuenta que el anterior presidente, Julio María Sanguinetti, era colorado, y que su antecesor, Alberto Lacalle, pertenecía al Partido Nacional (Blanco). Y que quien se quedó sin la presidencia fue la izquierda más a la izquierda de la región. Decir, entonces, que hay continuidad, es una obviedad. ¿Pero qué queda de este lado del río, donde hoy se realiza un paro nacional contra esa alianza �socialdemócrata� que reclamó apoyo para terminar con la �era menemista�, �la fiesta de pocos� y otros tantos eufemismos, y que apenas unos días atrás empaquetó a su electorado con la mayor continuidad que podía exhibir?
En Uruguay, la huelga de ayer (apoyada por la principal fuerza parlamentaria, la alianza de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio, EP-FA) tuvo paralelos innegables con la que se realiza acá. El mismo día que Batlle cumplía 100 días en el gobierno, debió enfrentar una protesta contra el desempleo, que ya alcanzó los 12 puntos (algo más de 150.000 trabajadores), aunque la PIT-CNT calcula que otras 500.000 personas conviven y sobreviven con �empleos precarios�. Pero también contra el ajuste local: un recorte del gasto público por 150 millones de dólares que, según la central sindical, contraerá el consumo interno y profundizará la actual recesión heredera en gran parte de la devaluación brasileña de principios del año pasado y sus secuelas en la Argentina. El detalle es que allí �en un país de tradición a contramano de las �olas privatizadoras� de sus vecinos� se suma el rechazo a la �ley de emergencia� presentada ante el Parlamento, que �abre el camino a la privatización incluso de las empresas del Estado que son eficientes�. Un peligro que en Argentina (ya) no existe.
El balance del paro fue desparejo. En Montevideo, muchos comercios estuvieron abiertos y la actividad era bastante más notoria que la esperada para un día de paro. En el sector bancario, la mayoría de las instituciones abrió únicamente sus casas centrales, y se calculaba �un alto acatamiento en el interior y en los establecimientos educativos�. Los transportes funcionaron casi al ritmo de un día normal (900 unidades sobre un total de 1100), y fue en ese sector donde se concentraron los únicos incidentes que, pese a haber sido menores, enturbiaron el ambiente y el diálogo (ya tenso) entre los sindicalistas y el gobierno. Tres dirigentes sindicales fueron detenidos, acusados de haber participado en los ataques a pedradas contra 21 ómnibus de Cutcsa, la principal compañía de transporte de pasajeros de la capital uruguaya. El vocero de PIT-CNT, Ismael Fuentes, rechazó �todo tipo de responsabilidad�, pero expresó su temor de que �sea una provocación para enrarecer el clima de la huelga�.
Las reacciones de los presidentes de ambos países a las huelgas también fue parecida: De la Rúa la tildó por adelantado de �reaccionaria�, y Batlle se dio el lujo (intolerable en esta orilla) de hablar con ironía: �Estuvo programada para festejar los 100 días, porque hace como un mes que está decretada�. En la conferencia de prensa que dio en el gubernamental Edificio Libertad, el mandatario uruguayo disparó que la medida �no tiene utilidad alguna y no responde a nada concreto�, y que los organizadores no incluyeron en sus demandas �el único tema de actualidad� (el conflicto con el gobierno del EP-FA por la recolección de la basura en Montevideo) porque �seguramente tenían temor de que se les hundiera la plataforma si le ponían la basura arriba�.
En mayo, la empresa CIFRA publicó una encuesta que daba un 53 por ciento de apoyo a Batlle en Montevideo y Canelones, los dos departamentos más importantes de Uruguay. Es que, desde que asumió el 1º de marzo, el presidente se desmarcó de Sanguinetti y se hizo cargo personalmente de buscar una solución al tema de los desaparecidos. Por eso, los dirigentes de PIT-CNT se cuidaron de aclarar que el paro �no es contra Batlle sino contra la continuidad de una política económica que perjudica a los trabajadores�. Después del ajuste argentino, un sondeo de la consultora de Ricardo Rouvier dio un copioso 60 por ciento de imagen positiva a De la Rúa (cuyo gobierno, por otra parte, ratificó el ascenso de militares implicados en las violaciones de derechos humanos durante la dictadura). Pero acá nadie salió a diferenciar las políticas criticadas del presidente que las aplica. Quizá porque ya no sorprende que quien está en la cumbre formal del poder político deshaga todas sus promesas socialdemócratas, progresistas, centro-izquierdistas y se limite a comportarse como un continuador con pretextos de su antecesor. En Uruguay, por lo menos, nadie ganó mintiendo.
UN ACTO DE GOLPISMO TRAS LA FRAUDULENTA RE-RE
Fujimori confirmado por sus FF.AA.
Por Carlos Noriega
Desde Lima
En medio de la crisis por su ilegítima re-reelección, el presidente Alberto Fujimori fue a buscar, una vez más, refugio y apoyo a los cuarteles militares. Rodeado de uniformes y flanqueado por sables y fusiles, el presidente peruano encontró el respaldo que las calles peruanas y la comunidad internacional le niegan. En una ceremonia castrense, las Fuerzas Armadas y policiales reconocieron a Fujimori como su jefe supremo para el período 2000-2005 y amenazaron con reprimir a quienes cuestionan la legitimidad de su re-re. �Estamos siempre listos para actuar en defensa de su gobierno�, le prometió el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general José Villanueva. Fujimori agradeció el respaldo y, con voz que pretendía imitar la tonalidad propia de los cuarteles, les dijo a los militares que ellos eran �la garantía de estabilidad política en el país�. Alejandro Toledo calificó el acto como �una señal de temor y de inseguridad�. �Quieren jugar al hecho consumado, les pido a las Fuerzas Armadas que sirvan al Perú y no a Fujimori�, señaló Toledo poco antes de presidir un multitudinario mitin en una universidad de la norteña ciudad de Chiclayo. Horas después, los partidos de la oposición democrática emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron este hecho como �un nuevo golpe de Estado�. Por su parte, la minoría parlamentaria pidió la presencia en el Congreso del ministro de Defensa para que explique el anticonstitucional pronunciamiento castrense.
Desde que se restauró la democracia en 1980, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas al presidente electo se ha hecho siempre luego que éste toma juramento y asume el cargo ante el Congreso. Esta vez, los militares pasaron por alto al Parlamento y a la Constitución y se encargaron ellos de declarar oficialmente a Fujimori como presidente para los próximos cinco años. El acto militar, transmitido en cadena por todos los canales de televisión, fue breve y muy castrense, y ha dejado en clara evidencia cuál es el real sostén del fujimorismo. Con la gente protestando en las calles contra la continuidad de su régimen cívico-militar y un próximo Congreso en el que ya no tendrá la dócil mayoría de la que ahora goza, a Fujimori no le queda otro camino que refugiarse cada vez más bajo el manto protector de sus aliados militares. Pero en los pasillos de los cuarteles flota un aire de descontento por el compromiso de la cúpula de generales con el régimen de Fujimori. Y no se descartan movidas y fracturas internas. En primera fila, junto a los máximos jefes militares, estaba el siniestro asesor presidencial y jefe de facto del temido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos. Irrefutable muestra del poder real que ejerce al interior de las Fuerzas Armadas y del gobierno este personaje sobre el cual pesan acusaciones de enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico y violaciones a los derechos humanos, que incluyen torturas y asesinatos.
Pero la intromisión de los militares en la política no se limitó a esa ceremonia con olor a golpismo. La noche anterior, el congresista electo por el opositor partido Somos Perú, Jorge Chávez, denunció al general Villanueva, el mismo que ayer proclamó ilegalmente como presidente a Fujimori, de intentar sobornarlo primero y luego amenazarlo para que se pase a las filas del fujimorismo. Fujimori obtuvo 52 bancadas de las 120 del Congreso unicameral y para lograr mayoría ha decidido embarcarse en la compra de congresistas opositores. Para el gobierno es vital obtener mayoría para evitar que la oposición logre hacer aprobar una propuesta que declare la vacancia de la presidencia y el llamado a nuevas elecciones.
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