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Por Raúl Dellatorre  La
premura del gobierno nacional por dar a luz el marco normativo de la desregulación
telefónica chocó contra el juego de presiones de los grupos
afectados. La presentación del decreto respectivo, anunciada para
ayer, se postergó hasta hoy, cuando el presidente Fernando de la
Rúa espera ponerle la firma ya a pocas horas de partir hacia Estados
Unidos. Hoy por la mañana, encerrado en Olivos junto a dos ministros
y el secretario de Comunicaciones, espera darle la puntada final a la norma,
alejado de las presiones de Telefónica, que pugnaba por cambiar la
letra del borrador escrito por José Luis Machinea y Enoch Aguiar,
y de las nuevas competidoras en telefonía fija, que con las empresas
norteamericanas y el encargado de negocios de la embajada a la cabeza, empujan
en dirección contraria. “El marco ya está definido, sólo faltan ajustar cuestiones formales, pero el secretario de Comunicación no le va a cambiar ni una coma”, enfatizó anoche una fuente cercana a Enoch Aguiar al ser consultado sobre la reunión matutina de hoy en la quinta presidencial. Junto a De la Rúa y Aguiar estarán Machinea y Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura. Hasta ayer por la tarde, tanto el Presidente como el secretario de Comunicaciones fueron asediados por las empresas que se lanzarán a competir por la telefonía fija a partir del 8 de noviembre. El bloque de lobbistas más activo es el que representa a los capitales norteamericanos, que prometen cinco mil millones de dólares en inversiones en los próximos tres años si les dejan las puertas del negocio suficientemente abiertas. Pero también hubo varias llamadas desde Madrid, sede de Telefónica, empresa que ve peligrar la rentabilidad de su negocio con la desregulación. Los puntos en conflicto son, básicamente, los siguientes: uEl costo de interconexión, que define el valor de “peaje” que abonarán los nuevos operadores por utilizar la red instalada por Telefónica y Telecom. uEl servicio universal, que obliga a asegurar el acceso a usuarios de cualquier punto del país. uEl régimen de licencias, que define los derechos (servicios que podrá prestar) y obligaciones a que deberá atenerse cada licenciatario. El borrador que el Gobierno asegura que será el texto definitivo establece un costo de 1,1 centavo por minuto de interconexión, un régimen de licencias amplio que abarcaría la posibilidad de ofrecer paquetes de telefonía, transmisión de datos, TV por cable e Internet en el mismo servicio, y la obligación para las nuevas prestadoras de destinar el 0,6 por ciento de su facturación a dar servicios en áreas desfavorables (de baja densidad de población) o bien aportar esa suma a un fondo de compensación para las empresas que presten el servicio (Telefónica y Telecom). El paquete, en general, aparece como netamente favorable a los intereses de las empresas “entrantes” al régimen, ya que tanto el valor de interconexión como el aporte a zonas no rentables requeridos por las dos licenciatarias actuales alcanzaban niveles sensiblemente más altos. Pero prevaleció el criterio de generar un sistema atrayente para las nuevas empresas, que en un número superior a una docena ya han pedido licencias, mientras que se espera interesar a otras diez, por lo menos. Ello explica los desesperados intentos de Telefónica por torcerle el rumbo al decreto. Telecom, en cambio, habría optado por una postura más prescindente, anticipando que aceptará “el marco jurídico que se resuelva”. El Gobierno apuesta a lograr un significativo flujo de inversiones en cableado de redes y nuevas líneas y una sensible rebaja en las tarifas locales y de larga distancia. Sin embargo, la apreciación crítica de Telefónica y Telecom es que esa reducción se concentrará en las grandes ciudades y en los clientes “corporativos” –grandes empresas einstituciones–, la franja más rentable del negocio que es la que irán a buscar los nuevos operadores. La mayor parte del interior, en cambio, seguirá al margen de la competencia y atendida por un único operador, como hasta ahora.
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