 Horas antes de iniciar viaje hacia Estados Unidos, el presidente Fernando de la Rúa estampó la firma en el decreto que abre las puertas a la desregulación telefónica, genera esperanzas sobre una probable baja de tarifas en las llamadas urbanas y, además, actuará como anzuelo para atraer inversiones de empresas estadounidenses que pelearán el mercado que hoy monopolizan Telefónica y Telecom. Sin mayores novedades sobre lo que ya había trascendido del borrador elaborado por José Luis Machinea (ministro de Economía) y Henoch Aguiar (secretario de Comunicaciones), el régimen en términos generales se ubica más cerca de las pretensiones de las compañías estadounidenses que pujan por entrar, con la promesa de invertir a cambio unos cinco mil millones de dólares en los próximos tres años. El único elemento nuevo conocido ayer es una restricción que no apunta hacia ellas: cada nuevo operador que ingrese en las áreas más rentables del país (Capital y Gran Buenos Aires, y ciudades de Córdoba, Mendoza y Rosario) estará obligado a aportar una inversión mínima de 20 millones de dólares anuales en el transcurso de los primeros tres años de licencia.
Las áreas mencionadas, más San Miguel de Tucumán, La Plata, Neuquén (capital), Mar del Plata, Bahía Blanca, Paraná, Santa Fe (capital) y San Salvador de Jujuy han sido las más solicitadas por los operadores en condiciones de ingresar al mercado a partir del 8 de noviembre próximo. Las ciudades capital de Salta, La Rioja, San Juan y Misiones aparecen en un rango inferior, pero también inscriptas entre las áreas en las que habrá por lo menos tres empresas compitiendo. Otras veintitantas ciudades, importantes conglomerados urbanos, han sido beneficiadas con el pedido de una o dos licencias nuevas. Para el resto del país, salvo el caso de Mendoza y Tucumán, no se expuso intención por instalarse en el interior de las provincias. Incluso, territorios como La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego no recibieron pedidos de licencia ni siquiera en sus ciudades capital.
Tal cual se había adelantado, el régimen de licencias será �abierto, amplio y de convergencia tecnológica�, es decir, que permitirá que la telefonía local y de larga distancia, el acceso a Internet, transmisión de datos, TV por cable y otros servicios de valor agregado puedan ser integrados a la prestación del propietario de la licencia. Las autoridades del área interpretan que con las nuevas tecnologías ya no tiene sentido diferenciar entre servicio básico y de valor agregado.
El estratégico costo de interconexión, que define el peaje a abonar por los prestadores usuarios de redes ajenas, fue fijado en un valor de 1,1 centavo por minuto, muy inferior al reclamado por Telefónica y Telecom (los �dueños� de la red actual) pero todavía superior al valor vigente en los países desarrollados (0,5 a 1 centavo).
En materia de garantías al servicio universal, el Gobierno confía en que la propia competencia entre múltiples prestadoras (ya hay 20 anotadas y se espera la presencia de otros grandes �players� del negocio mundial) en las áreas más rentables los empuje a buscar otras zonas de interés intermedio. �La crema del negocio se agota en tres meses, porque en cuanto uno ingresa con ofertas atractivas, otros van a bajar la tarifa para correrlos y en ese período se agota buena parte de la rentabilidad extra del negocio en las áreas más apetitosas�, razonan en el ámbito oficial. Para orientar la inversión, el decreto obliga a destinar el uno por ciento de la facturación a zonas desfavorables o como aporte a un fondo fiduciario, cuyo destino será justamente preservar la inversión en zonas alejadas.
En el ámbito empresarial se manejan, como intenciones de inversión, que AT&T desembarcará con un desembolso de 300 millones de dólares. MetroRed apostaría 150 millones de inicio, mientras que Movicom Bellsouth y CTI también piensan en posturas fuertes. Todavía se espera el arribo de jugadores como MCI, Sprint, General Electric y AOL, cuyos principales directivos ya concertaron entrevistas con Aguiar durante su estadía en Estados Unidos, que inicia hoy. La estimación oficial es que el primer resultado de la desregulación será una baja en las tarifas de larga distancia en las grandes ciudades y un impacto en el mismo sentido, aunque de menor proporción, en las llamadas urbanas. Si el mecanismo de competencia funciona como se espera, luego el efecto se derramaría hacia el interior del país, pero es de suponer que siempre en menor magnitud que las bajas que se verifiquen en los grandes centros urbanos. Otro efecto esperado es que los beneficios sean mayores para los clientes �corporativos� (grandes empresas), con interés en los servicios globales que se le ofrezcan, que para los usuarios domiciliarios. La misma desigualdad puede reproducirse en la relación grandes centros urbanos-interior del país. Sin embargo, ayer Machinea, al anunciar la desregulación en conferencia de prensa, subrayó que la intención era dar �un shock de confianza� a los inversores y emitir señales claras de que la política económica se encamina hacia la búsqueda de más equidad y crecimiento.
QUE ESCONDE ESTE DECRETO
¿Sí a EE.UU., no a Europa?
Por Julio Nudler
Que la desregulación haya salido al gusto de las compañías, mayoritariamente estadounidenses, que quieren desembarcar en el mercado telefónico argentino, incluyendo Internet; que el decreto contraríe a Telefónica y Telecom, que son corporaciones europeas; que Fernando de la Rúa haya querido a toda costa llevar bajo el brazo el decreto firmado en su viaje a Washington, emprendido anoche, son elementos suficientes para preguntarse si debajo de este régimen se esconde una opción estratégica: privilegiar a Estados Unidos y relegar a Europa en el alineamiento económico. Quizá la visión de la dolarización como única eventual salida de la convertibilidad, según los intereses que sostienen el esquema implantado en 1991, marque el camino hacia EE.UU. como ruta obligada. En cualquier caso, las declaraciones de Manuel Rocha, encargado de negocios de la embajada norteamericana en Buenos Aires, previas a la firma del decreto, planteaban el criterio que éste efectivamente recogió como una condición para el éxito del viaje del presidente argentino. El hecho es sugestivo, aunque las palabras de Rocha no comprometan más que la propia opinión de la diplomacia estadounidense.
Desde el equipo de José Luis Machinea, que apuró la firma, se insiste en que la prisa de Economía sólo respondía al objetivo de lograr un rápido aluvión de inversiones, siendo cuestión secundaria su origen. Es más: aseguran que el 29 de mayo, cuando además de la reducción de sueldos anunció Machinea una �movilización� de inversiones, incluyendo las telefónicas, ni siquiera habían reparado en el cercano viaje de De la Rúa a Estados Unidos. Claro que alguien en el Gobierno descubrió rápidamente la oportunidad de llevarles este regalo a los amigos del Norte.
Más allá de los asuntos estratégicos, hay otras cuestiones conjeturales en todo este asunto:
 Una pregunta �no respondida aún� es cuánto de las inversiones esperadas (unos 5000 millones de dólares en tres años) se volcará en la compra de trabajo y bienes argentinos. Teniendo en cuenta que la tecnología es importada, y el equipamiento también, el neto de inversión nacional (construcciones, provisiones locales, etc.) será muy inferior a las impactantes cifras totales que se publicitan.
Por ende, el efecto saludable más significativo sobre la economía argentina provendrá de la reducción de costos que provocará la mayor competencia. Según Economía, puede esperarse que en un año y medio hayan bajado un 25 por ciento las tarifas de larga distancia (tanto nacional como internacional), mientras que el beneficio para los usuarios residenciales será menos cuantioso y más tardío.
Fuera de cuánto motoricen estas inversiones a la economía, ávida de engancharse a una locomotora, se supone que el mero anuncio de las fuertes inversiones que se vendrán mejorará el �clima de negocios�, bastante enrarecido desde marzo.
Aunque el Gobierno deposite tantas esperanzas en los efectos de la mayor competencia, el proceso de concentración tal vez sufra un retroceso sólo temporario. Ya vendrán fusiones y absorciones para reducir nuevamente el número de prestadores y la competencia entre ellos.
Tampoco hay certeza sobre el daño que este régimen desregulado podrá causarle al objetivo de integrar a todo el país, atendiendo a las zonas no rentables. Las empresas ingresantes se abalanzarán sobre la crema del negocio, y habrá que ver si el fondo a constituir para atender las regiones apartadas o marginales (ver notas adjuntas) alcanzará para impedir la discriminación contra las zonas pobres. |
COMO ASEGURAR EL SERVICIO EN LAS AREAS MARGINALES
Lejos, no rentables y pobres
Por Raúl Dellatorre
Uno de los aspectos más sensibles que el reglamento del servicio de telecomunicaciones debió contemplar es el de no provocar un mapa en el que todo el interés de las empresas competidoras se concentrara en los grandes centros urbanos. En principio, no son más de 20 las localidades hoy consideradas altamente rentables (más del 15,6 por ciento sobre el nivel de inversión) en el país, de las más de 2200 áreas en las que se divide el territorio nacional. El mensaje �se viene la competencia y, con ello, una baja de tarifas�, puede ser cierto para los usuarios de Capital Federal, pero no es estrictamente veraz, en principio, para un habitante de un pueblo formoseño en la frontera con Paraguay o de un paraje cordillerano de la Patagonia.
Del total de licencias solicitadas para operar telefonía local en el régimen de competencia, el 60 por ciento se concentró en 10 localidades. El resto abarcó apenas a otras 30 localidades. Es decir, que en principio menos del 5 por ciento de las áreas del país se vería beneficiado por la existencia de dos o más prestadoras telefónicas: las que concentran más población y la del más alto poder adquisitivo.
¿Cómo se resuelve la atención del resto, en las que Telefónica y Telecom tienen la obligación de mantener el servicio, pero no la de seguir invirtiendo? ¿Qué harán estas dos empresas en las áreas desfavorables cuando deban pelear por no perder participación en las áreas más rentables? ¿Condenarán a esas áreas al estancamiento tecnológico y a recibir un servicio mínimo?
La alternativa elegida por el gobierno para resolver el problema apunta a �inducir� a los operadores que ingresan al sistema a derivar parte de sus inversiones hacia áreas definidas como no rentables o desfavorables. Cada empresa deberá destinar un valor semejante al uno por ciento de su facturación a inversiones en dichas áreas, o de lo contrario aportarlo a un fondo fiduciario que será administrado en conjunto por las empresas que integran el sistema, sin participación del Estado.
�Una zona puede ser hoy no rentable, y tirar un cableado que la una a un centro urbano puede resultar sumamente caro, pero si una empresa encuentra un sistema inalámbrico que le abarate los costos, pasará a prestar un servicio que, además, le redundará ingresos por el cobro del servicio de interconexión de las llamadas entrantes desde otros puntos del país, con lo cual hasta puede suceder que la prestación pase a ser rentable�, es la reflexión que hacen en el gobierno. A un aporte sin contraprestación, el gobierno opone la posibilidad de una inversión concreta que rinda resultados. El incentivo a prestar servicios en zonas de baja densidad población, creen, está dado.
A las zonas que, aún así, no resulten atractivas para los inversores, les queda la chance de que se deriven recursos del fondo fiduciario, para que sus actuales operadores locales (Telefónica o Telecom, según la mitad del país a la que corresponda) las inviertan en más servicios o mejor tecnología. Este es un punto no exento de suspicacias: ¿quién controlará que las empresas efectivamente inviertan lo que reciben del fondo? ¿Qué zonas se privilegiarán y cuáles quedarán en lista de espera? ¿La Comisión Nacional de Comunicaciones, órgano de contralor, tendrá facultades suficientes para ejercer su labor? ¿Es suficientemente confiable la CNC, que no ha cambiado su composición pese al cambio de gobierno y de autoridades en la Secretaría de Comunicaciones?
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