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 Una amplia coalición de organizaciones y personalidades de todo el mundo, que incluye a la Sociedad Interamericana de Prensa, el World Press Freedom Committee, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Asociación de Periodistas Europeos, el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ) y Human Rights Watch y los especialistas legales de Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, reclamó la pronta aprobación del proyecto de ley elaborado por la Asociación Periodistas, para la Defensa del Periodismo Independiente, y que presentaron en el Senado los legisladores José Genoud, de la Unión Cívica Radical, y Jorge Yoma, del Partido Justicialista. La declaración fue firmada el viernes en Buenos Aires, al concluir el seminario internacional organizado por Periodistas y el CPJ, bajo el título �Cuando informar es un crimen�. Durante su transcurso se consideró el estado de la libertad de expresión en los distintos países del sistema interamericano y en Europa, y se analizaron los modos de �garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, piedra angular de una sociedad democrática�. Durante el seminario dirigió un mensaje a los asistentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, quien reiteró su apoyo al proyecto de Periodistas. La declaración sostiene que �los asistentes al seminario dejamos constancia de nuestra adhesión al proyecto de ley elaborado por la Asociación Periodistas, que fue parte de la solución amistosa alcanzada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el Estado Nacional Argentino y el demandante, Horacio Verbitsky, y que ya tiene estado parlamentario. La firma del proyecto por senadores del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical permite esperar que se apruebe por unanimidad, como ocurrió la década pasada con la derogación del desacato. La sanción de este proyecto, elaborado según los lineamientos establecidos por la CIDH, constituirá un modelo para los otros países de la región y realzará la posición argentina en el sistema interamericano�. El proyecto establece que los funcionarios públicos que se sientan ofendidos en su honor no podrán reclamar un castigo penal para sus ofensores sino una reparación en el fuero civil, e introduce en la legislación argentina la doctrina estadounidense de la real malicia. Según esta doctrina corresponde al ofendido probar la falsedad de lo que se ha afirmado de él. Por la SIP firmaron su vicepresidente primero, Danilo Arbilla, su ex presidente y actual vicepresidente de su comité ejecutivo, Jorge Fascetto; el presidente de su Comisión de Libertad de Expresión, Rafael Molina Morillo y Ricardo Elvio Trotti, coordinador de su Comité de Libertad de Prensa e Información. La CIDH fue representada por su vicepresidente, Claudio Grossman, quien además es decano de la Facultad de Derecho de American University de Washington, y por Santiago Cantón, relator especial de la OEA para la libertad de expresión. Junto a Marilyn Greene, directora ejecutiva del World Press Freedom Committee, firmaron Miguel Angel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos; Gregorio Badeni, asesor legal de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); James Goodale, quien fue el abogado del New York Times en el célebre caso de los Papeles del Pentágono; José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas; Jane Kirtley, profesora de Etica y Derecho de los Medios en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Minnesota y Damian Loreti, asesor legal de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. La delegación del CPJ estuvo integrada por su directora ejecutiva Ann Cooper, su director adjunto Joel Simon, la coordinadora de su Programa Interamericano Marylene Smeets, y los miembros de su junta directiva, los periodistas estadounidenses Anne Garrels, y Michael Massing. También firmaron elabogado costarricense Fernando Guier, quien presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso contra la Colegiación Obligatoria de Periodistas; el asesor legal del Diario y el Grupo Reforma, de México, José Luis Lechuga; el miembro de la Junta Directiva del diario El Nacional, de Caracas, Ramón José Medina; el investigador de Human Rights Watch/Americas para Chile y Perú, Sebastian Brett; la coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la Comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, Doris Réniz Caballero; y los miembros del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) del Perú, Jorge Salazar Cussiánovich y José Ugaz Sánchez Moreno.
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