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José Luis Machinea la apertura del mercado de aeronavegación
a empresas de Estados Unidos le parece una buena idea. Desde Nueva York,
el ministro resaltó ayer las ventajas que la política de cielos
abiertos, reclamada con insistencia por la administración Clinton,
traería para Argentina. “Bajarían los costos de los pasajes
de quienes vuelen al país, lo que aumentaría el flujo de turistas”,
aseguró. Sin embargo, sostuvo que la desregulación de frecuencias
aéreas se hará de modo gradual a partir del 2003, para evitar
que una avalancha de compañías estadounidenses barra con las
empresas locales. En medio del debate por los cielos abiertos, que tiene
como telón de fondo el futuro de Aerolíneas Argentinas, el
gobierno español difundió finalmente en Madrid el plan de
salvataje de la ex compañía estatal, que incluye, entre otras
medidas, un plan de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y una
reducción salarial de hasta el 20 por ciento.No casualmente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista y administrador de Aerolíneas Argentinas, reclamó “el esfuerzo de todos para evitar la desaparición” de la compañía de bandera. Fue un mensaje a dos puntas. Por un lado, al gobierno argentino para que no avance con la política de cielos abiertos, que complicaría aún más el futuro de Aerolíneas Argentinas por la mayor competencia de empresas estadounidenses. Y en segundo término, a los trabajadores de la empresa. El plan de rescate evita los despidos directos, pero propicia la renegociación de los convenios colectivos de trabajo de los siete sindicatos vinculados a la empresa, abre un programa de retiros voluntarios, ordena jubilaciones anticipadas y dispone reducciones salariales de hasta el 20 por ciento. La renegociación de los convenios, que involucran a 5700 trabajadores, busca “adaptarlos a los vigentes en el sector, de modo de simplificar las categorías, reducir costos (en 22,8 millones) y lograr una mayor productividad”. Una batería de medidas de ajuste constituye la espina dorsal del programa de la SEPI. Además de la reducción de costos laborales, los españoles proponen concentrar a Aerolíneas en las frecuencias rentables, aunque sin dejar de operar ninguna de las rutas actuales. El plan se completa con un aporte de capital de 650 millones de dólares, a ser realizado por todos los accionistas de la compañía. Ello incluye al Estado argentino, que debería integrar 32,5 millones, y a los trabajadores –que detentan el 10 por ciento del capital accionario a través del Programa de Propiedad Participada–, quienes deberían aportar 65 millones. El accionista mayoritario de Aerolíneas es Interinvest (85%), de la que forman parte Andes Holding (80%), American Airlines (10%) e Iberia (10%). A su vez, Andes Holding está participada por Merryl Lynch Bankers Trust (58%) y por la SEPI (42%). La diputada y sindicalista Alicia Castro le dijo a Página/12 que la propuesta de la SEPI “es más de lo mismo” y exhortó al Gobierno a rechazarla. También calificó de “despidos encubiertos” el programa de retiros voluntarios. “Desde la privatización, con ese mecanismo la empresa dejó afuera a 5 mil trabajadores”, recordó la legisladora. “Nos oponemos a un plan de achicamiento y tomaremos las acciones legales y gremiales que correspondan”, concluyó Castro. En primer término, la SEPI pretende aportar 46,4 millones de dólares entre el segundo semestre de este año y junio del 2003, para ordenar el funcionamiento de la empresa. Esa inversión permitirá un ahorro de 139,2 millones de dólares. Mediante la reorganización de la empresa, la SEPI pretende pasar de un saldo negativo en la operación de la compañía de 41 millones el año pasado, a otro positivo de 152 millones. La nueva estructura también incluye la creación de una nueva sociedad, Grupo Aéreo Argentino, que tendrá seis unidades de negocio: transporte aéreo, transporte de cargas, mantenimiento, aeropuertos, rampa y turismo. Con todo ello, según el plan, la compañía aérea estará en disposición deobtener ganancias por 110 millones de dólares entre julio del 2001 y junio del 2003, y así dejar atrás el fantasma de su desaparición.
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gremialistas,
quienes debieron dejar su petitorio a un empleado. Castro le dijo
a Página/12 que “el gobierno debe rechazar el acuerdo
que Carlos Menem firmó con Estados Unidos antes de abandonar
el poder, y que establece un aumento de siete frecuencias al año
y la apertura total del mercado a partir del 2003”. “Al
asumir, la Alianza rechazó el acuerdo”, recordó
la diputada, y agregó que “espero que mañana
(por hoy) Fernando de la Rúa resista las presiones que
seguramente recibirá de Estados Unidos”, cuando se
reúna con Clinton en su visita oficial.