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SECUESTRO DE GREMIALISTAS DURANTE LA DICTADURA
De Gennaro declaró en Italia

El titular de la CTA puso de manifiesto la complicidad de las empresas con los militares en la represión a los trabajadores. Declaró en el juicio contra Suárez Masón y otros represores.

Por Laura Termine
Desde Roma

t.gif (862 bytes)  El secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro, definió ayer como genocidio el accionar represivo de la dictadura argentina entre 1976 y 1982 y describió la modalidad de represión de esa época como un sistema planificado en concordancia por los grandes grupos económicos y las Fuerzas Armadas, frente al tribunal italiano que juzga a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros por el asesinato de ocho ciudadanos italianos y la desaparición de un bebé. El testimonio de De Gennaro cerró un día dedicado a establecer la responsabilidad del general Riberos y de quien era jefe de la Prefectura, Carlos Gerardi, en la desaparición de Martín Mastinu, sindicalista y obrero del astillero Astarsa, y del asesinato de su cuñado y compañero de trabajo Mario Marras, fusilado cuando escapaba con su hija de dos años y medio en brazos, en la isla de Paicarabi del Tigre.
Para explicar la alianza conformada entre las grandes empresas y el poder militar, De Gennaro contó al tribunal la desaparición de 33 delegados de la fábrica de autos Ford, quienes en los días sucesivos a su secuestro recibían telegramas de despido, y recordó que en la empresa funcionaba un centro de interrogatorios. El titular de la CTA explicó además cómo los directivos del ingenio Ledesma subían a camionetas de la empresa junto a personal militar para señalar a los gremialistas, y cómo en la empresa Acindar se inició la represión en 1975, cuando el presidente del directorio era Alfredo Martínez de Hoz, futuro ministro de Economía del régimen militar.
Los dos abogados de oficio de Guillermo Suárez Mason y Santiago Riberos intentaron deslindar la responsabilidad militar en la represión, demostrando la existencia de un grupo armado policial o sindical que actuaba por orden de los patrones de las empresas.
–¿Pudo haber una conexión entre el secuestro de Mastinu y los
sindicatos de derecha? –preguntó uno de los abogados que defiende a los ex generales, a Luis Benencio, ex gremialista y sobreviviente de Astarsa.
–En Argentina no sucedieron hechos aislados. La destrucción fue planificada –respondió el testigo, que contó al jurado cómo el 24 de marzo de 1976 camiones del Ejército llegaron a la puerta del astillero con una lista con los nombres de los sindicalistas disidentes, quienes eran sacados de la fila de ingreso a la fábrica y los subían a un camión y así pasaron a integrar la nómina de desaparecidos. Benencio, que como Mastinu pertenecía a la agrupación José María Alesio, disidente de la CGT, relató que después del primer secuestro de Mastinu en 1975, el médico de Astarsa había comprobado la existencia de tortura con picana sobre su cuerpo y el de Aldo Ramírez, también gremialista del astillero, asesinado en 1977, y cuya esposa María Rufina Gaston declaró ayer.
Santina Mastinu, hermana del sindicalista desaparecido Martín Mastinu, relató el asesinato de su marido, Mario Marras, el 22 de mayo de 1976. Recordó que cuando arrastraban a su hermano Martín escuchó cómo decía: “¿Porchetto, por qué me hacés esto?”. Años después, cuando Santina declaró ante el juez argentino Angel Papalia, identificó a los militares que estaban esa noche. Los cuatro, Luis Porchetto, que trabajó en Astarsa, Alejandro Puertas, Oscar Héctor Maldonado y Roberto Rossin, dependían de Gerardi y están acusados ante la Justicia italiana por el homicidio de Mastinu. Representantes de las tres agrupaciones sindicales italianas siguieron ayer las alternativas del juicio.

 

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