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Parece que en Colombia la historia se repite aunque cambien los nombres.
Después del recordado “narcoescándalo” del ex presidente
Ernesto Samper, ahora le tocó el turno a su sucesor, el actual presidente
Andrés Pastrana. Esta vez, la plata sucia recibida para financiar
la campaña electoral no habría salido del narcotráfico,
pero sí de la empresa Dragacol y más precisamente de su representante
legal, Reginaldo Bray, actualmente prófugo acusado de “complot
para defraudar al Estado”. Según reveló el semanario
Cambio, dirigido por el escritor colombiano Gabriel García Márquez,
el entonces candidato presidencial Pastrana se reunió en mayo de
1998 en Cartagena con Bray, después de lo que habrían acordado
el “préstamo”. Camilo Gómez, actual alto comisionado para la Paz y ex director de la campaña electoral de Pastrana, se escandalizó ante las comparaciones con Samper, pero no negó la existencia de la “cuenta paralela” para la campaña. “Por favor, es una desproporción comparar una cosa con la otra. Ahora estamos hablando de unos cheques girados por una persona conocida, mientras que a la de Samper entraron cinco millones de dólares del cartel de Cali”. Antes “se movían y se repartían dineros del narcotráfico en avionetas, y acá no hay dineros del narcotráfico”. Según declaró a Cambio el empresario William Murra, miembro de la campaña presidencial en el departamento de Bolívar y quien habría conseguido la entrevista con Bray, Pastrana “instruyó a Juan Hernández Celis (ex secretario privado del presidente) para que coordinara la manera como se recibiría la ayuda”. El 17 de noviembre de 1998, tres meses después de que Pastrana ganara las elecciones, el Ministerio de Transportes estableció que Dragacol debía recibir una indemnización de 26.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 17 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados con la paralización de unas obras de dragado fluvial encargadas a la empresa, pero que ni siquiera habían comenzado. Antes de que los organismos de control fiscal y judicial descubrieran el fraude, el Estado entregó a Dragacol 18.600 millones de pesos (poco más de 12 millones de dólares). El ex ministro de Transportes y actual director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Cárdenas, aseguró ayer que la donación “no tuvo nada que ver con la decisión del ministerio de buscar una fórmula para resolver los conflictos con Dragacol. Después resultó que Dragacol actuó de manera fraudulenta, dolosa, y todos estamos interesados en que se haga justicia”. En medio del nuevo escándalo político en el país, Pastrana podría seguir un trayecto similar al de Samper (quien fue acusado por recibir fondos del narcotráfico y luego fue absuelto por la mayoritariamente oficialista Cámara de Representantes en un juicio político que terminó en junio de 1996). Ayer, el presidente del Comité de Acusaciones de la Cámara, Mario Rincón, confirmó que “hemos iniciado la recolección de documentos sobre ese caso para establecer si se abre una investigación legislativa”. Según la ley colombiana, el comité puede iniciar (de oficio o por denuncias penales interpuestas por algún ciudadano) la investigación contra el jefe del Estado y determinar si hay mérito para que sea juzgado por un pleno del cuerpo legislativo. Paralelamente, los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirán en los próximos dos días para decidir si investigarán los libros de contabilidad presentados por la organización de la campaña de Pastrana, en los que no aparecen las “donaciones” de Bray. Aunque Camilo Gómez haya reconocido el aporte como una acción ajena a la dirección central de la campaña (y lo haya desestimado como “tres cheques chimbos (sin fondos) de 15 millones de pesos (7.000 dólares)”, sus palabras chocaron con las revelaciones hechas por Fernando Araujo, coordinador de la campaña en Bolívar y luego primer ministro de Desarrollo de Pastrana. Ayer negó haber burlado el sistema de control de donaciones por medio de una cuenta paralela: “Esto es totalmente injusto, yo lo que hice fue manejar la campaña de acuerdo con todos los códigos”, disparó Araujo, y aclaró que “todos los recursos” fueron remitidos a Bogotá.
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