Por Victoria Ginzberg
 �La demolición de la ESMA puede significar la destrucción de las pruebas que, eventualmente, le permitan a alguna de las amparistas conocer el destino de sus familiares desaparecidos y, a otros, la verdad sobre el pasado reciente�, manifestó el procurador Nicolás Becerra al dictaminar en la causa iniciada por dos mujeres cuando el ex presidente Carlos Menem anunció la construcción de un monumento a la �reconstrucción nacional� donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del país. Aunque actualmente los cimientos de la ESMA parecen no correr peligro, existe un conflicto entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires sobre el uso que se hará del edificio. La semana pasada los legisladores porteños decretaron que allí debía levantarse un museo.
Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Laura Bonaparte, de Madres de Plaza de Mayo �Línea Fundadora� presentaron en enero de 1998 un recurso de amparo para impedir la demolición de la ESMA. En el escrito remarcaron que por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el lugar, el predio constituía �un símbolo del holocausto que tuvo lugar en el país durante la última dictadura militar� y debía ser considerado �patrimonio cultural�. Además, señalaron que la destrucción de la ESMA implicaba la pérdida de la posibilidad de conocer dónde estuvieron detenidos, cómo pasaron sus últimos días y en qué lugar se encuentran los cuerpos de sus familiares desaparecidos.
En octubre de 1998 el juez federal Ernesto Marinelli sostuvo que el edificio donde estuvo ubicada la ESMA integra el patrimonio cultural del país: �Aunque se trate de hechos horrorosos, que causan vergüenza (tanto por la mayoría silenciosa que no participó como en quienes los ejecutaron y todavía se resisten a proporcionar datos que permitan esclarecer el destino de quienes fueron torturados y luego desaparecidos) se debe comprender que se trata de expresiones de nuestra cultura y que el testimonio emblemático que los recuerda también forma parte de nuestro patrimonio cultural�, afirmó el magistrado.
La resolución de Marinelli fue apelada por el Poder Ejecutivo, pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia del juez y declaró la inconstitucionalidad del decreto menemista. La Cámara mencionó, sin embargo, que era necesaria una declaración legislativa para que el edificio fuera declarado �patrimonio cultural�. El Gobierno volvió a cuestionar el fallo; esta vez, ante la Corte Suprema.
Becerra, que se basó en el derecho de los familiares de las víctimas de la última dictadura a conocer el destino de los desaparecidos, se inclinó por considerar que la sentencia que fue apelada por el Estado nacional debe ser confirmada, es decir que la ESMA no puede ser demolida.
La Corte Suprema tendrá la decisión final. Sin embargo, el conflicto actual en torno a la ESMA no pasa ya por la demolición �aunque el decreto de Menem no fue derogado� sino por el uso que tendrá el lugar. La semana pasada la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó por unanimidad una ley que ordenó que todo el predio de la ESMA �que fue cedido por la ex Municipalidad al Ministerio de Marina en 1924� debía volver a la Ciudad y que los edificios donde se alojaron detenidos, se aplicaron torturas y nacieron bebés se debían destinar al funcionamiento de un Museo de la Memoria. La ley fue una señal hacia el gobierno nacional, ya que el Ministerio de Defensa pretendía establecer en la ESMA un centro de capacitación de las Fuerzas Armadas.
El proyecto elaborado por el aliancista Daniel Bravo con apoyo de los organismos de derechos humanos se fundamentó en el traslado de la ESMA, ya que en la ordenanza de cesión del predio se había aclarado que �si por cualquier causa se diera otro destino al terreno, éste pasará inmediatamente a poder de la Municipalidad con todas las construcciones que se hubieran efectuado, sin derecho a indemnización alguna�. Con estemismo argumento, el presidente Fernando de la Rúa �cuando era jefe de Gobierno porteño� inició un juicio contra el Estado nacional. Este proceso �en el que el Presidente pasó de ser demandante a ser demandado-todavía no fue resuelto, pero a raíz de la aprobación del proyecto de Bravo se inició un diálogo entre representantes del Ministerio de Defensa y del Gobierno porteño. Los militares todavía no aceptaron desprenderse de la ESMA pero, según uno de los protagonistas de las conversaciones, se está tratando de �buscar un equilibrio para que no exista conflicto�.
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