Por Carlos Rodríguez
 Aunque no intervino en la ejecución del hecho, Juan Antonio Zavala, un ordenanza de la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso Nacional que cobraba 700 pesos mensuales, fue la pieza central del robo de 1.300.000 pesos en la tesorería del Palacio Legislativo, ocurrido el 10 de febrero pasado. Por el hecho, además del entregador Zavala, están detenidas otras tres personas, Angel Carlos Manzanelli y José Antonio Losada, dos de los que entraron y amenazaron a empleados y legisladores, y José Luis Romero, quien junto con su amigo Zavala se encargó de organizar la banda. Todavía está prófugo, pero identificado, un quinto integrante de la organización. El dinero robado, invertido en inmuebles y en un restaurante de la zona portuaria, todavía no fue recuperado. Zavala preparó un segundo robo contra el mismo objetivo, pero finalmente no se hizo. El esclarecimiento del caso dio lugar a la apertura de otra causa en la que se investigan las actividades de una �mesa de préstamos� que funcionaba en el Congreso y cuya legalidad abre algunas dudas.
�Zavala no tiene ningún padrinazgo político�, aseguró Rafael Pascual, presidente de la Cámara de Diputados, quien de esa manera se refirió a las versiones que indicaron que Zavala tendría vinculación partidaria con el ex titular de la Cámara baja, el peronista Alberto Pierri. Pascual estuvo presente en una conferencia de prensa realizada ayer en el Departamento Central de la Policía Federal, con participación del ministro del Interior, Federico Storani, y el titular de la fuerza de seguridad, Rubén Santos. El peso del informe recayó sobre el comisario Alfredo Ursuia, jefe de la División Operaciones del Departamento Robos y Hurtos, que estuvo al frente de una investigación de más de cuatro meses.
Los primeros en ser identificados fueron Manzanelli y Losada, quienes junto con el delincuente prófugo fueron los tres que cometieron el robo. Las escuchas telefónicas permitieron establecer que fue Zavala el que tuvo la idea de robar la tesorería. El ordenanza, que carecía de antecedentes delictivos, vive con su familia en Villa Pineral, localidad bonaerense cercana a Fuerte Apache, donde viven varios miembros de la banda. Pascual, Santos y Storani dijeron que �no hay indicios� sobre la participación en los hechos de un funcionario de mayor jerarquía que el detenido Zavala. El empleado infiel trabajaba en la DAS desde hacía más de diez años y sabía �muy bien qué días venía el blindado de Juncadella� que lleva dinero para la tesorería del Congreso.
En los primeros días de abril, dado el éxito del primer atraco, Zavala tomó contacto con Roberto Daniel Aldeco, el líder de la banda que el 11 de ese mes intentó robar la estación de servicio ubicada en General Paz y Constituyentes. Juntos recorrieron el Congreso para tomar conocimiento del terreno, en una visita guiada en la que Zavala era el baqueano y que ya había ocurrido en los días previos al robo del 10 de febrero, cuando los tres delincuentes que entraron a la Tesorería pasaron los controles mostrando credenciales de la DAS facilitadas por el ordenanza.
Las armas que llevaban los ladrones, el 10 de febrero, no fueron advertidas por las máquinas detectoras de metales porque éstas no funcionaban. Pascual aclaró ayer que las puertas �siguen sin funcionar porque al Congreso entran más de dos mil personas por día y ese tipo de control no da abasto, de manera que las medidas de seguridad son más estrictas en el recinto y en otros sectores, pero no en la entrada�. El único nexo entre la banda del Congreso y la del fallido golpe a la estación de servicio es el propio Zavala.
LLUVIA DE CRITICAS A LA POLICIA EN BRASIL
El secuestro que terminó en polémica
Brasil entró ayer en un debate ya conocido en la Argentina: la preparación de su policía para enfrentar una toma de rehenes. Ayer se confirmó allí que el episodio del lunes fue efectivamente un Ramallo en versión carioca, con particularidades propias. El secuestrador del micro que mantuvo cautivas a seis mujeres durante casi cinco horas y que terminó baleado no murió, sin embargo, por las balas policiales sino que fue asfixiado en un patrullero. También quedó claro que la muerte de la rehén ocurrió por el desastroso operativo de rescate, aunque aún está en duda si murió por los dispararon de su captor o de la policía. Lo que sí es seguro es que recibió disparos de ambos. Como primera consecuencia de las críticas, ayer fue echado el jefe policial de Río de Janeiro.
El gobernador carioca, Anthony Garotinho, se vio forzado a destituir al comandante de la policía militarizada provincial, Sergio da Cruz. Garotinho, que inicialmente había elogiado la acción policial, se sumó así a la lluvia de críticas que fueron formuladas por todos los sectores de la sociedad brasileña, incluso por el presidente Fernando Henrique Cardoso y por el ministro de Justicia, José Gregori, quienes responsabilizaron por la tragedia a la policía y su falta de capacitación.
Así como Cardoso, varios expertos criticaron a la policía por no haber disparado contra el delincuente a lo largo de las cuatro horas y media del secuestro, pese a que en varias oportunidades el asaltante parecía ser un blanco fácil. Recién cuando el delincuente Sandro do Nascimento �un joven de 21 años� abandonó el autobús usando a Geísa Gonçalves como escudo, un agente se acercó por atrás y disparó con una subametralladora. Todo indicaba que el joven estaba por entregarse.
Pese a haber sido efectuado casi a quemarropa, el tiro no fue mortal para Nascimento, quien pudo entonces disparar los dos balazos que aparentemente causaron la muerte a su rehén, una joven de 20 años que estaba embarazada. La mujer también recibió un disparo policial en la mandíbula.
El secretario de Seguridad Pública, Josias Quintal, aseguró que será castigado el agente que efectuó el disparo, así como los cinco policías sospechosos de asesinar al secuestrador mientras era supuestamente llevado a un hospital. Esos agentes, aseguró, ya están presos.
En medio del debate, ayer hubo políticos de la oposición que directamente pidieron que la seguridad urbana quedara en manos militares. Cardoso rechazó de plano esa posibilidad.
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