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SE LOGRO UN ACUERDO SOBRE LOS DESAPARECIDOS EN CHILE
¿Punto final o justicia real? 

Una �Mesa de Diálogo� chilena llegó ayer a un acuerdo con los militares, quienes buscarán información sobre los desaparecidos. Pero se denunció que es para frenar el desafuero a Pinochet. 

Familiares de desaparecidos ante el Palacio La Moneda. 


t.gif (862 bytes) Tras nueve meses de trabajo, la Mesa de Diálogo �formada a instancias del gobierno chileno entre representantes de las fuerzas armadas y abogados de derechos humanos� acordó ayer a la madrugada un mecanismo para la búsqueda de las 1198 personas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. En un gesto sin precedentes, los militares se comprometieron �solemnemente� a entregar al presidente Ricardo Lagos toda la �información útil� que obtengan sobre el paradero de esas personas. Tienen seis meses para hacerlo, prorrogables a otros seis. Sus fuentes quedarían en reserva. Al aceptar la investigación, los militares admiten lo que siempre negaron: que durante la dictadura �agentes del Estado� cometieron violaciones a los derechos humanos. El acuerdo coincide con el proceso de desafuero a Pinochet, lo que provocó denuncias de que era en realidad un �punto final encubierto� para sabotearlo. Durante una ceremonia en el palacio presidencial, los integrantes de la Mesa de Diálogo le entregaron el texto a Lagos, quien lo calificó como un �gran paso hacia la reconciliación�.
Al acto también asistieron representantes de los tres poderes del Estado, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el líder de la derecha y ex candidato presidencial, Joaquín Lavín. Lagos advirtió en su discurso que el documento �no establece la historia oficial� sino que �reintegra a Chile al curso natural de la historia y permite mirar al futuro�. Resaltó que el texto incluía un compromiso para que �nunca más� se produzcan desapariciones. El titular de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, concordó con esa opinión al afirmar que el acuerdo era una �gran solución� al problema de los desaparecidos. Lagos también agradeció la �valentía y coraje� de los militares en reconocer las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura. 
Si bien no implica el fin de la transición, es la primera vez desde su inicio en 1990 que los uniformados reconocen la existencia de personas que fueron detenidas y después desaparecidas durante la dictadura. �Los desaparecidos dejan de ser �presuntos desaparecidos��, señaló un abogado que integró la mesa. El texto subraya que �las fuerzas armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar en un plazo de seis meses los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos�. El presidente entregará esta información a la Corte Suprema y le pedirá designar jueces especiales para que la examinen. Si los datos corresponden a procesos en trámite, tendrán que remitirse al tribunal correspondiente. Los militares, sin embargo, lograron introducir dos importantes salvedades en el acuerdo. Primero, un párrafo del documento subraya que �actualmente� los militares no tienen información sobre los desaparecidos. Segundo, quienes entreguen y quienes reciban la información estarán amparados por el secreto profesional. El Parlamento chileno deberá aprobar una ley a ese efecto. Tras la ceremonia en La Moneda, los jefes de las tres fuerzas descartaron también realizar un pedido de perdón institucional. �Las instituciones no piden perdón�, disparo el jefe de la Fuerza Aérea chilena, general Patricio Ríos. 
Muchos antipinochetistas lanzaron ayer duras críticas al acuerdo. No por su contenido sino por el momento en que se firmó. La semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago había emitido formalmente su fallo a favor de despojar a Pinochet de su fuero como senador vitalicio. Ahora su caso será llevado ante la Corte Suprema. Con eso en mente, el acuerdo podría verse como un intento de �cerrar� la transición y presionar a la Corte Suprema para que rechace el desafuero. El abogado Hugo Gutiérrez no tuvo dudas: �El acuerdo es un artificio comunicacional que demuestra el deseo de sustraer de la Justicia temas tan importantes como el desafuero�. Su colega Nelson Caucoto �sospecha� que el objetivo del documento era alentar la idea de que la transición se había cerrado. Isabel Allende, hija del presidente derrocado en 1973, recalcó que las resoluciones que surjan del acuerdo �deben ser canalizadas a lostribunales y no convertirse en una ley de punto final�. El Partido Socialista se limitó a manifestar la esperanza de que las fuerzas armadas harán �buen uso� de su plazo. 
La reacción desde la derecha fue mucho más unánime. Y mucho más positiva. Lavín estimó que �el acuerdo es un primer paso para superar el pasado�. El senador Hernán Larraín consideró que el documento �coincide bastante con nuestras propuestas, por lo que estamos dispuestos a transformarlo en proyectos legislativos�. Uno de los abogados de Pinochet, Ricardo Rivadeneira, fue quizá quien mejor reflejó el estado de ánimo en la derecha chilena: �Este acuerdo puede ayudar a despejar el clima para llegar a una solución adecuada al proceso contra Pinochet�. 


opinion
Por Silvia Muñoz *

Es para lograr impunidad

Este acuerdo no representa nuestro interés por conocer la verdad y aplicar justicia a los autores de las violaciones a los derechos humanos. Para nosotros es bastante negativo desde el punto de vista de que se trata de una ley de Punto Final encubierta; a nosotros no nos representa y por eso no fuimos ni vamos a ser parte de él. Sólo han estado representadas las Fuerzas Armadas, porque ha sido una mesa concebida en el momento en que Pinochet fue detenido. En ese sentido, nos parece que la urgencia con que se resolvió el acuerdo tiene como único propósito evitar que Pinochet sea desaforado por la Corte Suprema y sea procesado como el principal responsable de estos crímenes. En definitiva, que se logre la impunidad.
Diez meses atrás supimos extraoficialmente sobre la implementación de esta mesa, pero vimos que el objetivo no era claro y, más aún, que era una instancia que se generaba para mandar un mensaje internacional de que era posible investigar este tema en Chile. Es decir, fue una gestión del gobierno para traer de vuelta a Pinochet. Cuando después nos ofrecieron participar dijimos que lo rechazábamos terminantemente porque no podíamos legitimar una instancia alternativa a la que corresponde realmente: los tribunales de justicia. 
En todo este tiempo nunca hemos podido determinar el paradero de los detenidos-desaparecidos. Y ahora no podemos concebir el hecho de encontrar los restos de nuestros familiares desaparecidos sin conocer quiénes fueron capaces de cometer estos crímenes. Por otra parte, nadie nos garantiza que las Fuerzas Armadas, en un período de seis meses, vayan a entregar la información porque se les garantiza el anonimato. Por lo tanto, las negociaciones secretas que se puedan haber llevado adelante son peligrosas porque dejan en claro que no se quiere juzgar a Pinochet y que es mentira que las Fuerzas Armadas no tienen información. Esta mesa se preocupó más por resolver los problemas de los militares que los de las víctimas.

* Encargada jurídica de la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos de Chile.

 

 

opinion
Por Estela de Carlotto *

Acuerdo suena a negociación

Yo no estoy al tanto de los términos en que fue hecho el acuerdo, pero no creo que ningún gobierno constitucional tenga que hacer un acuerdo con las Fuerzas Armadas, porque éstas no sólo deben responder al poder político sino que además deben confesar sus delitos y avenirse a los procesos judiciales que correspondan por ellos. La palabra acuerdo suena a haber negociado información por impunidad, lo que podría ser, como bien dicen los compañeros del país hermano, un �Punto Final�. Yo no creo que los militares quieran en este momento contribuir al esclarecimiento de la situación chilena, siendo que son los mismos que recibieron con honores al genocida Pinochet cuando regresó de Inglaterra. Creo que, en realidad, esto podría ser una estrategia para evitar que este monstruo sea juzgado y condenado por la Justicia del país. Adhiero, en todo caso, como presidenta de la institución Abuelas de Plaza de Mayo, al pensamiento de los familiares de los desaparecidos chilenos. 
En Argentina, donde hemos tenido el número más alto de desaparecidos y algo inédito que es el robo sistemático de menores durante la dictadura tuvimos, con el advenimiento de la democracia, un avance muy impresionante en estos temas con acciones como el juicio a los comandantes, que si bien no dio el resultado esperado sí permitió juzgar a los máximos responsables, a los intocables. Gracias a que no existe perdón por parte de estas leyes en relación al secuestro de los niños, hemos podido llevar a la cárcel (lamentablemente domiciliaria) a Videla, Massera, Bignone, etc., con el beneplácito del pueblo argentino, algo contrario al caso de Pinochet que dividió a la sociedad chilena en dos. Yo creo que Argentina está muy adelante en este aspecto. Acá jamás se podría hablar de reconciliación como en Chile o de caducidad como en Uruguay. Acá se habla de verdad y justicia. 
Creo que encontrar los cuerpos de los desaparecidos en Argentina es un trabajo del pueblo y de la Justicia. Los responsables de los crímenes aseguran que no saben, que no les corresponde. Eso es una burla soberana al pueblo y a la Justicia. Entonces, el hallazgo de las pruebas siempre corre por cuenta de quienes hurgamos en la historia, en los archivos, en la memoria. Los responsables no señalan lugares, no dan nombres, no reconocen la historia negra que hicieron vivir al pueblo.

* Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

 

 

opinion
Por Roberto Garretón * 

Esto no es un Punto Final

El acuerdo es importante, pero en cuanto a su alcance es limitado. El tema de los derechos humanos en Chile, a esta altura, tiene muchas facetas y son muchas las víctimas. Hay detenidos políticos, hay exiliados, presos, torturados, desaparecidos. Esta Mesa de Diálogo fue creada para abordar un solo aspecto: detenidos-desaparecidos, y no los otros. Entonces, no resolvió los otros temas porque estaban fuera de la agenda. En segundo lugar, el tema de los detenidos-desaparecidos también tiene varias facetas. Esta mesa fue convocada únicamente para tratar el tema de dónde están los restos. Y, en definitiva, estuvo destinada a buscar alguna fórmula que permita ese hallazgo porque es un tema central para muchas de las familias de las víctimas.
Se propuso una fórmula en que las Fuerzas Armadas asumen un compromiso por el cual, si se les garantiza que las personas que brinden información no van a sufrir consecuencias con motivo de la entrega de la información, entonces podrían hacer el esfuerzo de encontrar los restos. Bueno, se les dieron seis meses para que lo hagan. Esto no busca derogar la Ley de Amnistía porque si se hubiera tocado ese tema la mesa no habría durado ni cinco minutos, no habría habido posibilidades de avanzar; los militares no están dispuestos a eso, el pinochetismo militar y civil no lo acepta. 
¿Cómo evalúo yo la mesa? Para lo que se propuso ha dado un paso hacia adelante. Luego evaluaremos si es grande o no. Pero una cosa es clara: no es ningún paso hacia atrás. No hay nada que vaya en el sentido de la impunidad. Sólo busca obtener una información; el que da esa información tiene el anonimato absoluto, que es la garantía que los militares pidieron para hacerlo. Si el juez que va a iniciar las pesquisas en base a esa información logra determinar responsabilidades, allá él en sus investigaciones. Esta mesa no se mete en el terreno judicial. Tampoco me parece que sea un paso histórico para Chile. Pero sí es un paso importante, especialmente porque, por primera vez, los militares que antes nos acusaban de mentirosos, ahora reconocen formalmente que hubo detenidos-desaparecidos en Chile. 
Esto no es un �Punto Final�. La única ley que se pide dictar es una que proteja el anonimato de quienes den información. Pero si el juez investiga, encuentra restos de las víctimas y llega a los responsables, la situación de ellos no cambia con esta mesa. Si el juez estima que procede la amnistía la aplicará, y si considera que no corresponde no lo hará. Este acuerdo no cambia esas posibilidades. 

* Abogado especialista en derechos humanos. Miembro de la Mesa de Diálogo.

 

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