Cambió la suerte para Víctor Alderete. En la Justicia federal comenzaron a soplar vientos adversos para el ex presidente del PAMI. La sala I de la Cámara Federal porteña confirmará hoy el rechazo de su eximición de prisión que había decidido el juez Adolfo Bagnasco. Los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani le negarán a Alderete la posibilidad de evitar su encarcelamiento y mantendrán la acusación de jefe de una asociación ilícita formulada por la Oficina Anticorrupción en la más grave de las veinte causas abiertas en su contra. Bagnasco lo llamará inmediatamente a declaración indagatoria pero antes podría ordenar su detención. El mínimo de pena previsto para este delito es de cinco años de prisión, por lo tanto debe estar tras las rejas mientras lo investigan. 
�Es la denuncia más grave�, se habían sincerado los abogados previendo que les traería dolores de cabeza. Hace cuatro meses, la gubernamental Oficina Anticorrupción (OA) acusó al ex funcionario de haber liderado una asociación ilícita para cometer los delitos de violación de los deberes de funcionario, prevaricación administrativa y defraudación. �El déficit reconocido de 654 millones de pesos es la más clara herencia del paso del grupo Alderete por el Instituto�, afirmaron los denunciantes al explicar las �gravísimas� consecuencias patrimoniales que sufrió el PAMI. Y agregaron que el querellado desplegó una �empresa ilícita a través de la implementación organizada y permanente de un sistema de gestión que les permitió dirigirla en beneficio de intereses particulares�. 
Los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc impulsaron la denuncia, pidieron una serie de medidas y mantuvieron la misma calificación del delito. Además, le solicitaron a Bagnasco que �oportunamente lo cite a indagatoria y le dicte el procesamiento con prisión preventiva�. Mientras el juzgado empezaba a recolectar las pruebas de los cinco �casos testigo� que presentó la OA, el estudio del ex ministro y ex camarista León Arslanian pidió la eximición de prisión de su cliente. Bagnasco se lo negó y el asunto llegó a la sala I de la Cámara Federal porteña. Página/12 pudo saber que ese tribunal confirmará hoy aquella medida del juez.
La práctica sistemática descripta en la denuncia consistió en la neutralización de las áreas de control y en la obstaculización de las tareas de la Auditoría y la Sindicatura General de la Nación. Además, según la OA, Alderete cercenó los controles internos y �cuando el personal encendía luces rojas sobre el deterioro de la calidad prestacional y el manejo financiero esa información era sistemática y selectivamente cajoneada, lo que redundó en condiciones infrahumanas de trato a los ancianos y puso en riesgo la continuidad de las prestaciones�. En la causa también están imputados ocho integrantes de la denominada Unidad Presidente quienes �según los investigadores� concentraron un �poder discrecional� y eran �compañeros de negocios o parientes� de Alderete. 
La decisión de la sala I iba a demorarse más de un mes porque en la causa había cinco medidas cuestionadas, pero Riva Aramayo y Vigliani decidieron resolver primero la cuestión de la libertad de Alderete. Arslanian apeló la prohibición de salir del país que ordenó el juez contra su defendido, el rechazo del argumento de que los delitos que se le imputan a Alderete son �cosa juzgada� y de su pedido para acumular todas las causas en el juzgado de Bagnasco. El ex compañero de golf de Carlos Menem acumula tres procesamientos en la veintena de causas que tramitan en los tribunales federales. Mientras tanto, los investigadores del Gobierno ya están mirando el futuro y repiten la frase de la campaña porteña aliancista �vamos por más�.

SUS ALLEGADOS SE QUEJAN DEL MALTRATO DE LA PRENSA
Lamentos de Silvani al dejar la AFIP

�Es una operación de Página/12 y (el vicepresidente de la Nación) Chacho Alvarez�, se habría quejado ayer el saliente administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Silvani, ante sus íntimos al comentar la revelación de este diario sobre el nuevo reintegro del IVA a las exportaciones de las curtiembres Yoma, concedido la semana pasada. Hoy jurará en el cargo su sucesor, Héctor Rodríguez, pero Silvani no deja de quejarse de su suerte por tener que dejar el puesto.
Entre los allegados al responsable de la DGI y la Aduana hubo una sola razón que definió su suerte: los medios le jugaron permanentemente en contra. A esa �campaña� suman la denuncia formulada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) contra la exención del IVA concedida al diario La Verdad, de Junín. El periódico pertenece al Arzobispado de Luján-Mercedes, a cargo de monseñor Emilio Ogñenovich, y la exención habría sido obtenida por un asesor de Silvani, Fernández Balboa, hombre que se reconoce en las expresiones más derechistas de la Iglesia. El funcionario es uno de los que acompañaba ayer los lamentos de Silvani en la reunión íntima en la que se despidió de la AFIP, y es parte de la herencia que le quedará a partir de hoy a Rodríguez. 
En más de una ocasión, Silvani amenazó con abrir sumarios por �fuga de información� de la DGI, a la que le adjudica la responsabilidad por los trascendidos periodísticos que, asegura, lo perjudicaron. Al frente de la Junta de Disciplina había colocado a un ex funcionario de la casa, estrecho colaborador del ex director de la DGI Ricardo Cossio, de apellido Juclis. Este último fue recientemente denunciado por el dirigente gremial Horacio Buccicardi ante la Oficina Anticorrupción por su vinculación con el contrato con IBM para la informatización de la DGI, investigado en la Justicia por sobreprecios.

PRINCIPAL