Por Cledis Candelaresi
 El presidente de Aerolíneas Argentinas, Patricio Zavalía Lagos, defendió ayer ante los gremios aeronáuticos la flamante propuesta del Estado español para ajustar las cuentas de la compañía, achicando, entre otros, los costos laborales. �Se trata de hacer exactamente lo mismo que hizo el Gobierno con los empleados estatales�, argumentó el ex directivo de Alpargatas, justificando un anunciado recorte salarial que llegará hasta el 20 por ciento. Mientras el Gobierno toma distancia tanto de la propuesta como de su responsabilidad para definir el tema, los gremios buscan articular una estrategia para resistir el embate contra sus convenios colectivos.
La diputada frepasista y dirigente de las azafatas Alicia Castro intentó explicar con la teoría de la rana hervida la supuesta táctica del Gobierno para avalar un plan poco ventajoso para Aerolíneas eludiendo la oposición sindical. �Si arrojan la rana al agua hirviendo, huye. Pero si le suben la temperatura lentamente, no se resiste y termina cocinada.� Para la legisladora esta figura ilustraría cómo la dupla Gobierno-Sepi hizo trascender hace un par de meses el presunto programa de salvataje que ahora dio a conocer oficialmente desde España.
Para los trabajadores el punto más urticante del plan es la intención de recortar sueldos, promover una reducción de personal vía retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas y la flexibilización de los convenios. Para la Sepi, principal accionista de la compañía, se trata sólo de una de las varias vías para reducir costos por un total de 140 millones de pesos, aunque de importancia central.
En la sinopsis que los directivos de Aerolíneas distribuyeron ayer entre los gremios, �el exceso de recursos (humanos) y baja productividad� figura como uno de los males que llevaron a la compañía a su crisis actual. �Las rigideces en los convenios afectan la productividad en áreas clave, así como los costos salariales unitarios no competitivos�, reza otro párrafo.
Los otros aspectos del programa español generan dudas, ya que, a juicio de los gremios, no está suficientemente precisado el plan operativo, que podría ser �académicamente correcto�. Por ahora hay reparos pero no una oposición de cuajo al programa detallado, que Castro y los diputados aliancistas de la Comisión de Transporte planean someter al análisis de una comisión de expertos a crearse en los próximos días.
Si prosperasen algunas iniciativas parlamentarias en ciernes, el Congreso podría ejercer una fuerte presión sobre el Gobierno para que resuelva sobre la propuesta y el destino de Aerolíneas. Ayer, un grupo multipartidario de diputados presentó un proyecto de resolución reclamando al gobierno argentino que �revise todas las decisiones administrativas que se tomaron desde la privatización�. Complementario a éste, los frepasistas promueven un proyecto de ley para que el Estado recupere el poder de veto que resignó en una de las renegociaciones contractuales con Iberia.
Al Poder Ejecutivo, sin embargo, esta opción poco le interesa. En alguna medida, porque sería un poco extemporánea: las decisiones estratégicas que llevaron a la empresa donde está ya fueron tomadas. Más bien, la prioridad oficial es que el Estado español aporte el dinero que Aerolíneas necesita para seguir operando, compromiso totalmente diluido en el plan difundido por Sepi. Además, cuando el Estado resignó su facultad de vetar decisiones lo hizo a cambio de que Iberia capitalizara la empresa. ¿Cómo podría a esta altura dar marcha atrás con un pacto sellado en 1993?
Honrando su costumbre de derivar todo al análisis de una comisión, el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, encomendó dictaminar sobre aquel plan a un grupo interministerial presidido por el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno. Pero, por si acaso, ayer aclaró desde Estados Unidos que la empresa �no pertenece al gobierno argentino ni al Estado nacional� y que �la última decisión la tiene la Sepi�. Un día antes, el secretario de Transporte admitió ante Página/12 que era muy difícil una solución legal al conflicto, y consideró que el programa difundido en Madrid no es laúltima palabra. Para forzar una negociación política, el Gobierno podría amenazar con promover ante la Justicia algunas de las varias presentaciones por el presunto vaciamiento de la empresa.
| De a poco se abrirá
Fernando de la Rúa evitó ayer pronunciarse acerca del convenio de cielos abiertos que Argentina suscribió con los Estados Unidos y que permitiría a las aerolíneas de ese país volar con frecuencias y tarifas libres a los destinos argentinos, incluyendo la cobertura de rutas de cabotaje. �Debe ser aprobado por el Congreso�, recordó desde Washington, donde el propio Bill Clinton le reclamó por la puesta en marcha del acuerdo. Pero lo que podría entenderse como un límite del presidente argentino a esta exigencia se transformó en una declaración de circunstancia. �Es deseable aumentar las frecuencias para fomentar el turismo�, dijo a renglón seguido. Esa competencia de las compañías norteamericanas podría ser letal para Aerolíneas. |
Frenan plan de radarización
La Justicia anuló el Plan de Radarización de aeropuertos que había impulsado el gobierno de Carlos Menem, en un fallo que �según interpretaron fuentes de Tribunales� dejó �mal parado� al ex ministro de Defensa Jorge Domínguez. El fallo dejó así sin efecto la licitación en la que había resultado favorecida la empresa estadounidense Northrop Grumman Overseas Service Corporation.
La licitación comprendía una erogación por parte del Estado superior a los 185 millones de dólares. Pese a que la decisión es apelable ante la Cámara del fuero, fuentes gubernamentales adelantaron a DyN que el fallo no será apelado, por lo cual dentro de tres días hábiles quedaría firme. La jueza resolvió así una Acción de Amparo �ya había resuelto una medida cautelar frenando la implementación del plan diseñado durante la gestión de Jorge Domínguez al frente de Defensa� presentada por la sucursal argentina de la empresa francesa Thomson CSF y Raytheon Company. De esa manera, quedó sin efecto la licitación con Northrop, empresa asociada a la italiana Alenia, que había resultado adjudicada el 6 de setiembre de 1999, un mes y medio antes de que Fernando de la Rúa ganara las elecciones presidenciales y tres antes de que Menem entregara el poder.
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